Por Paz RubioBancada de RN solicita a Contraloría dirigir una investigación especial tras suspensión errónea de PGU a 13 mil adultos mayores
El error, según el IPS, se debió a que la Policía de Investigaciones habría entregado datos errados que daban cuenta de que había beneficiarios que no cumplieron con el requisito de no permanecer fuera del país por más de 180 días, lo que en algunos casos resultó no ser cierto y derivó en una suspensión errónea del beneficio.

La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó a la Contraloría General de la República que dirija una investigación especial para determinar las responsabilidades en el Instituto de Previsión Social y en y en los mecanismos de coordinación de la Policía de Investigaciones tras la suspensión errónea del beneficio de la Pensión Garantizada Universal a 13 mil adultos mayores entre fines de 2025 e inicios de 2026.
Desde el IPS han explicado que la suspensión que existe proceso que se realiza anualmente, en el que se verifica si los beneficiarios cumplen con los requisitos para acceder a ella. En esta oportunidad, el error se debió a que la Policía de Investigaciones habría entregado datos errados que, según el organismo, daban cuenta de que había beneficiarios que no cumplieron con el requisito de no permanecer fuera del país por más de 180 días, lo que en algunos casos resultó no ser cierto y derivó en una suspensión errónea del beneficio.
Los diputados RN acusaron que el IPS trasladó indebidamente a los beneficiarios la responsabilidad de revertir esta suspensión, al instarlos a acudir presencialmente a Chile Atiende para actualizar la información. A juicio de los legisladores, esto vulnera principios básicos del derecho administrativo.
También criticaron que las notificaciones que se hicieron a los usuarios impidieron a los adultos mayores a ejercer su defensa en un plazo razonable, debido a que varias de ellas se hicieron a fines de diciembre del año pasado, con efectos que se notarían el 1 de enero de 2026.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional advierten que estamos frente a una situación de carácter masivo, originada en el uso de información presuntamente errónea o desactualizada, que dejó sin un beneficio esencial para su subsistencia a miles de personas mayores. Por ello, solicitaron formalmente a la Contralora General de la República auditar el actuar del IPS y los mecanismos de coordinación con la PDI¨*, con el objeto de establecer responsabilidades y resguardar los derechos de los adultos mayores afectados.
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