“Miren lo que está pasando, ¿alguien sabe de esto?“, preguntaban consternados en el comando de Jeannette Jara. Era el miércoles 20, a eso de las 16 horas, y los teléfonos celulares de los miembros del equipo de la candidata del oficialismo y la DC que estaban en ese momento en el cuartel central de la campaña, en calle París 76, no paraban de sonar.

La sorpresa era total entre los integrantes del comité estratégico que a esa hora estaban repartidos en reuniones de trabajo de las diferentes comisiones –entre ellas la laboral–, cuando comenzaron a llegar mensajes por redes sociales sobre lo que hasta ese minuto era un rumor: que el Presidente Gabriel Boric había pedido la renuncia al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego de que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quebrara la lista parlamentaria unitaria del oficialismo para inscribir, junto al movimiento Acción Humanista (AH), una nómina propia para competir en todos los distritos y circunscripciones del país.

De inmediato se suspendió el trabajo y comenzaron las coordinaciones con la candidata, que ese día se encontraba en Calama, en la segunda escala de la gira nacional que había comenzado el día anterior en Valparaíso y que la llevará a recorrer 28 ciudades a lo largo de Chile hasta el 14 de septiembre próximo.

Pero no solo había sorpresa. También había preocupación por los efectos que podría tener el golpe de autoridad del Mandatario contra un partido de la coalición de gobierno y que forma parte del comando. El líder y exabanderado presidencial de la FVRS, diputado Jaime Mulet, es uno de los cuatro miembros del comité estratégico que coordina el independiente y exasesor de Jara para las primarias Darío Quiroga, y que conforman, además, Ricardo Solari (PS), José Toro (PPD) y Bárbara Figueroa (PC).

“Es una decisión del Presidente de la República (...) Todos pueden tener una opinión, pero nadie se puede meter a una decisión privativa de los presidentes de la República. Y sus razones tendrá a la vista”, salió a responder la abanderada oficialista al ser consultada por la prensa en medio de sus actividades en terreno en Calama y cuando recién estaban calibrando lo sucedido.

Por más que el gobierno justificaba la determinación presidencial en el daño electoral que provocaría la dispersión de votos al ir en listas separadas, la lectura que hicieron muchos dirigentes que participan en la campaña de la exministra del Trabajo es que –con ella– el Presidente Boric había dejado en claro que su prioridad no pasaba por los eventuales efectos de sus actos y decisiones en la candidatura de Jara, sino que está puesta en consolidar una coalición fuerte, que proyecte y defienda las ideas progresistas desde un rol que, según todas las encuestas, sería desde la oposición en el próximo Congreso.

O como lo definió un timonel de uno de los partidos de la coalición, que pidió mantener su nombre en reserva: “Boric está más ocupado de su legado que de su sucesión”.

En los partidos, y en particular entre los parlamentarios oficialistas, hay algo de desconcierto. Varios, entre ellos el timonel del PPD, Jaime Quintana, vienen criticando desde las primarias oficialistas la “excesiva prescindencia” de La Moneda, y en particular del comité político de Boric ante las elecciones que se avecinan.

“Desde que se inició la campaña no hemos recibido ningún mensaje, llamado o whatsapp de alguien del comité político que nos permita siquiera saber cómo están mirando ellos la elección presidencial”, afirmó el diputado Tomás Hirsch (AH), uno de los voceros del comando de Jara.

En los últimos dos meses, la mayoría de los comités políticos ampliados que se realizan en La Moneda –a los que asisten ministros y representantes de los partidos– han sido suspendidos, en parte debido a que las colectividades estaban concentradas en la negociación parlamentaria. Y la última cita que se realizó hace dos semanas para ver la agenda legislativa tampoco ayudó mucho. Desde los partidos señalan que no hubo una priorización de temas que les permitiera pensar que hay un diseño estratégico que tenga en vista la campaña presidencial.

En el equipo político del Mandatario descartan que eso sea así. “El Presidente y el gobierno no han dado por perdida la elección presidencial. Todos sabemos que es difícil, pero estamos en una situación mucho mejor que en enero pasado, cuando no teníamos a ninguna de nuestras figuras pasando siquiera a segunda vuelta. Hoy nadie duda que estaremos con Jara en la segunda vuelta”, dice una alta autoridad.

No solo eso. En Palacio descartan categóricamente que la apuesta del Presidente sea la derrota de la carta oficialista, lo que lo dejaría en la pole position para intentar en cuatro años más volver a postular a un segundo periodo en el sillón de O´Higgins. “Eso es no conocer al Mandatario”, reclaman sus cercanos.

Hay razones políticas también. La pugna de poder dentro del Frente Amplio por los escaños parlamentarios, especialmente en el distrito 8 –que incluye a Maipú y a las comunas del norponiente de Santiago–, donde se impuso la voz del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la facción interna que venía originalmente del desaparecido Partido Revolución Democrática, dejó en evidencia que el Presidente no tendrá el camino despejado y que tendrá competencia interna dentro de su propia colectividad.

En La Moneda, además, descartan que haya déficit en la gestión política, como alegan desde algunos partidos oficialistas. “Si fuéramos tan inoperantes como acusan los partidos no habríamos tenido unas primarias que fueron exitosas, ni tendríamos una candidata que está pasando a la segunda vuelta”, señalan fuentes del comité político. Otra cosa, añaden, es que prácticamente todo el trabajo se está haciendo de manera reservada y no se está informando de nada a los parlamentarios.

La desconfianza de Palacio con sus propios parlamentarios es enorme. Más aún ahora que sus diputados y senadores tiene como prioridad su propia reelección y no la agenda del Ejecutivo o la presidencial. Para muchos en La Moneda, la decisión de 42 diputados oficialistas de presentar en julio pasado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para derribar el recién aprobado proyecto de ley de permisos sectoriales que había impulsado el gobierno marcó un hito, casi un punto de inflexión.

Para La Moneda, en medio del estancamiento económico y el alto desempleo, era muy importante dar señales claras en contra de la excesiva burocracia estatal que frena los proyectos de inversión, sin afectar con ello el cuidado del medioambiente. Por lo mismo, el desacople de sus propios parlamentarios fue un golpe muy duro, que no ha terminado de sanar.

Ni siquiera el comité político completo está participando de los análisis que se hacen sobre la marcha de las campañas electorales. Un tema que está exclusivamente en manos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; de la titular de la Segegob, Camila Vallejo; del Segundo Piso de La Moneda; parte de la Secom y, obviamente, del propio Presidente.

Al resto del gabinete se le envían instrucciones.

En los últimos tres meses se han hecho cerca de 500 “gobiernos en terreno”. Un programa que dirige la Unidad de Coordinación Territorial de la División de Gobierno Interior y que acerca a todas los servicios públicos a las poblaciones donde más se requiere.

El dónde y cuándo se hacen estos despliegues no es al azar, reconocen fuentes de Interior. Y si bien, señalan, pueden ayudar en algo, en ningún caso son la bala de plata para fortalecer una campaña.

En la misma línea apuntó la decisión de que todas las cuentas públicas de las autoridades de gobierno –ministros, seremis, delegados regionales– fueran este año en julio, después de la cuenta a la nación del Presidente, y que se hicieran en regiones.

La elección de los lugares donde se realizarían los actos, los que además tenían que ser masivos, tampoco fue al azar. Desde La Moneda se instruyó a cada ministro la región a la que tenían que desplazarse, incluso la comuna en la que tenían que dar cuenta de la gestión de su cartera.

En los partidos que apoyan la candidatura de Jara también creen que la próxima Cumbre por la Democracia, convocada por el Presidente Boric y que aglutinará a varios líderes progresistas en septiembre próximo, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para discutir sobre proyectos políticos de izquierda y centroizquierda y analizar el avance de las ultraderechas en el mundo, puede ser una muy buen oportunidad para impulsar la campaña de Jara.

“Ahí puede haber una sintonía con la campaña de Jeannette. En la medida que ella traduzca esa discusión internacional a cosas más concretas para la gente, esa duplicidad puede ser buena para un proceso de campaña”, señalan desde la directiva del Frente Amplio.

El apoyo a la campaña también ha tenido costos para el Ejecutivo. Hasta ahora suman 16 los funcionarios que han abandonado el gobierno o han suspendido sus labores sin goce de sueldo para sumarse al comando de Jara. Cuatro de ellos han salido de la Segegob.

“El gobierno es un actor político. No va a hacer intervencionismo. No va a haber uso de recursos públicos para hacer campaña por Jara, pero una cuestión muy distinta es que, en democracia, el gobierno es un actor político y no solo es un administrador”, señalan integrantes del comité político del Presidente Boric.

De hecho, aseveran, hace un mes se envió desde el Ministerio de Interior a todas las reparticiones de gobierno un instructivo sobre las limitaciones y restricciones que tienen los funcionarios públicos en tiempos de campañas políticas. Texto que se suma a los dictámenes que ya ha hecho la Contraloría en la misma materia. “Vamos a ser muy estrictos en su cumplimiento”, señalan las mismas fuentes, recordando, además, que la Contraloría en los últimos meses ha desechado algunas denuncias de intervencionismo electoral interpuestas por la oposición en contra del Presidente de la República.

Desde el comando de Jara, uno de sus colaboradores recalca que es muy poco lo que puede hacer el gobierno por intentar calzar su agenda con la campaña de la exministra del Trabajo. “La principal crítica que está haciendo la derecha a la campaña de Jara ya no es que ella es comunista, sino que apuntan a que ella es la candidata de la continuidad y, por lo tanto, lo que mejor puede hacer La Moneda es tomar distancia”, señala.

Con la candidata del oficialismo estancada en las encuestas entre el 25% y el 27% de respaldo –cerca del piso histórico del apoyo duro del gobierno de Boric–, las preocupaciones del comando en esta etapa se han centrado en preservar la legitimidad de la candidata ante la ofensiva de los abanderados de las derechas para tratar de instalar la idea de que ella “miente”, a raíz de la seguidilla de errores que ha cometido al olvidar aspectos que estaban en su programa original para las primarias.

Por lo mismo, se busca ordenar lo más rápido posible la discusión programática. “A veces, por complacer a todos, se desordena mucho el discurso. Es como jugar con platos chinos: si tienes nueve partidos, tratar de hablarles a todos es imposible, cuando el norte es hablarle a la ciudadanía. La fase de hablarles a los partidos ya se acabó”, señala una alta fuente del Frente Amplio.

“La mexicana” que indignó a Boric

Ordenar la coalición, añaden en el oficialismo, es labor del gobierno y en especial del Presidente.

Eso sería precisamente lo que intentó hacer Boric esta semana al destituir al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en represalia por desoír el llamado que insistentemente había hecho para que fueran en una lista unitaria todas las fuerzas del progresismo y así aumentar las posibilidades de elegibilidad de los candidatos del sector.

Lo que más molestó al Presidente y los partidos grandes de la coalición, señalan fuentes de La Moneda, no es el riesgo de perder una eventual mayoría en el Congreso por ir separados en dos listas, sino la forma en que habría actuado el grupo de negociadores de la FRVS, que lideran Jaime Mulet y su esposa, Flavia Torrealba.

“Nos hicieron una mexicana”, denunciaban indignados desde los partidos grandes del oficialismo cuando elevaron sus quejas al gobierno. El 6 de agosto, casi una semana antes de que la FRVS y AH anunciaran que se retiraban de las negociaciones parlamentarias, se había pedido a todos los partidos que trasparentaran la lista completa de potenciales candidatos para cada distrito y circunscripción. “Era un acto de buena fe, para evitar que alguien estuviera blufeando y así poder avanzar en la distribución de cupos”, relata uno de los negociadores por parte del oficialismo.

Cerca de 500 nombres se subieron a una planilla excel con el compromiso de que se trataba de información reservada. “Apenas terminó la reunión, los de la FRVS empezaron a llamar a todos los candidatos independientes que tenían los demás y les ofrecieron cupos en su propia lista. Más de la mitad de los candidatos que lleva la FRVS los levantaron de las listas de los otros partidos. Lo que hizo Mulet fue un acto de piratería. Usaron de manera artera información privilegiada que solo tenían los equipos negociadores”, afirman representantes de los partidos grandes que formaron parte de esas tratativas.

La sensación que quedó en el PS, el PPD, radicales y liberales –y “que terminaría por indignar al Presidente”, aseguran fuentes del oficialismo y de La Moneda–, es que la FRVS nunca tuvo la intención seria de sumarse a una lista unitaria, sino que se sentaron a la mesa para tener la información sobre qué candidatos y dónde llevaba cada cual. Por eso la represalia presidencial –con salida del gabinete incluida– solo apuntó a la FRVS y no a los funcionarios de gobierno que militan en Acción Humanista.

La incorporación del diputado de la bancada Demócrata Miguel Ángel Calisto, quien además apoya en la presidencial a la abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei como candidato a senador por Aysén, fue solo la guinda de la torta de una molestia mucho mayor.

La salida de Valenzuela de Agricultura, seguida de la renuncia del gabinete del influyente ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien pidió salir del gobierno por motivos personales, precipitó en el mundo político la sensación de que se había anticipado el fenómeno “síndrome del pato cojo” que suele acompañar a los gobiernos en su última fase.

Tras las Fiestas Patrias, todos los parlamentarios estarán concentrados en sus campañas de reelección, por lo que la agenda legislativa se reduce prácticamente a la discusión de las partidas de la ley de Presupuesto. Después viene la presidencial. Por lo que poco margen queda para que el gobierno tome la iniciativa.

Por lo mismo, señalan parlamentarios oficialistas, el cierre del gobierno estará en función de proyectar a la coalición.