La megarreforma es la primera reforma tributaria desde el retorno la democracia que se aprueba por un solo voto en el Senado. El día de hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldará la mayoría de las modificaciones que el Senado introdujo, con lo que la suerte del proyecto quedará echada, salvo por algunos artículos de dudosa constitucionalidad.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de alcanzar un acuerdo con una parte sustantiva de la oposición. Al contar con mayoría parlamentaria, una negociación probablemente hubiese mantenido en pie el 70% de sus ideas, asegurando una amplia aprobación que hubiese dotado de estabilidad de largo plazo a la reforma. En cambio, optó por imponer el 100% de su agenda, apoyándose en una frágil mayoría de la mitad más un voto.

El resultado es una reforma tributaria que avanza precisamente en la dirección opuesta a lo que el país necesita.

En primer lugar, cuando los países crecen, la carga tributaria tiende a subir. Los países más desarrollados requieren un Estado más fuerte para proveer pensiones, educación y salud de calidad; realizar inversiones públicas que habilitan la iniciativa privada; y fomentar una economía competitiva mediante políticas como el incentivo a la investigación y desarrollo. Chile no ha seguido ese camino. Aunque su PIB per cápita se duplicó en los últimos 30 años, la carga tributaria se ha mantenido constante. En ese período, la única reforma tributaria que recaudó de manera significativa fue la de 2014.

Las necesidades crecientes se han ido financiando, entonces, a costa de un mayor déficit fiscal, acumulando una deuda pública de alrededor de 40 puntos de PIB en menos de 20 años. En el futuro, el gasto público como proporción del PIB seguirá creciendo. Esto no depende de los deseos del gobierno de turno -la administración actual ya desechó su promesa de hacer un fuerte ajuste de gasto en 2026-, sino de presiones objetivas: el envejecimiento de la población empuja el gasto en salud, pensiones y cuidados, entre otros.

En segundo lugar, Chile, uno de los países más desiguales dentro de la región más desigual del mundo, no debiese desperdiciar la posibilidad de utilizar su sistema tributario para corregir estas inequidades. A partir de datos administrativos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda, sabemos que un ciudadano con ingreso mediano ($680.000) enfrenta una carga tributaria más alta que el 0,1% de mayores ingresos, debido al peso desproporcionado del IVA en nuestro sistema.

El resultado de la megarreforma tributaria es profundizar los problemas que arrastra hace tiempo nuestro sistema tributario. Su aprobación por la mitad más un voto, fruto de una correlación electoral que se construyó más sobre promesas en el plano de la seguridad pública que en el de la economía, augura que tarde o temprano (ojalá más temprano que tarde) volveremos a discutir sobre impuestos, carga tributaria y progresividad.

Por eso, esta discusión no termina con esta votación. Solo queda postergada. El horizonte nos depara una nueva reforma tributaria.

Por Nicolás Bohme, Investigador OPES y ex Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda