“Si uno destituye a alguien, es decir se le aplica la muerte política a una persona que ha sido electa democráticamente, le está aplicando la mayor de las sanciones políticas que alguien puede hacer”, dijo pensando en sí mismo el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (ex DC), en la tensa sesión del consejo regional del pasado miércoles.

En medio de su segunda gran crisis en el cargo luego de mantenerse hasta hoy como imputado por los $ 1.000 millones perdidos en el convenio con la fundación ProCultura, del psiquiatra Alberto Larraín, Orrego utilizó todos sus argumentos disponibles ante las graves acusaciones del Informe N° 873 de la Contraloría General de la República, dado a conocer el miércoles 4 de junio.

Allí se denunció, entre otros puntos, que una asesoría o coaching sobre competencias directivas y liderazgo para altos cargos de la gobernación -por un valor actualizado de $ 62 millones- en realidad habría sido utilizada para abordar estrategias electorales y evaluaciones políticas de la campaña a la reelección del mismo Orrego en 2024.

Pero también, para hablar sobre cómo instalarlo como candidato presidencial, una opción que hasta hace un par de semanas aún era promovida por algunos sectores del Socialismo Democrático en caso de que Carolina Tohá (PPD) pierda la primaria de su sector.

“¿Ustedes saben cuántas veces la Contraloría hace esto?”, dijo el miércoles Orrego sobre el envío de los antecedentes al Ministerio Público, que ya abrió una investigación por eventuales delitos.

“Esto que se ha dicho acá de que la Contraloría denunció un delito es falso”, replicó ante un hostil consejo regional, donde el Partido Republicano (11 miembros), la UDI (cuatro miembros) y RN (seis miembros) conforman una abrumadora mayoría de 21 de los 36 asientos del órgano colegiado.

Pese a sus descargos, los consejeros republicanos insistieron en su decisión: presentar una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones para pedir la destitución de Orrego por “graves faltas a la probidad administrativa”, a propósito del coaching.

Un desangre político que puede tardar más de un año y que, además de sacarlo del cargo, podría inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante cinco años.

Abogados expertos en derecho electoral aseguran que la contundencia y la forma en que quedaron plasmadas las irregularidades en el informe de Contraloría, donde se hace mención explícita al mecanismo de destitución de la autoridad, deja en la cornisa política a Orrego.

“El informe prácticamente declara que si hubiera dependido de ella, la contralora Dorothy Pérez habría destituido a Orrego. Pero como no puede hacerlo, entrega la prueba y el camino servido para hacerlo”, relata uno de ellos.

“Un presidente en terreno”

Nacido, según su propia redacción, con el objetivo de fiscalizar “el buen uso de los recursos públicos” de los gobiernos regionales en que sus autoridades se presentaron a la reelección, el informe de 154 páginas cayó como una bomba en Santiago.

Además de la Metropolitana, también se reportaron irregularidades en Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Para el caso de Orrego, en total son 14 hallazgos -cuatro de ellos “subsanados”-, todos correspondientes a su primer periodo en la entidad. El más grave, la contratación a dedo de la empresa Vera y Asociados S.A. en marzo de 2024 para desarrollar un “servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional”.

La empresa fue creada el año 2008 por el experimentado coach español Juan Vera Gil y la académica Verónica Virgilio Caballero.

En 2014, siendo Orrego intendente metropolitano del segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue la primera vez que la empresa de Vera Gil fue contratada mediante trato directo por un costo de $ 2,8 millones.

Luego, cuando fue electo por primera vez como gobernador regional, Vera volvió a aparecer. Así, desde octubre de 2021 a diciembre de 2024, Vera y Asociados firmó 10 tratos directos de asesoría con el Gobierno Regional Metropolitano por un total de más de $ 220 millones.

Entre ellos, sobre “acompañamiento estratégico”, “clima laboral” y “optimización de la gestión”.

El convenio cuestionado por Contraloría tenía por objetivo dar sesiones de coaching y liderazgo al equipo directivo, el que internamente es conocido como “microgabinete”. De 52 sesiones realizadas a la fecha de la revisión, la entidad sólo entregó al ente contralor el respaldo de 28 de ellas en minutas escritas.

El nombre que más se repite en las minutas es el de Felipe Barnachea (PS), quien en febrero de 2023 asumió como jefe de gabinete de Orrego, con miras a tender puentes políticos en la centroizquierda en el marco de la próxima presidencial.

En la sesión del 11 de julio de 2024 -dos días después de que Orrego inscribiera su candidatura a la reelección- se asegura que “a Felipe le preocupa que en algún momento (Orrego) se salga del guion y le aparezca la necesidad de ser mención presidencial (...). La narrativa de que la mejor estrategia para ser Presidente es no ser mencionable en los momentos en que no se está jugando la carrera y aprovechar los errores y los desencantos de los ciudadanos”.

Ese mismo día, Barnachea agregó que “el apoyo de los alcaldes de una franja tan amplia es una prueba de que puede ser una opción para quienes están cerca del terreno. Ellos terminan apoyando. Me imagino moverse entonces con el mensaje de ‘Un Presidente en terreno’”.

Otro de los directivos a los que se aplicó el “coaching directivo” fue el exdiputado Jaime Pilowsky (DC), un cercano histórico a Orrego, quien en abril de 2023 asumió como gerente general de la Corporación de Desarrollo y Turismo de Santiago, dependiente de la gobernación.

En la sesión del 30 de enero de 2024, Pilowsky dijo que, a su juicio, “están avanzando adecuadamente con la candidatura de Claudio”.

Evelyn Magdaleno Gutiérrez, asesora del gabinete de Orrego, también fue objeto de la asesoría.

Ella habla del “duelo de que si (Orrego) quiere ser el candidato de la centroizquierda tiene que estar abierto a hablar con el PC”, y de que a junio de 2024, “con respecto a las firmas, sólo faltan 3.800”, en referencia a los patrocinios que reunió Orrego para competir como independiente. “Campaña, campaña, campaña”, repite la mujer sobre los objetivos de la siguiente sesión con el coach.

Sobre esto, la Contraloría acusó que la gobernación “efectuó erogaciones de recursos para contratar servicios de asesorías en las cuales se abordaron temáticas que no tienen relación con la finalidad y objetivos de esa entidad, sino en beneficio de don Claudio Orrego Larraín, por cuanto en estas se analizaron materias relacionadas con su campaña electoral y contingencia política”.

Cajero de OK Market

Entre los otros 14 puntos del informe de Contraloría se detallan también faltas administrativas como la ausencia de criterios para fijar el alto monto que se paga en honorarios al “microgabinete” y otros altos cargos, la “mención reiterada del señor Claudio Orrego en actividades institucionales y publicaciones de redes sociales durante el periodo de campaña electoral” -por lo que hará un sumario- y la falta de justificación para realizar millonarias contrataciones mediante la fórmula excepcional de trato directo.

Uno de esos casos es el de la empresa AJEM Asesores y Consultores, la que en todo el aparato público sólo ha firmado dos contratos sin licitación, justamente con el GORE Metropolitano.

El primero de ellos, en enero de 2024, por $ 44 millones, y el segundo, en mayo de 2024, por otros $ 64 millones. Ambos, para el “apoyo en la revisión y cierre de proyectos” desde el punto de vista financiero.

De acuerdo a los registros del Diario Oficial, AJEM -creada en 2016- pertenece al contador José Solís Venegas y a su hijo Alejandro Solís Paredes. En su revisión a los contratos, Contraloría objetó que existió “falta de acreditación de idoneidad del proveedor”.

Entre los profesionales que AJEM puso a disposición para efectuar los trabajos existe una “técnico de nivel superior en gastronomía y pastelería internacional”, otra trabajadora con estudios incompletos de contador auditor y un empleado cuya última experiencia laboral fue ser “cajero de OK Market” y “administrador logístico de libros”.

Pero lo que llamó la atención de los consejeros regionales opositores es el vínculo que une a Mayuri Reyes Torres, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE, con José Solís Venegas, uno de los socios de AJEM.

Registros comerciales indican que el 27 de enero de 2021 Reyes creó la empresa “Comercializadora Madera Cuero y Más SpA” y dejó como administrador de la sociedad a Solís Venegas, quien en sus redes sociales aparece explícitamente entregando su apoyo a la reelección de Orrego.

Otro antecedente que pone bajo la lupa los contratos es un memo interno del 17 de mayo de 2024 redactado por Luz Núñez Rivera, jefa de la Unidad de Control del organismo, al que La Tercera tuvo acceso.

Allí se alerta que “es dable poner atención a la cantidad de tratos directos en servicios técnicos y profesionales que pretenden cubrir con un mal argumento el déficit técnico y/o humano en las áreas donde se enfocan estos servicios”.

En específico, cuestiona a “AJEM Consultores con cuatro técnicos revisando programas de años anteriores, a los que el GORE anteriormente no dio seguimiento necesario, con saldos pendientes y rendiciones inconclusas”.

La cornisa

En los pasillos del GORE Metropolitano resuena por estos días el nombre de Krist Naranjo (Ind-PEV), exgobernadora regional de Coquimbo, quien a fines de 2024 se convirtió en la primera autoridad regional electa en ser destituida por el Tricel, luego de que todos los consejeros de esa región presentaran una solicitud de remoción por notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad.

También, señalan varios consejeros, se habla del caso de Karen Rojo (Ind), exalcaldesa de Antofagasta, condenada por fraude al Fisco a cumplir una pena de cinco años y un día por pagar con fondos públicos una asesoría comunicacional de $ 24 millones para su campaña a la reelección en 2016.

Orrego se ha defendido asegurando que “cuando en una sesión de coaching de un directivo público se expresan realidades del mundo político, económico y social, no quiere decir que la sesión sea sobre la política, la economía o la sociedad, sino que ese es el contexto”.

Pese a ello, sus opositores en el consejo regional ya trabajan en la redacción del escrito que se espera sea ingresado en los próximos días al Tricel. “El informe de Contraloría es bastante claro con respecto al coaching. Dice que es una contravención grave a la probidad y en el mismo informe se cita la norma con respecto a la causal de destitución”, detalla el jefe de la bancada de consejeros republicanos, Ignacio Dülger.

Pero para lograr su ingreso y admisibilidad, republicanos debe conseguir una firma más, para llegar al mínimo de 12 patrocinios requeridos. Los cuatro consejeros de la UDI, por su parte, la mañana del viernes aseguraron que su decisión de acudir al Tricel es “inminente”, pero mediante un escrito propio, en paralelo a la iniciativa de republicanos.

Para eso pretenden sumar las seis firmas de RN y dos más de consejeros oficialistas o independientes. “Vamos a entregar los antecedentes y a pedir que el Tricel evalúe cuáles deben ser las sanciones”, dijo el viernes el consejero Álvaro Bellolio (UDI).

Mientras que desde RN, la consejera Valeria Ponti aseguró que antes de unirse a cualquier solicitud, “necesitamos argumentos jurídicamente sólidos que se tienen que construir”, los que pretenden conseguir mediante una comisión fiscalizadora al interior del GORE que debería comenzar a funcionar este miércoles.

“El Tricel es un tribunal de derecho que ejerce jurisdicción, y no es una entidad consultiva. Presentar un escrito deficiente a sabiendas, para solamente marcar el punto político, permite que Orrego pueda alegar su inadmisibilidad y así mantenerlo en el cargo. No existe tal camino intermedio que señalan los consejeros”, asegura el abogado constitucionalista vinculado a la derecha Jorge Barrera.

Tras bambalinas, una serie de otros juristas trabajan en la redacción de la solicitud de remoción, en la que también, aseguran en privado, se incluirán antecedentes del caso ProCultura y de millonarias compras por trato directo realizadas por la Corporación de Desarrollo y Turismo de Santiago, presidida por Orrego.

Por republicanos, además de los consejeros Felipe Serey e Ignacio Dülger, trascendió que el abogado Emiliano García participa de la estrategia legal. Por la UDI, el ex subsecretario Max Pavez y el abogado Pablo Toloza están prestando asesoría. Mientras que desde RN son parte los juristas Rodrigo Flores y Rodrigo Urzúa.

Expertos en justicia electoral consultados por La Tercera aseguran que la jurisprudencia del Tricel es consistente en acoger los requerimientos en los que existe un pronunciamiento claro de la Contraloría por faltas a la probidad contra alguna autoridad.

“El Tricel es un tribunal jurisdiccional y desarrolla un procedimiento en el que lo más relevante son las pruebas. El informe de Contraloría es contundente, Orrego ya hizo sus descargos y no fueron considerados, por lo que los jueces no podrían desconocer la gravedad de los hechos”, relata uno de ellos.

A diferencia de lo que ocurre con los alcaldes, a quienes se puede acusar ante el Tricel hasta seis meses después de dejar el cargo para sancionarlos con la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años, para los gobernadores regionales su responsabilidad electoral se extingue inmediatamente al dejar el cargo.

“Si Orrego renuncia, se libera de la responsabilidad en el Tricel, eso es una realidad”, concluye el consejero Dülger.