La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó la mañana de este miércoles para analizar el proyecto “antifiltraciones”, relativo a la protección de antecedentes en procesos penales conocido como Ley Mordaza 2.0.

El proyecto es impulsado por los cinco senadores integrantes de la comisión, el PPD Pedro Araya, Luz Ebensperguer de la UDI, Paulina Núñez de RN, el Evópoli Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti del PS.

En junio de 2025 se conoció la iniciativa que castiga en el ámbito penal a quienes “difundan” investigaciones penales y ponen como ejemplo coberturas que ha hecho a la prensa a casos de corrupción que han afectado al mundo político.

En agosto, en tanto, tras recoger una serie de recomendaciones realizadas durante las audiencias públicas, la comisión aprobó en general la iniciativa.

A la sesión de este miércoles, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos (UCOD) de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, asistió en representación del Ministerio Público.

En el debate, el senador Pedro Araya reiteró que este proyecto buscaba corregir un problema que se iba a presentar al momento de aplicar la pena del artículo 226 J del Código Procesal Penal, pues la norma vigente considera sanciones más altas para los civiles que para los funcionarios públicos.

La senadora Ebensperguer, en tanto, explicó que al discutir el “artículo más controvertido del proyecto”, se hace necesario que quede claro que lo que se busaca es “sancionar a cualquiera que teniendo un acceso a la carpeta, por ser fiscal, por ser abogado, por ser imputado o querellante, la difunde o difunde parte o información relativa a la investigación”.

En la sesión, el Ministerio Público propuso enmiendas a la redacción del texto aprobado en general en agosto.

Ignacio Castillo advirtió que la filtración de antecedentes de una carpeta investigativa “no es exclusiva” de los intervinientes, debido a que hay “muchos actores” con acceso.

En la sesión, también se analizó el proyecto que sanciona la trata de personas con fines de adopción ilegal, incorporando la imprescriptibilidad de este delito y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, asistió como invitada.

La cita se desarrolló en la sala 10 de comisiones del Senado en Valparaíso, la tarde de este miércoles.