Después de que durante el martes el Tribunal Constitucional (TC) declarara admisible el requerimiento de la oposición respecto a algunos artículos de Escuelas Protegidas, en La Moneda se desataron los primeros movimientos para preparar la defensa de la iniciativa.

“Vamos a ir a defender la posición del gobierno ante el Tribunal Constitucional, como corresponde. Como corresponde a nuestro Estado de derecho“, recalcó en radio ADN el ministro de la Segpres, José García, este miércoles.

Y agregó: “Se han impugnado normas del proyecto de ley ya tramitado en el Congreso Nacional. Escuelas Protegidas es una necesidad muy patente por la violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educacionales, en su interior”, planteó.

En concreto desde la oposición cuestionan que la iniciativa vulnera derechos fundamentales de niños y adolescentes. Esto, debido a medidas como la revisión de mochilas y efectos personales de los estudiantes, la prohibición de vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley” y la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior.

Aunque la estrategia judicial recién se está afinando, el tema es mirado con atención en el gobierno, pues no solo es la primera vez que tienen que ir al TC, sino que también saben que lo mismo podría repetirse respecto a otras iniciativas clave con las que la oposición ha amenazado con recurrir al tribunal, como son los casos de la megarreforma y el Registro de Vándalos.

Por lo mismo, uno de los primeros pasos fue definir al abogado que se hará cargo de la defensa ante el organismo, tarea que finalmente recayó en el exministro de Sebastián Piñera, Juan José Ossa.

El exjefe de la Segpres -recalcan en La Moneda- tiene experiencia en este tipo de instancias y, además, en caso de ser necesario es un buen vocero para explicar la defensa del gobierno, por lo que fue un nombre que gustó rápidamente.

En paralelo, otros en Palacio ya se están moviendo para preparar la defensa. Por ejemplo, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, ya sostuvo reuniones con el Ministerio de Educación para revisar el tema, mientras que en la subsecretaría de Interior también se está evaluando el caso.

Según transmiten en Palacio, hay confianza en que el contenido del proyecto se mantiene dentro de los márgenes constitucionales, pues -recalcan- es algo que se revisó en varias ocasiones. Además, advierten que el caso de la distitución de la senadora Isabel Allende dejó en evidencia que las mayorías para la izquierda no son claras al interior del tribunal, por lo que esperan un fallo favorable.

Registro de Vándalos y megarreforma

Respecto a los otros proyectos que podrían llegar hasta el TC, en La Moneda recalcan que ya están revisando caso a caso las eventuales defensas y posibles abogados. Eso sí, recalcan que primero se esperan hacer todas las gestiones políticas para evitar llegar a la instancia constitucional, para lo que -afirman- ya se han sostenido acercamientos con la oposición.

En ese contexto, uno de los temas que se mira con más atención es el Registro de Vándalos, ingresado durante este lunes por el Ejecutivo.

Y es que a los cuestionamientos de la izquierda por lo que sería la pérdida beneficios sociales para quienes cometan incivilidades, también se han sumado expertos constitucionales que advierten que el proyecto cuenta con varios elementos que podrían infringir la Constitución: desde la publicidad del registro hasta la falta de proporcionalidad de las sanciones.

El problema para el gobierno es que independientemente de lo que decida la oposición, una vez sea despachado por el Congreso, el proyecto tendrá que ser revisado obligatoriamente por el TC, por lo que se debe asegurar su constitucionalidad.

En el caso de la megarreforma, en tanto, si bien en la oposición han insistido en acudir al tribunal, sobre todo debido al artículo que plantea la invariabilidad tributaria por 25 años, desde La Moneda insisten en que es una medida que se ha utilizado históricamente y nunca ha sido cuestionada por el TC.

Al respecto, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, aseguró “la ley de reconstrucción ha sido diseñada pensando obviamente en respetar íntegramente la Constitución (...). Desde luego está dentro de la prerrogativa de los legisladores que puedan recurrir al tribunal, pero de ser así, mantenemos nuestra plena confianza de que se va a acoger la absoluta constitucionalidad de las medidas que ahí se incluyen”.