SEÑOR DIRECTOR:

Este mes se cumple un año desde que la nueva Ley de Migraciones y su reglamento comenzó a regir. Hemos visto algunos avances positivos, pero sigue quedando una deuda gigante: los tiempos de espera para obtener prórrogas de visas, certificados de permanencias definitivas o incluso de refugio son alarmantes.

No es exagerado afirmar que nuestro sistema de trámites migratorios tiene los tiempos de espera más altos de la región.

Hablamos de personas que deben esperar dos o tres años para recibir respuesta; dos o tres años con el RUT vencido, lo que puede generar dificultades para hacer trámites bancarios, en notarías, cambiarse de compañía telefónica o, en el caso de algunos extranjeros, ser representantes legales de su empresa.

Y el problema no son solo los excesivos retrasos, sino que muchas veces las respuestas que se obtienen son rechazos infundados o exigencias sin justificación de presentar nuevamente documentos que ya habían sido entregados correctamente.

Esta situación ha llevado a muchos extranjeros a presentar acciones judiciales, ya sea de protección o amparo, ya que pareciera ser la única forma de avanzar en los procesos migratorios. Nuestro estudio jurídico ha presentado cientos de recursos, con resultados mayoritariamente positivos. No queremos que acudir a la justicia se convierta en la norma.

La nueva Ley de Migraciones es definitivamente un avance, pero no suficiente. Hemos visto compromiso de la actual autoridad migratoria al dictar resoluciones de trámites que quedaron en el tintero de la administración anterior, pero se necesita más que compromiso para destrabar un sistema tan colapsado. Si queremos tener una migración ordenada y regulada, debemos contar con un sistema eficiente, que permita a todos quienes cumplen con los requisitos tener sus papeles al día. Debemos disponer de los recursos monetarios y humanos necesarios para terminar con este cuello de botella.

Soledad Torres

Abogada