El senador y futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), fue uno de los 23 votos con los que se aprobó el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que entre sus efectos favorecería, en primer momento, a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos y a otros 365 presos por delitos graves, entre ellos homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

Incluso, informalmente se menciona que esa cifra podría aumentar a cerca de 12 mil potenciales internos beneficiados.

Tras la votación, el senador García salió de la sala e inmediatamente fue asediado por los canales de TV sobre la postura que adoptaría la futura administración presidencial de José Antonio Kast.

Sin embargo, el futuro titular de la Segpres no hizo comentarios.

Si bien este miércoles la iniciativa del senador Francisco Chahuán fue aprobada en general (23 a favor, 22 en contra), su tramitación aún está en una fase inicial.

De hecho, se abrió una etapa para presentar indicaciones hasta el 16 de marzo para corregir el texto, cuyos efectos, si es que no es modificado, no solo favorecería a exuniformados presos en Punta Peuco y Colina, sino también a condenados comunes por crímenes graves.

Por ejemplo, el gobierno, en palabras del ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ha advertido que Julio Pérez Silva, el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado a cadena perpetua por la violación y homicidio de 14 mujeres, podría acceder al cumplimiento alternativo de penas, básicamente con reclusión domiciliaria.

En la lista de posibles beneficiarios también figura Juan Domingo Salvo Zúñiga, conocido como el “chacal de Alcohuaz”, condenado por el asesinato, en 1990, de Antonia Cabrera Gómez y sus tres hijos. En principio, Salvo, que ya en 1975 había cumplido prisión por el asesinato de su hermana, había sido condenado a muerte, pero la pena se modificó a 80 años de cárcel debido a un indulto del entonces presidente Patricio Aylwin.

María del Pilar Pérez, la apodada “Quintrala”, también podría postular al beneficio, a pesar de estar condenada por el triple asesinato de su exmarido, su pareja y la pareja de su sobrina.

Además del reparo político por las causas de DD.HH., Gajardo y el oficialismo han recalcado que el texto, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, en vez de la Comisión de Constitución (que es la especializada en temas judiciales), quedó redactado en términos muy laxos. Por ejemplo, un condenado con 70 años de edad podría acceder a la reclusión domiciliaria, siempre que su condena cumplida y su edad sumen 80 años.

No solo eso. Las razones de salud que plantea el proyecto son bastante amplias, independiente de la edad. Podrían acceder a la reclusión domiciliaria los internos “enfermos”, cuya “privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”.

También serían favorecidos con la misma pena alternativa (que no es, en rigor, la libertad) los presos “que padezcan una enfermedad incurable en período terminal” y los discapacitados “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”.

Encrucijada

Dado que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya casi no tiene tiempo para hacer enmiendas y menos para vetar (facultad que solo procede al final del trámite legislativo), la responsabilidad de esta iniciativa recaerá exclusivamente en manos de la administración de Kast, que tiene entre sus prioridades fortalecer las políticas de seguridad pública.

Por tal razón, el proyecto, si no es corregido, deja en una encrucijada al futuro gobierno, cuyo sector político está empujando la iniciativa.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.) señaló que la decisión de corregir el texto será delegada a la futura administración, a la que ya le expresaron sus reparos por los efectos amplios de la norma. “Nosotros hemos dicho categóricamente en todas las intervenciones, lo ha hecho el Presidente (Gabriel Boric), un llamado a que efectivamente no perseveremos en legislar sobre esta materia. El proyecto tiene graves problemas y efectivamente esperamos que en este periodo que se ha abierto de indicaciones pueda generarse la conciencia necesaria de que el proyecto en los términos que está es un retroceso muy importante. Le hemos hecho el llamado explícito (al futuro gobierno) a que tome una postura y ojalá revierta este proyecto. Por esta vía estaríamos permitiendo que reos sumamente peligrosos queden en libertad”.

Senado entrampado

La aprobación en general de esta moción, además, impactará las conversaciones –que ya están entrampadas– para conformar un pacto administrativo en el Senado.

De partida, el control de la Comisión de Derechos Humanos será crucial para la tramitación, ya que el senador que presida esa instancia podrá manejar los ritmos legislativos.

De acuerdo al borrador, con la distribución de comisiones se proponía que la instancia de Derechos Humanos fuera controlada al menos en el primer año del próximo período por la derecha. Esa posibilidad, tras la votación de ayer, será objetada por la izquierda.

En el PS, además, quedaron molestos con el senador independiente Karim Bianchi, quien se restó de la votación. De hecho, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó que si Bianchi hubiera votado se habría rechazado el proyecto. Por tal razón, hay un ánimo para vetar al senador independiente ante cualquier elección a cargos directivos de la Cámara Alta.

“Claramente que este proyecto contamina todos los climas de negociaciones que puedan existir, porque para nosotros es inconcebible, entre otras cosas, que haya votado a favor de este proyecto, quien va a dirigir las relaciones políticas en el Congreso, como es el senador García Ruminot, que la otra semana será ministro. ¿Con qué cara va a llegar a sentarse donde nosotros? Cometieron errores garrafales porque mostraron que eran la misma derecha de hace cincuenta años… Con los temas de Derechos Humanos no se juega”, dijo Espinoza.