Despacho de proyecto que suspende cortes de servicios básicos por mora complica al gobierno

Sesión del Senado en que se aprobó el proyecto.

Pese a haber cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa, en el Ejecutivo existen aprensiones con recurrir al TC. La ley fue despachada ayer con 28 votos a favor -5 de Chile Vamos-, ningún rechazo y 10 abstenciones.




Recurrir al Tribunal Constitucional (TC), enviar un veto o promulgar. Esos son los tres caminos que evalúa el gobierno tras el despacho a ley del proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos por mora y posterga el pago de cuentas en medio de la vigencia de la alerta sanitaria para, entre otros clientes, los del 60% más vulnerable.

La aprobación de la iniciativa se dio luego de que durante las distintas etapas de su tramitación desde el Ejecutivo advirtieran que la normativa vulneraba derechos constitucionales, lo que fue reiterado este jueves por el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa.

En ese contexto y, luego de infructuosas gestiones de La Moneda para evitar que parlamentarios de sus filas apoyaran la moción, esta fue ratificada por la sala de la Cámara Alta por 28 votos a favor y 10 abstenciones. Y si bien los respaldos provinieron principalmente de la oposición, también se sumaron los oficialistas de RN Francisco Chahuán, Juan Castro y Manuel José Ossandón, además de los UDI José Miguel Durana y David Sandoval.

En el gobierno reconocen que el tema les complica, porque el no hacer nada al respecto puede interpretarse como avalar una norma que -a su juicio- contraviene el estado de derecho, pero, a la vez, están conscientes de que iniciar una ofensiva en contra de una iniciativa que tiene un alto respaldo en la opinión pública podría significar un costo político importante.

Ese mismo análisis había este jueves en los partidos de la coalición oficialista, donde, si bien compartieron el criterio jurídico del Ejecutivo, la mayoría de sus legisladores estuvo por abstenerse, no registrándose ningún rechazo.

En este escenario, en La Moneda transmitían que era poco probable que fueran ellos los que llevaran el asunto al TC, aunque en las bancadas oficialistas tampoco se mostraron disponibles a impulsar una iniciativa de esas características.

“Si el proyecto adolece de vicios de constitucionalidad deberá ser el gobierno o las empresas quienes deberán concurrir al TC. No creemos que tengamos que ser nosotros los que debamos pagar los costos”, sostuvo el diputado UDI Sergio Bobadilla.

Respecto de la opción de veto, en tanto, en Palacio aseguraban que la decisión se podría justificar en las repercusiones económicas que tendría la medida para las empresas afectadas por la norma, aunque reconocían que sería complejo alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

Otro elemento que sopesaban en el Ejecutivo es un argumento que se tomó este jueves la discusión en sala, principalmente entre legisladores de la centroizquierda, quienes acusaron al gobierno de adoptar una actitud proempresa e ideológica.

“El gobierno le tiene terror a que pasada la pandemia, queden precedentes legales de un Estado con más facultades”, dijo Yasna Provoste (DC), mientras que Alejandro Navarro (PRO) aseguró que el acuerdo al que llegó el Presidente Sebastián Piñera con las empresas de suministros básicos a fines de marzo para no suspender los servicios fue una forma de resolver el problema por “la vía de la amiguitis”.

En ese sentido, desde La Moneda aseguraban que como lo que se defiende en este caso es el derecho de propiedad de las compañías y no atribuciones exclusivas del Mandatario, cualquier acción podría aparecer como un intento por favorecer al mundo empresarial.

De hecho, en la sala del Senado como en el gobierno advirtieron que el tema puede terminar judicializándose si las empresas recurren de inaplicabilidad, y por lo mismo en el Ejecutivo creen que el tema podría terminar resolviéndose igual por esa vía.

Así, algunos en el Ejecutivo desdramatizan la opción de promulgar la ley, argumentando, además, que el proyecto “mejoró mucho” en relación al texto original y que se acerca al acuerdo que ya tenía el gobierno con las empresas.

Con todo, el tema fue analizado en el comité político entre los ministros con el Presidente Piñera. Ahí, según afirman en el gobierno, si bien se discutieron las alternativas, no se zanjó una postura. El Mandatario, de hecho, pidió un informe para tomar una decisión.

Por la noche, en tanto, la Segpres difundió un comunicado en el que se señala que “el gobierno se encuentra analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción”.

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