Desde las 10.30 horas de este martes, se desarrolló una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

En la ocasión, los diputados escucharon la exposición de la defensa del magistrado representado por el abogado Felipe Lizama Allende.

“Hasta el momento, mi representado nunca tuvo la posibilidad de poder rebatir injerencias, conjeturas, pero no hechos", señaló el abogado.

Lizama aseguró que su defendido “no tiene ninguna participación en los hechos que se han imputado”.

La sesión presencial de la instancia que preside la diputada Maite Orsini se desarrolló en la sala Francisco Bulnes Sanfuentes, en el tercer nivel del Congreso Nacional.

La acusación sostiene que el juez faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en dos causas en las que “mantenía vínculos personales relevantes” con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

Además, se le acusa de notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales.

La comisión encargada de informar la procedencia del libelo pretendía escuchar a la defensa la mañana de este martes y votar en otra sesión durante la tarde, sin embargo, optó por suspender la sesión de la tarde y postergar su pronunciamiento.

Así, acordaron sesionar este miércoles 10 de diciembre, entre las 10.30 y las 12.30 horas, y desde las 15.30 hasta las 17.30 horas para recibir toda la prueba presentada por la defensa de Simpertigue en su escrito de contestación y, posteriormente, votar sobre la procedencia de la acusación planteada en contra del ministro de la Suprema.

“Si podemos cumplir con esos plazos, el jueves, entonces, estaríamos votando en la Sala”, planteó la diputada Orsini.

En sus sesiones previas, la comisión escuchó a abogados y profesores de derecho. Además, a representantes de trabajadores judiciales y a la periodista Paulina Toro.

En caso de aprobarse la acusación en el Senado, el juez sería removido y quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.