Cuatro representantes del gobierno del Presidente José Antonio Kast concurrieron a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Los ministros María Paz Arzola (Educación) y José García (Segpres), acompañados por los subsecretarios de las carteras -Daniel Rodríguez y Constanza Castillo, respectivamente-, arribaron hasta la instancia legislativa para iniciar la discusión del proyecto “que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”, más conocido como “Escuela Protegida”, según lo dio a conocer el propio Ejecutivo.

El proyecto, de seis artículos permanentes y uno transitorio, que se suma a una segunda iniciativa para elevar sanciones a la violencia escolar, generó una fuerte resistencia especialmente de bancadas de izquierda.

Sin embargo, la oposición encontró un sorpresivo aliado en su queja, ya que el comité de RN, encabezado por el diputado Diego Schalper, también hizo severas observaciones a la disposición que incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria.

Además de los tres requisitos que exige la ley actual, el gobierno de Kast propone agregar que no podrá acceder a ese beneficio educacional quien haya sido “condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

A continuación, la iniciativa gubernamental establece que la inhabilidad tendrá una duración de cinco años “desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

Negociaciones de Schalper

Hace unos días, el diputado Schalper ya había advertido que sería un “error” del gobierno limitar la gratuidad solo a menores de 30 años.

Y este martes, una vez finalizada la sesión de la Comisión de Educación, Schalper y su par Luis Pardo (RN) sostuvieron una reunión con otros dos integrantes opositores de esa instancia: los diputados Juan Santana (PS) y Héctor Barría (DC).

Consultado por este medio, Schalper aseguró que si bien apoya el proyecto, agregó que “nos parece fundamental que tenga una base de apoyo amplia. Para eso hay que conversar y encontrar puntos de acuerdo”.

Su compañera de bancada, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también tomó distancia de la medida que pretende introducir el gobierno.

Requerida por este medio, la legisladora sostuvo que “hay que analizar caso a caso. Más que al niño, yo le pondría el foco a la familia, porque existe el derecho responsable de los padres de sus hijos y hoy día lamentablemente le estamos cargando la mata a los niños y no a las familias”.

“Hay que tener mucho cuidado, ver el entorno, ver cuál es la gravedad del hecho y hay que tener cuidado con esto de fijar el tema de la gratuidad”, señaló Ossandón.

Sus matices, aunque no en la misma línea de RN, expresó el diputado Jorge Guzmán (Evópoli). Si bien sostuvo que quitar la gratuidad “constituye una sanción válida”, añadió que “estimamos pertinente considerar la reincorporación de este beneficio, siempre que se cumplan condiciones claras orientadas a la reinserción y al cambio de conducta”.

La diputada Sara Concha, en tanto, manifestó ciertas observaciones en la sesión de la comisión. Dirigiéndose directamente a la ministra Arzola, afirmó que para la aplicación de la sanción “deben existir criterios mínimos”. “No es lo mismo alguien que porta un arma de fuego, le dispara a alguien y muere por ello, a una persona que se vio involucrada en una riña donde hay golpes. Eso hay que establecerlo”, complementó Concha.

En respuesta, el ministro García dijo que “nosotros estamos llanos a recoger las indicaciones que ustedes hagan”.

Y añadió que “la necesidad siempre en un proceso legislativo es de mejorar las iniciativas de ley. Y, por lo tanto, bienvenidas las indicaciones, podemos conversarlas”.

UDI molesta

El desmarque de RN, sin embargo, cayó mal en la UDI, ya que la restricción de la gratuidad ha sido una histórica propuesta del gremialismo con el fin de sancionar a protagonistas de hechos de violencia en establecimientos educacionales.

En los últimos años, la UDI intentó infructuosamente incluir ese castigo en las pasadas leyes de Presupuesto, pero nunca prosperaron por falta de apoyo entre los propios senadores de derecha.

En 2019, la entonces diputada María José Hoffmann (UDI), con las firmas de otros legisladores como Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, igualmente presentó una moción en la misma línea, pero tampoco logró avanzar en la Comisión de Educación.

En el gobierno confirmaron que se trata de un gesto a los diputados gremialistas.

Por ello, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, lamentó las gestiones descolgadas de RN para morigerar la medida. “Siempre la conversación es importante con todos los sectores políticos, pero preferiríamos que fuera primero con los propios”. “Con lo que hemos visto hoy día (con la agresión a la ministra de Ciencias) es para hacerlo más firme”, añadió.

El presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que “es una actitud que no corresponde la del diputado Schalper, porque teniendo yo la presidencia de la comisión, lo más lógico es que se acerquen a mí”.

“Si va primero a la oposición, no solamente crea una actitud poco honesta políticamente, sino están buscando réditos personales más que perfeccionar el proyecto. Le haría una invitación afectuosa al diputado Schalper: si está en contra o a favor de los violentistas”, dijo Bobadilla.

El diputado Ricardo Neumann (UDI), que también integra la Comisión de Educación, agregó que “es absolutamente contradictorio, que algunos parlamentarios oficialistas opten por negociar con la misma oposición que, en reiteradas ocasiones, ha evitado condenar con claridad estos hechos”.

Dudas jurídicas

Desde la bancada de RN, sin embargo, sostienen que los dos proyectos del Ejecutivo tienen además problemas de diseño, por lo que inevitablemente será necesario corregirlos, ya que inducen a errores de interpretación.

De hecho, otra de las medidas controversiales es la que plantea revisar vestimentas y mochilas.

La ministra Arzola dijo en CNN que no serían revisiones forzosas, sino optativas, lo que a juicio de algunos parlamentarios no es completamente cierto si es que hay intervención policial.

Una de las normas plantea en su mensaje que “esta propuesta permitirá equiparar la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes a la de una persona adulta que cometiera el mismo delito fuera del contexto educacional, por considerarse especialmente grave”.

No obstante, la misma planteó una versión distinta en CNN. “No se equiparará la responsabilidad penal de un adolescente con la de un adulto”, afirmó,

Lo más paradójico es que, según los primeros análisis jurídicos de la propuesta gubernamental, la versión de Arzola sería correcta, porque es discutible desde el punto de vista penal la aplicación de agravantes para menores de edad.