La bancada del PPD se hizo parte en la causa que lleva adelante el fiscal Marcos Emilfork y en la que se indaga el uso de los recursos públicos del programa Ascar (Aseguramiento de la Calidad de las Residencias), destinados al cuidado de los niños del Sename.

A través de un escrito firmado por el jefe de los diputados PPD, Ricardo Celis, la colectividad presentó una querella por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

El libelo -declarado admisible por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago- se suma a la ofensiva judicial que senadores y diputados de Chile Vamos también realizaron mediante querella por los mismos delitos. Sin embargo, a diferencia del escrito que lidera la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe -en el que se pide que se cite a declarar a los exministros Javiera Blanco y José Antonio Gómez-, la querella del PPD apunta a la presunta responsabilidad de las exautoridades de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera: la exministra Patricia Pérez y el exsubsecretario Juan Ignacio Piña.

De hecho, en el segundo otrosí de la querella, el diputado Celis solicita que ambos sean citados a declarar. Esto, pese a que las dos exautoridades ya prestaron sus testimonios ante el fiscal de la causa.

El tribunal dejó esa definición en manos del Ministerio Público.