“Cuando llegué a Japón nada me quedaba bien: las tallas eran diminutas y todo parecía diseñado para cuerpos extremadamente delgados”, recuerda Paula Espinoza, chilena que vive en Tokio hace más de dos años. “Incluso vi chicas jóvenes desmayarse en el metro. Aquí se habla del cuerpo ajeno sin tapujos. No encajar en ese estándar fue duro, y ver que incluso en la televisión todos encajan en el mismo molde me hizo comprender lo profunda que es la presión social por la delgadez”.

Su testimonio no es aislado: es el reflejo de una cultura obsesionada con el control del cuerpo. Y esa obsesión no solo vive en la moda o la publicidad, sino también en la política pública. La semana pasada un amigo me envió por Instagram una noticia que aseguraba que Japón multa a personas gordas. Como suele pasar en redes, el titular buscaba impacto inmediato. Al investigar descubrí que la realidad era distinta, pero no menos inquietante: desde 2008 existe la llamada “ley metabo”, conocida popularmente como “ley de la cintura”.

La normativa obliga a medir la circunferencia abdominal de todas las personas entre 40 y 74 años. Quienes superan los límites oficiales no reciben multas directas, pero son derivados a programas de consejería y vigilancia. La presión recae en empresas y gobiernos locales: si no logran que al menos el 65 % del personal cumpla con los chequeos y reduzca centímetros, enfrentan sanciones millonarias. En la práctica, la cintura de cada trabajador se convierte en un riesgo financiero. Su cuerpo deja de ser solo suyo: es un asunto económico para la empresa.

A primera vista podría parecer una estrategia innovadora de salud pública. Sin embargo, ¿qué se está previniendo en realidad? Japón presenta una de las tasas más bajas de “obesidad” según el IMC, un indicador con escaso sustento científico. Ni el IMC ni los centímetros de cintura determinan la salud de manera determinante. Lo que se promueve aquí no es prevención, sino la imposición de un molde corporal obligatorio.

La evidencia científica es clara: el estigma de peso y la vigilancia constante no generan conductas saludables. Al contrario, aumentan la insatisfacción corporal, fomentan conductas alimentarias de riesgo y elevan las probabilidades de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Japón ya muestra este efecto. Las tasas de TCA son más altas entre mujeres jóvenes, un patrón que se repite en sociedades con fuerte presión estética. A la exigencia académica y laboral se suma un entorno donde opinar sobre el cuerpo ajeno es normal y donde la ropa pareciera estar diseñada solo para un tipo de figura.

El mensaje implícito de la ley es devastador: si tu cintura no cumple la norma, no solo eres “un problema” para ti mismo: también para tu empresa. Bajo esa lógica, lo más probable no es que mejores tu salud, sino que entres en dietas restrictivas, ejercicio compulsivo y miedo permanente a “fallar”.

El mayor peligro es que esta política se copie en otros países. Adoptarla significaría institucionalizar la gordofobia, normalizar la vigilancia corporal y desviar la atención de lo que realmente sostiene la salud: acceso a alimentos nutritivos, descanso adecuado, espacios seguros para moverse y apoyo en salud mental.

Reducir la salud a centímetros de cintura no solo es simplista: es peligroso. Este enfoque perpetúa la discriminación y distorsiona diagnósticos, porque supone que los cuerpos grandes están automáticamente enfermos y los delgados, sanos, ignorando la realidad clínica de cada individuo.

La evidencia muestra que los enfoques de salud no centrados en el peso logran mejoras reales en parámetros cardiometabólicos y en la calidad de vida de personas de todos los tamaños. Las enfermedades crónicas no se previenen con cintas métricas, sino con políticas que reduzcan desigualdades y con entornos que permitan moverse con placer, alimentarse con dignidad y cuidar la salud mental sin que eso dependa de privilegios económicos.

La llamada “ley de la cintura” japonesa es un recordatorio incómodo: cuando los gobiernos priorizan la vigilancia del cuerpo sobre el bienestar integral, el resultado no es prevención, sino control. La salud no se mide en centímetros. Se mide en justicia. No se trata de achicar tallas, sino de ampliar derechos.