La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de iniciar medidas de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), incluyendo embargos de propiedades a aquellas personas que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación, volvió a tensionar el debate en torno a la medida.

Fue a través de redes sociales que diversas personas denunciaron el cobro en sus cuentas bancarias del crédito que tiene a más de 1,2 millones de deudores.

Ante esto, diputadas del Frente Amplio -que han impulsado una propuesta para modificar los procedimientos de cobro- criticaron la medida y llamaron al gobierno a tramitar con urgencia la iniciativa que busca incorporar criterios de capacidad de pago antes de avanzar en acciones judiciales.

La diputada Emilia Schneider (FA) aseguró este sábado haber recibido “cientos de testimonios de situaciones abusivas” asociadas al proceso de cobro.

“Por eso, presentamos junto a Constanza Schonhaut y Gael Yeomans un proyecto de ley para hacer más humano este proceso y aliviar la carga”, señaló la parlamentaria a través de X.

“Sabemos que el CAE y los créditos para estudiar hay que terminarlos, condonarlos y crear un nuevo mecanismo que garantice el derecho a la educación. Pero ante la necedad y falta de empatía del gobierno, debemos encontrar una solución”, agregó a la vez que llamó a poner urgencia al proyecto presentado por su bancada.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se adhirió a los cuestionamientos y lanzó un dardo en contra del Ejecutivo.

“Las denuncias de que la Tesorería está sacando todo el dinero de las cuentas de personas con deuda del CAE son gravísimas. La misma semana en que rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este gobierno no solo es evidente: es inmoral”, lanzó.

“Estamos siguiendo muy de cerca el tema. Nuestras diputadas han fiscalizado y presentado proyectos. Y estamos evaluando nuevas acciones de protección a los deudores”, agregó Martínez contactada por La Tercera.

Las declaraciones se producen luego de que la TGR informara que comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas deudoras del CAE que no han regularizado su situación. Según la entidad, las primeras acciones ya se realizaron en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y se espera que se extiendan al resto del país durante los próximos días.

La Tesorería advirtió que, si a pesar del embargo la persona deudora no inicia la regularización de su deuda, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, según la normativa vigente.

Adicionalmente a los embargos, la estrategia contempla otras herramientas de cobro, como la retención de activos financieros sujetos a cobranza.

Fue en marzo que la administración del Presidente José Antonio Kast endureció el tono en torno a la regularización de las deudas del CAE al advertir una fuerte alza en las recaudaciones por estos pagos, pasando de $30 millones diarios a superar los $200 millones por jornada durante ese mes, según cifras entregadas por el Ejecutivo.

Sobre el proyecto

Fue en abril cuando las diputadas Schneider, Schonhaut y Yeomans presentaron una propuesta que busca modificar la Ley N° 20.027, que regula el CAE a través de la incorporación de nuevos criterios para los procesos de cobranza.

La norma busca que se considere la capacidad económica de la persona deudora, incluyendo sus ingresos y gastos, al momento de ejecutar cobros.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es impedir embargos a quienes tengan ingresos inferiores a $1,5 millones mensuales. Además, la propuesta apunta a que los procedimientos de cobro no se limiten únicamente al monto adeudado, sino que incorporen criterios de proporcionalidad y realidad socioeconómica.

Asimismo, las parlamentarias solicitaron al Ejecutivo patrocinar la iniciativa, con el fin de acelerar su tramitación en el Congreso y profundizarlo.