El diputado Raúl Leiva (PS), abordó esta jornada el dictamen de Contraloría en donde el órgano concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI de un oficio reservado.

Al respecto, y en entevista con 24 Horas, el parlamentario -quien fue quien requirió este oficio a la Contraloría- se manifestó “muy satisfecho” con el dictamen ya que según señaló, da cuenta que efectivamente la exministra transgredió sus atribuciones, algo que ella había negado.

“Esto es un hecho muy grave y que esperamos que el gobierno responda con la misma severidad que el propio órgano contralor”, sentenció.

Sobre el dictamen, Leiva destacó que las conclusiones de Contraloría dan cuenta que la exministra “actuó fuera del marco de sus atribuciones”.

“Se transgrede por cierto el artículo 3º de la ley 21.730 que es la que crea el Ministerio de Seguridad Pública que justamente establece esa facultad o impedimento de requerir información actualmente en curso, y además lo que a nuestro juicio es más grave, que se transgrede el deber y el principio de abstención de todo funcionario público (...) porque se instrumentaliza un conocimiento o un requerimiento para el Estado, para un órgano del Estado en el cual yo tenía algún grado de involucramiento”, señaló.

Consultado sobre si estima que se debe llevar a cabo alguna acción adicional, Leiva apuntó que van a insistir “en otras facultades de fiscalización”.

“Si bien ella ya no ejerce como titular del Ministerio de Seguridad, es importante poder ver y analizar lo complejo y grave de esta situación”, señaló.

En específico, y consultado si están considerando presentar una acusación constitucional contar Steintert, Leiva señaló que esa “siempre es una facultad es la última ratio”.

“Yo creo que debemos analizar en un principio, por ejemplo, otra facultad de fiscalización que también es tanto o más importante para poder clarificar esta distinción y separación que es la creación de una comisión especial investigadora que -en función del informe de la Contraloría que establece que hay claras transgresiones al marco normativo- poder establecer esa fiscalización sobre esos actos de gobierno y que quede debidamente asentado. Ese es nuestro espíritu y ánimo", indicó.

Sobre si podrían haber faltas penales o delitos, Leiva apuntó que eso “eventualmente debiera verlo el Ministerio Público”, sin embargo, si se llegara a establecer que esta falta al deber de abstención -enmarcada dentro del principio de probidad- permite un involucramiento personal respecto de una causa judicial -el clan Chong- “hay que analizarlo en su mérito”.

En cuanto a cómo el gobierno debiese abordar este dictamen, el parlamentario PS apuntó que deberían asumirlo “con seriedad y responsabilidad”.

“Dar una señal, insisto, de esta distinción nítida entre poder político y persecución criminal, que no se permita la instrumentalización de un funcionario público respecto a antecedentes que son reservados en una causa de crimen organizado, y deber actuar con mucha rigurosidad y severidad”, sostuvo,