Las palabras de Donald Trump en su última alocución nacional del 16 de julio son de tal relevancia estratégica que se hace difícil sopesarlas con cuidado. Partamos con lo elemental: atribuyó a China intentos de influir en las elecciones presidenciales de su país, lo que, sumado a la serie de tensiones con Beijing durante su segundo mandato, vuelve a posicionar la competencia sino-estadounidense en primera plana de la política internacional. En una aproximación inicial, el análisis de la acusación se sitúa, a mi juicio, en dos planos superpuestos.

El primero evidentemente es el geopolítico, donde las esferas de competencia han tendido a ampliarse con el tiempo, en una suerte de ejercicio sumativo. A la tensión por disputas comerciales, han ido agregándose conflictos en el desarrollo de tecnología, vigilancia sobre plataformas digitales, acceso a recursos críticos, o medidas coactivas en formato de sanciones económicas. Ahora se ha integrado la dimensión de legitimidad interna de los propios Estados Unidos. Por cierto, no hay que caer en la ingenuidad de suponer que las grandes potencias no tienen intereses en ciertos resultados electorales, pero no parece que sea equivalente decir que un actor busca influir en la discusión pública, que decir que un actor busca modificar materialmente el resultado electoral. Trump no hace esa diferencia, generando entonces que antecedentes ambiguos o inexistentes se transformen en una acusación imaginariamente factual de enorme gravedad. ¿Cuál es la implicancia de todo esto?

Desde hace un buen tiempo, la literatura y comentarios sobre la relación bilateral Washington-Beijing han hablado de una perspectiva de securitización para entender la relación entre las dos potencias (proceso a partir del cual los actores conciben temas políticos normales e incluso triviales como amenazas de seguridad existencial). Este es el prisma a partir del cual cabe leer las discusiones sobre restricción de Tik Tok, las suspicacias en torno a la tecnología de 5G por proveedores chinos, o incluso el famoso cable de fibra óptica en la que Chile se vio involucrado. El gobierno de Trump ha enmarcado dichas disputas como riesgos en contra del mismo régimen político estadounidense.

Por otro lado, la acusación también cumple una función interna. A pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, Trump vuelve a posicionar uno de los elementos centrales de su identidad y plataforma política: la idea de que el sistema electoral estadounidense es vulnerable, que existen enemigos externos dispuestos a intervenir (en el pasado fue Rusia, ahora China) y que lo único que separa la legitimidad del proceso eleccionario de la cooptación por parte de sus adversarios son reformas que hagan el procedimiento más restrictivo, erosionando de paso la participación de los grupos minoritarios más vulnerables en Estados Unidos.

Desde el punto de vista de la pura evaluación política, esta estrategia tiene sentidos múltiples. Desde luego, permite desplazar la discusión del ámbito de la economía hacia el de seguridad nacional, pero también consolidar los argumentos que buscan reformas en el voto por correo, tópico por donde corre una hebra que conecta temas como el de identificación electoral con los requisitos de ciudadanía. Además, es plausible que busque construir una narrativa previa para explicar una eventual derrota republicana.

Tomado en conjunto, estas dos trayectorias representan riesgos evidentes. A nivel interno, exterioriza un panorama que anticipa que las elecciones de noviembre ocurrirán bajo suspicacias de manipulación, entregando entonces incentivos para reformas en los procedimientos electorales de último minuto o, peor aún, para que algunos candidatos no reconozcan su derrota amparándose en las acusaciones del propio presidente. A riesgo de sonar hiperbólico, esta lógica perfectamente puede trasladarse a la elección presidencial de 2028, incluyendo la posibilidad de que Trump se presente encubiertamente como candidato (siendo, por ejemplo, candidato a vicepresidente en una papeleta donde el candidato presidencial es una figura decorativa, siguiendo un mecanismo que, paradójicamente, fue ocupado por Rusia en la elección de Medvedev en 2008); o lisa y llanamente, apostando por violar la Constitución.

A nivel internacional, la acusación complejiza una relación ya extremadamente problemática, atrayendo a China como causal explicativa del funcionamiento electoral de los Estados Unidos y como origen de lo que, conspirativamente, se calificará como fraude electoral. Esto no hace más que deteriorar una relación que se encuentra inserta en una competencia global, pero que además se ve contaminada por las posiciones diametralmente opuestas que Washington y Beijing tienen sobre una serie de temas, que van desde el conflicto en Medio Oriente, Ucrania, el canal de Panamá, el estatus del Mar del Sur de China, las Tierras Raras y la Inteligencia Artificial, sólo por mencionar alguno de los más relevantes. No por nada, la famosa idea de Graham Allison sobre la trampa de Tucídides ha venido siendo comentario obligado de distintos analistas para darle sustento teórico a lo que se observa en la relación entre las dos principales potencias del mundo. Lo que se ha querido evitar es discutir en serio la idea que la trampa deje de ser un recurso teórico, y pase a ser, con los ingredientes antes descritos, en un escenario inevitable y definitorio de la política mundial de los próximos años.

Por Guido Larson, Facultad de Gobierno UDD