“Un Pacto de Integridad para Chile”, se denominó un espacio de encuentro y diálogo transversal, conformado por representantes de centros de estudios y pensamiento de todo el espectro político, así como organizaciones de la sociedad civil especializadas en integridad y transparencia liderado por Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional. Las conclusiones del trabajo derivaron en un documento con propuestas que será entregado a las ocho candidaturas presidenciales.

En seis sesiones de trabajo las organizaciones – Centro de Estudios del Desarrollo, Chile Transparente, Espacio Público, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundación Generación Empresarial, Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, Horizonte Ciudadano (fundada por la expresidenta Michelle Bachelet), Instituto de Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad y Rumbo colectivo- se abocaron a la tarea de construir de forma colaborativa una propuesta de carácter técnico y transversal de reformas clave en materia de integridad y transparencia.

Las medidas presentes en la propuesta, a la que tuvo acceso La Tercera y que se dará conocer este viernes, representan, según sus impulsores, en los mínimos transversales que debieran formar parte prioritaria de la agenda del próximo gobierno, y, como tales, contaron con la aprobación unánime de las organizaciones participantes.

Las propuestas

Las 30 propuestas están agrupadas, a su vez, en cinco grandes ejes: Integridad y transparencia; Servicio civil y empleo público; Fortalecimiento de gobiernos subnacionales; Empresa y sociedad civil; y finalmente, Datos, tecnología y transformación digital.

En el primer eje, Integridad y transparencia, las organizaciones plantean cinco propuestas: modernizar la regulación del Consejo para la Transparencia; mejorar el estándar de publicación de transparencia activa, asegurando que la información pueda ser accesible, utilizable y distribuida libremente; asegurar un diagnostico objetivo y técnico sobre la implementación de los mecanismos de financiamiento público de la política; Establecer un registro único de proveedores para compañas políticas, administrado y controlado por el Servel; y dotar de regulación permanente mediante ley marco a las transferencias realizadas por instituciones públicas a organizaciones privadas.

En el segundo eje, Servicio civil y empleo público, las organizaciones proponen: fortalecer las audiencias públicas en el proceso de nombramiento de autoridades en que concurre el acuerdo del Senado; impulsar una agencia pública para evaluar las políticas públicas; promover la reforma al Estatuto Administrativo buscando el perfeccionamiento de la carrera funcionaria; perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública; reforzar la obligación del registro ante la Contraloría General de la República del personal contratado en el marco de programas; perfeccionar la evaluación del requisito de salud compatible con el cargo, limitando las instituciones de salud acreditadas para otorgar la certificación y revisando los procedimientos para decretar la vacancia del cargo; garantizar la eficiencia de los sumarios administrativos; y establecer regulaciones para la movilidad entre el sector público y privado, especialmente para funciones fiscalizadoras y reguladoras.

Respecto del tercer eje, que tiene que ver con el Fortalecimiento de los gobiernos subnacionales se propone: establecer la creación de sistemas de integridad, considerando un Código de Ética, canal de denuncias y consultas y funcionario responsable del sistema, como una obligación legal para los gobiernos regionales y municipalidades; fortalecer la capacidad de control tanto del Concejo Municipal como del Consejo Regional; reformar el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales para distinguir con claridad entre funcionarios de carrera y cargos de confianza; ampliar el sistema de alta dirección pública a cargos directivos de municipalidades; extender el control de la Unidad de Control a la transferencia y gestión de los recursos corporaciones municipales y regionales, y las unidades de control y auditoría interna de los gobiernos regionales; dotar de regulación permanente a las obligaciones sobre probidad y transparencia para las corporaciones municipales y regionales mediante legislación; considerar un portal público que centralice información sobre transferencias realizadas por gobiernos regionales.

En tanto, sobre el cuarto eje, Empresas y sociedad civil, se propone; habilitar un registro centralizado de beneficiarios finales de empresas; construir una metodología que permita implementar un sistema de evaluación de inversiones (screening) para prevenir la entrada de capitales corrosivos; mejorar la regulación de los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil de las instituciones públicas, especialmente en gobiernos subnacionales; establecer una obligación de transparencia activa para organizaciones privadas sin fines de lucro que reciban financiamiento estatal; establecer una clasificación de organizaciones privadas sin fines de lucro, según nivel de ingresos y dependencia a recursos públicos; implementar mecanismos de cumplimiento y prevención de delitos en organizaciones de la sociedad civil.

Sobre el último punto, Datos, tecnología y transformación digital, se propone: implementar una gobernanza de datos efectiva en la Administración del Estado; establecer mecanismos de interoperabilidad sobre bases de datos en poder de la Administración del Estado a los órganos que componen el sistema de control público, en el marco de sus respectivas atribuciones; y fortalecer el control de la dedicación exclusiva y el cumplimiento de jornada de funcionarios públicos.

Al respecto, el presidente del directorio Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, sostuvo que “hemos facilitado un diálogo transversal único, porque entendemos que las soluciones duraderas requieren una visión de Estado y deben nacer desde los acuerdos. El resultado es este Pacto de Integridad, 30 propuestas concretas, analizadas y consensuadas por centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político para fortalecer la probidad y transparencia del país”.

Además, añadió: “Lo que ponemos a disposición de los comandos es una hoja de ruta para pasar de los diagnósticos a la acción. Les ofrecemos la oportunidad de adoptar una agenda robusta en materias críticas como el empleo público, los gobiernos subnacionales y la regulación de transferencias estatales, transformando la integridad en una política de Estado perdurable, esencial para la calidad de nuestra democracia”

Finalmente, Ferreiro puntualizó que “la democracia que necesitamos descansa en la confianza ciudadana en sus instituciones. Nada es más urgente que fortalecerla. A eso apunta este esfuerzo transversal”.