Chile se ha distinguido del resto de los países de la región por el desarrollo de instituciones socioeconómicas coherentes y relativamente eficientes. La adopción de esta institucionalidad se produjo en buena parte por el rol jugado en su implementación por los políticos y por los tecnócratas.

Desafortunadamente los mencionados papeles han ido cambiando. Como consecuencia, el afán -por cierto muy loable- del actual gobierno por lograr la aprobación de importantes modificaciones legales en materia económico social, corre el peligro de generar una mezcla de instituciones confusa e ineficiente. Ejemplos de ello son la propuesta de creación de un ente que administre las cotizaciones adicionales del 4 por ciento o la sugerencia -recogida en un principio al parecer con beneplácito por el ministro del Trabajo y Previsión Social- de encargarle al Banco Central el manejo de esos recursos.

El problema que subyace a estos planteamientos es que no contamos con una clara determinación del rol de cada uno de los agentes en la implementación de políticas socioeconómicas óptimas. Jan Tinbergen -primer premio Nobel de Economía- desarrolló, para definir tales papeles en países con democracias representativas y con economías de mercado, una teoría de la política económica. Se desprende de tal teoría que le corresponde a los administradores del poder -léase los políticos- definir, sujetos a las restricciones presupuestarias existentes, los objetivos de política socioeconómica a alcanzar (en el caso de las pensiones, por ejemplo, la tasa de reemplazo). En cambio, es una tarea primordialmente técnica proponer -interactuando con los políticos- los medios más idóneos para alcanzar los fines escogidos.

Esta asignación de labores y la correspondiente interacción de agentes, resultó ser especialmente virtuosa durante los gobiernos de la Concertación. Ella no impidió que se modificaran algunos objetivos, especialmente de política social, y tuvo como consecuencia el perfeccionamiento de la institucionalidad heredada y, junto con ello, se tradujo en tasas espectaculares de crecimiento económico y de reducción de la pobreza.

Sin embargo, es un hecho que últimamente el papel de los tecnócratas en el diseño de las políticas públicas ha perdido relevancia y eso se está traduciendo en un notorio empobrecimiento de la calidad de las mismas. Nada ni nadie es infalible, pero me cuesta creer que a nivel técnico puedan surgir planteamientos tan poco felices como el engendro de ente que se ha propuesto para que administre los aportes previsionales adicionales del 4 por ciento. Y para qué hablar de la proposición de que esos aportes los gestione el Banco Central, la cual -por el evidente conflicto de interés que generaría- jamás debiera siquiera haber llegado a la luz pública.