Casi 400 palabras tenía la fallida indicación que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, finalmente no ingresó a la discusión de la megarreforma en el marco de la exención de contribuciones a adultos mayores. El titular de Teatinos 120 había anunciado un “acuerdo” con los alcaldes para compensar el 100% de los US$ 70 millones que se dejarán de recibir por contribuciones, pero los jefes comunales lo desmintieron. Ello provocó que no se diera la unanimidad en la sala entre los senadores, y la indicación finalmente no fuera ingresada.

Sin embargo, en esa indicación está el corazón de una discusión que se avecina: el ingreso de un nuevo proyecto de ley con el que Hacienda buscará compensar a los municipios. A cambio, el Ejecutivo pedirá ciertas concesiones a los alcaldes, principalmente en dos ejes. Por un lado, agilizar la entrega de permisos por parte de los municipios para desactivar la “permisología” y atraer inversiones de empresas, y por otro imponer medidas de transparencia a los municipios para contribuir con la integridad y mayor eficiencia en los gastos públicos.

Respecto de la agilización de los permisos, la fallida indicación -a la cual La Tercera tuvo acceso- establece que la entrega de permisos vía Dirección de Obras Municipales (DOM) debería agilizarse en un 30%. A cambio, se les compensaba totalmente bajo la siguiente glosa: “La Tesorería General de la República (TGR) distribuirá los recursos compensatorios de forma tal que cada municipalidad y el Fondo Común Municipal reciban exactamente la proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir por la exención de Impuesto Territorial establecida en el artículo 10 de la presente ley, conforme a las reglas de afectación, distribución y participación del Impuesto Territorial vigentes".

Para cumplir con esta entrega de recursos, la indicación establecía que la TGR no transferirá los recursos si no se cumplían ciertas condiciones por parte de los municipios. Se exigía que “aquellas municipalidades que no acrediten anualmente una disminución de 30% en la tasa de tramitación de los permisos municipales respecto al promedio del período 2023-2025″ no recibirían los ingresos.

Otro requisito, dicho está, apuntaba a mayor transparencia en el uso de recursos municipales. Así, no se compensaría a aquellos municipios “que se encuentren pendientes de entregar la información según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N°21.306″. Esto se refiere a la ley de reajuste a los trabajadores del sector público, que en dicho artículo establece que se envíe mensualmente a la Dirección de Presupuestos la nómina de trabajadores -cualquiera sea la modalidad- indicando remuneraciones, contraprestaciones y fuente de financiamiento, entre otros datos.

A cambio, en la compensación Hacienda establecía que “ninguna municipalidad podrá percibir, como consecuencia de la aplicación de la exención contenida en el artículo 10, rebaja o diferimiento, ingresos totales inferiores a aquellos que habría percibido de no mediar la exención establecida”. Además, se establecía en la indicación que dicha compensación se tomará especialmente en consideración en comunas vulnerables, rurales, territorios aislados.

Otra de las medidas que busca el gobierno es levantar una iniciativa de ley que duerme en el Congreso Nacional. Se trata de una moción sobre integridad municipal de autoría de parlamentarios del Frente Amplio refundida con otra de legisladores tanto de derecha como de izquierda, y que fue impulsada por la administración del exPresidente Gabriel Boric mediante indicaciones y urgencias. La iniciativa busca, entre otras medidas, mayor fiscalización a las subvenciones municipales, control de organizaciones comunitarias que reciben platas públicas, y mayor transparencia.

Desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), confirman a este medio que reactivarán el proyecto: ”Queremos impulsar esta iniciativa y ya estamos trabajando en ese sentido, recogiendo las observaciones de las asociaciones municipales, la Subdere y otros actores relevantes para el proyecto, como el Consejo para la Transparencia".

El asesor técnico de contribuciones de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Demetrio Benito, dice que “la propuesta del gobierno de compensar plenamente a los municipios parece un buen inicio, pues supone un esfuerzo compartido condicionado a mejoras en la gestión alcaldicia, como la reducción de plazos de trámites, y al cumplimiento de transparencia normativa”.

Añade que “si usted es eficiente y transparente, ahorra y ese ahorro lo reinvierte en sus vecinos. Los datos son claritos, por ejemplo una comuna del extremo norte aumentó en $1.500 millones su gasto a contrata entre 2024 y 2025, mientras la exención le impactaría en unos $300 millones de ingresos propios, apenas una quinta parte de esa alza".

Previo a que se hablara de la búsqueda de este nuevo acuerdo, Hacienda ya había comprometido ayudar en la fiscalización del pago de patentes comerciales y derechos de aseo, pero algunos alcaldes -como el de La Reina, José Manuel Palacios- han dicho que ello no beneficiará por igual a todas las comunas.

Hacienda espera abordar la conversación con los alcaldes y en paralelo el líder de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, espera impulsar una mesa de trabajo para ver otra forma de compensación: la creación de un nuevo fondo que cobrará un tercio del 1% de lo recaudará la invariabilidad tributaria para dárselo a municipios que cumplan con ciertas características, como capitales regionales o zonas turísticas.