Para este lunes 30 de junio fueron convocados los expresidentes de la República, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, para analizar el proyecto refundido – que une 11 iniciativas legales- que modifica la Carta Fundamental para someter a nuevos requisitos el pago de la dieta a los exmandatarios.

De esta manera, las mociones parlamentarias buscan disminuir el pago que se hace a los exjefes de Estado, quienes hoy reciben cerca de 19 millones de pesos en promedio, entre “sueldo” y asignaciones.

Cabe recordar que el 28 de abril del año 2000 se publicó la Ley 19.672, de reforma constitucional que modificó el Artículo 30 de la Constitución, con el fin de establecer el estatuto de los “Ex Presidentes” de la República. Desde entonces, le son aplicables las normas sobre dieta parlamentaria, es decir, perciben una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

De esta forma, es el Senado quien les paga mensualmente esa renta y los gastos de traslación y de funcionamiento de oficinas, conforme a los montos base establecidos para los legisladores.

Cita a los secretarios de la Cámara y el Senado

Asimismo, para este lunes también están citados los secretarios generales de la Cámara de Diputados y del Senado, Miguel Landeros y Raúl Guzmán, respectivamente.

La idea de los diputados es pedirle que aclaren un misterio jurídico que se destapó en el Congreso, ya que esta institución es la que cubre esos gastos: ¿Cuál es la base legal o constitucional para pagar las asignaciones a los expresidentes de la República?

Según temían legisladores de todos los sectores políticos, si el tema no es despejado, se abre una problemática mayor, donde algunos especulan que los exmandatarios Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei podrían verse obligados a restituir los fondos, salvo que exista un acuerdo político amplio que resuelva la encrucijada mediante una interpretación jurídica o, incluso, una ley exprés.

El origen del problema es que si bien desde el año 2000 se pagaban sin problemas estas asignaciones fiscales para financiar oficinas y personal de apoyo a los exmandatarios, en 2020 se aprobó una reforma constitucional post-estallido social, que buscaba reducir los ingresos de altas autoridades y eliminar “privilegios”.

De esa forma, se borró de la Constitución la referencia que sustentaba el pago de las asignaciones a los expresidentes y solo se dejó la dieta (la renta personal que recibe una autoridad).