CIDH expresa preocupación por decisión de la Suprema de dar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad

Corte Suprema agresor
Fachada de la Corte Suprema.

El organismo señaló, además, que confía en que el máximo tribunal realice el control de convencionalidad que está llamado a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos "que aplican a graves violaciones a los derechos humanos".


Luego de que ayer un grupo de autoridades de la oposición, lideradas por José Miguel Insulza, hiciera llegar un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con antecedentes sobre los fallos dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema, donde se dio libertad condicional a siete uniformados en retiro, que se cumplían condenas por crímenes de lesa humanidad, el organismo manifestó su preocupación por lo ocurrido.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Tercera, y que fue enviado además por representantes de la ex Nueva Mayoría, “la situación referida constituye una plausible situación de alerta, ya que se observa que el máximo tribunal de justicia chileno podría estar propiciando, mediante sus actos recientes, la impunidad de estos graves crímenes, a través de la concesión indebida de beneficios durante la ejecución de la pena de los condenados por graves crímenes contra la humanidad, infringiendo así la obligación de sancionar estos horribles crímenes”.

Luego de recibir los antecedentes, la CIDH indicó que “si bien aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos,  y la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

“Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad”, agregan.

Además, aseguraron que de acuerdo a los estándares internacionales, en casos de delitos de lesa humanidad se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares. Por ejemplo, que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad; que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.

Por esto, aplicar medidas contrarias a lo anterior, puede llevar a la “impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar”.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

Si bien en sectores de la oposición vieron con buenos ojos el comunicado del organismo internacional, lo cierto es que la ofensiva abrió un debate sobre si los senadores que firmaron el escrito a la CIDH deberán inhabilitarse o no en caso de que prospere la acusación constitucional impulsada desde la Cámara de Diputado contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller, Manuel Antonio Valderrama, de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Esto, porque en caso de pasar su trámite por la Cámara Baja, son los senadores quienes deben actuar de jueces para resolver si se acoge  la destitución de los ministros.

La acusación constitucional está siendo redactada por abogados de la oposición y hace algunas semanas fue visada por los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, a excepción de la DC.

Sin embargo, desde el comienzo la directiva del PPD que lidera Heraldo Muñoz -promotor del escrito enviado a la CIDH- tomó distancia de la acción. La acusación también genera reticencias en otros senadores de la oposición.

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