La reciente reforma aprobada por el Parlamento en El Salvador, que habilita la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, es una señal clara del modo en que las democracias están siendo erosionadas desde dentro. Hoy, su colapso no ocurre por golpes militares, sino por líderes electos que, amparados en su popularidad, impulsan reformas que vacían de contenido las instituciones, aunque conserven su fachada formal.

Bukele está escribiendo un manual que otros líderes autoritarios ya han seguido —o querrán seguir— y que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt describen con precisión en su libro “Cómo mueren las democracias”: cooptar el Poder Judicial, debilitar contrapesos institucionales, manipular reglas electorales, restringir la competencia política, reducir la independencia de los medios, achicar el espacio cívico. Todo, envuelto en una retórica populista que se presenta como “voluntad del pueblo”.

La alta aprobación de Bukele puede hacer que su concentración de poder no parezca alarmante hoy. Pero llegará el momento en que los salvadoreños “insatisfechos” quieran explorar otras opciones y se enfrentarán a una jaula institucional cerrada desde dentro: sin pluralismo, sin alternancia, sin libertades reales.

La democracia no es perfecta, pero se basa en el control popular de las decisiones públicas y en la igualdad política, expresada en dimensiones como la representación, la participación, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (IDEA Internacional, 2025). Aun así, el informe Global State of Democracy de 2023 reportó más retrocesos (47 %) que avances (31 %) en estos ámbitos, con 82 Estados mostrando señales de deterioro. Latinoamérica no es la excepción.

En Chile, la reciente Encuesta de Democracia UDP mostró que un 68 % de los encuestados sigue valorando la democracia como el mejor sistema de gobierno, pero un 53 % está insatisfecho con su funcionamiento (aunque esta cifra bajó 16 puntos desde 2024). Esta tensión entre el ideal democrático y su experiencia cotidiana alimenta una frustración cívica. Lo más inquietante: un 50% cree que un régimen autoritario podría enfrentar mejores problemas como la delincuencia. Una advertencia clara, y también un llamado a la memoria del país.

Las democracias deben responder eficazmente a las demandas ciudadanas, pero ese anhelo no puede ser excusa para debilitar las reglas del juego ni restringir derechos. Para revertir las derivas autoritarias, Levitsky y Ziblatt advierten que es clave defender activamente las normas democráticas, fortalecer instituciones y construir alianzas políticas que antepongan el bien común al interés partidista.

Solo una ciudadanía vigilante y un compromiso ético con la democracia pueden frenar este deterioro. Lo que alguna vez pareció lejano —como la crisis institucional en Estados Unidos— hoy se repite más cerca de lo que creemos, muchas veces bajo un barniz legal que hace aún más difícil detectarlo y resistirlo.

Por Alejandra Sepúlveda, gta. Proyecto Integridad Electoral y Género (RLAC)-IDEA INTERNACIONAL