Un sistema político no fracasa únicamente cuando se vuelve violento; fracasa cuando se vuelve incapaz de procesar el desacuerdo para transformarlo en normas que ordenen la convivencia.

La política chilena enfrenta hoy un fenómeno estructural que dejó de ser una simple anomalía electoral para transformarse en el principal freno de mano de nuestra economía y cohesión social: la hiper fragmentación del Congreso y la progresiva disolución del centro moderado.

La discusión sobre la viabilidad de Chile se ha vuelto un ejercicio pendular y desgastante. Por un lado, la teoría política y los gremios económicos insisten en la urgencia de recuperar la histórica política de acuerdos. Pero, en el otro lado, la realidad nos muestra un Legislativo atomizado, donde la democracia representativa ha mutado hacia una “democracia de audiencias”. En este nuevo escenario, la búsqueda de consensos ha sido desplazada por la fast-politics: la dictadura del clickbait legislativo, el espectáculo mediático y el afán ilimitado de figuración.

En la oferta pública actual, la sobriedad no paga dividendos porque los algoritmos y la lógica mediática no premian la complejidad ni la moderación. Lo que genera rentabilidad inmediata es el framing del conflicto: elevar el tono, atrincherarse en identidades irreductibles e impulsar herramientas parlamentarias extremas. Estamos en una era de campaña permanente, donde cada trámite legislativo se transforma en un set de televisión o un clip de TikTok diseñado para alimentar cámaras de eco, sin importar si ese discurso destruye el clima de entendimiento que el país necesita para prosperar o si busca resolver el problema de los ciudadanos.

En este escenario, surge una pregunta incómoda: ¿está la actual oposición a la altura de las circunstancias o carece de la densidad estratégica para actuar como un interlocutor válido frente al gobierno? Hoy los acuerdos ya no se construyen sobre un proyecto de país; han sido sustituidos por transacciones coyunturales. La prensa y la televisión dan cuenta de demandas impulsadas más por fracciones que por partidos bien estructurados, y así la narrativa pública es capturada por minorías que utilizan el chantaje de la polarización para imponer su agenda.

El quiebre de los bloques tradicionales derivó en un Congreso habitado por diversas colectividades minúsculas, donde cada parlamentario opera como una marca personal e independiente. Cuando la actividad partidaria abandona los proyectos compartidos para centrarse exclusivamente en la autopromoción del legislador, la ciudadanía recibe mensajes confusos, contradictorios y carentes de horizonte. La consecuencia directa es el colapso de la confianza institucional, reflejado en la encuesta CEP de abril pasado. Tanto los partidos políticos, como el Parlamento tienen mínimos históricos de aprobación.

Cuando se acusa a la oposición de “no dar el ancho” frente a reformas clave —como el proyecto de reconstrucción —, el diagnóstico suele equivocarse. Ese bloque no es monolítico ni decide bloquear deliberadamente al Ejecutivo por mero cálculo obstructivo; en realidad, su mayor debilidad es la ausencia de un centro de gravedad.

Gobernar o hacer oposición exige disciplina, relatos articulados, liderazgos capaces de empeñar la palabra y bancadas dispuestas a acatar compromisos. Sin ese eje ordenador, cualquier intento de entendimiento amplio se diluye en la sala.

En los directorios en los que se toman las decisiones corporativas de las empresas, esta situación se evalúa como una falta de interlocución sólida, que eleva el riesgo país de forma drástica. La incertidumbre ya no responde solo a un sesgo ideológico, sino a la volatilidad de una conducción guiada por estados de ánimo mediáticos y coyunturas de redes sociales. Así, las reglas del juego se vuelven impredecibles.

Chile no saldrá del estancamiento apelando únicamente a la buena voluntad. Exigir consensos en un diseño que premia la dispersión y la polarización es pedirle peras al olmo.

Para recuperar la gobernabilidad y la certeza jurídica se requiere con urgencia una reforma profunda al sistema político que eleve los umbrales de representación, sancione el descuelgue y vuelva a alinear los incentivos de la comunicación política con la responsabilidad institucional.

En un contexto de creciente estridencia, se requiere además que los medios de comunicación prioricen la información veraz, el análisis fundamentado y el respeto por la diversidad de opiniones, lo que implica tomar decisiones editoriales para bajar el volumen de los discursos confrontacionales.

La política del show comunicacional, esa que se enciende al llamado de “luz, cámara y acción” y confunde el hemiciclo con un set de TV, no construye futuro. Urge recuperar el sentido político de esta metáfora: que se encienda la luz en la política y se pase a la acción, para convertir el espectáculo estéril en acuerdos en bien del país.

Por Claudia Miralles Abarca, Gerente Imaginacción Comunicación Estratégica.