Cámara Baja designa oficialmente a los 12 expertos del Consejo Constitucional

Por 123 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó a los 12 expertos que designó para formar parte del futuro Consejo Constitucional.

Los nombres -que necesitaban un quórum de 4/7, es decir, 89 parlamentarios- serán parte de la Comisión Experta que elaborará un anteproyecto de nueva Constitución para el órgano redactor y que estará conformado por 24 personas: 12 comisionados de la Cámara Baja y otros 12 del Senado.

La nómina completa se viene trabajando hace días por parte de los partidos y no ha sido un asunto fácil de resolver, sobre todo porque implica alianzas políticas para conseguir los cupos en disputa.

Y si bien tras intensas tratativas y gestiones hasta última hora las fuerzas políticas lograron destrabar el lunes los nombres de quienes designaría la Cámara de Diputados, aún faltan los 12 comisionados de la Cámara Alta.

Los expertos ratificados por la Cámara Baja -de los cuales nueve adelantó La Tercera Sábado- fueron acordados por partidos oficialistas y de oposición. La lista, en concreto, se armó en base al sistema de patrocinios y, tal como establece la Constitución vigente, cumple con el requisito de paridad: seis mujeres y seis hombres.

Desde Renovación Nacional (RN), uno de los nombres seleccionados fue Catalina Salem (independiente). La abogada constitucionalista es académica de la Universidad del Desarrollo y parte del Centro de Justicia Constitucional de esa casa de estudios. Su especialidad ha sido el derecho constitucional, disciplina en la cual tiene un magíster y es candidata a doctora en Derecho. Según quienes la conocen, ha sido discípula de la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña.

El otro elegido por RN fue Juan José Ossa, quien se desempeñó como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, abogado de la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster en la universidad británica London School of Economics. Ha sido profesor de derecho civil, director del Sernac, subsecretario de Justicia y subsecretario Segpres.

Por la Unión Demócrata Independiente (UDI), en tanto, va Natalia González. La abogada de la Pontificia Universidad Católica es consejera de políticas públicas de Libertad y Desarrollo. Tiene un máster en la Universidad de Chicago y fue directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. Actualmente se desempeña como consejera del Consejo para la Transparencia. Fue directora del área constitucional de LyD y desde ahí fue una de las voceras de ese centro de estudios durante la Convención Constitucional.

El segundo cupo gremialista se lo llevó Máximo Pavez, exsubsecretario Segpres en el segundo gobierno de Piñera. Es académico de la Universidad Católica y hace clases sobre materias vinculadas al derecho público. Durante su paso por la Segpres fue la contraparte administrativa de la Convención Constitucional. Para el Acuerdo por Chile fue parte de los negociadores de la UDI y participó de la redacción de la reforma constitucional.

El cupo del Partido Republicano lo ocupará Carlos Frontaura. El abogado de la UC es profesor de esa facultad y además ha sido secretario académico, vicedecano y decano. En la actualidad es el director del departamento de Fundamentos del Derecho. Sus clases son sobre materias vinculadas a historia del derecho, derechos humanos, derecho y sociedad y derecho y familia. También se desempeña como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en un cupo designado por el Senado. Es cercano al Partido Republicano y ha sido parte de la Fundación Jaime Guzmán.

Por parte del oficialismo, el Frente Amplio optó por Domingo Lovera, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales. Es militante de Revolución Democrática, con un máster en derecho de la Universidad de Columbia y doctor en derecho de Osgoode Hall Law School en Canadá. Actualmente, es director e investigador del programa de Derecho Público de la UDP y asesoró al Frente Amplio en la negociación del Acuerdo por Chile, además de ayudar en su redacción.

La otra elegida fue Antonia Rivas, abogada experta en derecho indígena, profesora de la Universidad Diego Portales y exasesora de la exconvencional rapanui, Tiara Aguilera. Es doctora en Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Berkeley y fue investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR.

La bancada del PPD inscribió a Verónica Undurraga, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. En esa misma casa de estudios obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y trabajó como profesora hasta el año 2010. Actualmente es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez y también se desempeña como Jueza de ética del Colegio de Abogados de Chile. Además, es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y miembro del directorio de Fundación Pro Bono, del Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política (Proyecto de Yale Law School) y de la Red Latinoamericana de Académicos del Derecho (Red Alas). El PPD inicialmente había optado por el abogado constitucionalista José Antonio Ramírez. Sin embargo, debido a la obligación de cumplir con la paridad, se debió ajustar la nominación.

Como comisionado del Partido Comunista (PC), en tanto, está el sociólogo UC y académico de la Universidad Alberto Hurtado Alexis Cortés. Es profesor del Departamento de Sociología de esa casa de estudios, donde también se desempeñó como director del Magíster en Sociología y vicepresidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile. Es doctor en sociología por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y máster en sociología.

La elegida de la bancada de la Democracia Cristiana (DC) fue Paz Anastasiadis, exseremi de Justicia de la Región de Valparaíso en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez y se ha desempeñado como asesora legislativa de la bancada de diputados falangista. Además, integró el equipo técnico que redactó la reforma constitucional sobre el Acuerdo por Chile y fue candidata a convencional.

Desde la bancada que reúne a los exmilitantes del Partido de la Gente (PDG), más el comité de independientes, algunas firmas de RN y otros independientes, inscribieron a la abogada constitucionalista y académica de la Universidad de los Andes, Marcela Peredo. Es doctora en Derecho, máster en Investigación Jurídica de la Universidad de los Andes y máster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, de la UC.

El último cupo, correspondiente al Partido Socialista (PS), quedó para el abogado administrativista Flavio Quezada. Es doctor en derecho de la Universidad de Barcelona, máster en derecho público de la Universidad de Bordeaux y profesor de derecho en la Universidad de Valparaíso.