La cita de este lunes de los presidentes de partidos de la oposición en la sede del PS tuvo una resolución clara: un fuerte llamado al gobierno a que retire del Parlamento la reforma constitucional de seguridad.

El emplazamiento de las fuerzas progresistas -que integran colectividades como la DC, PL, PS, PPD, FA y PC- surge en medio de las críticas transversales, que incluye a parte del oficialismo, a la propuesta del Ejecutivo.

Uno de los puntos de la reforma que más cuestionamientos ha generado en el mundo político es el nuevo estado de excepción que propone. A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este es de exclusiva facultad del presidente de la República, se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

Ante las críticas, La Moneda del Presidente José Antonio Kast se abrió a bajar la urgencia al proyecto, que fue ingresado a través del Senado. Sin embargo, para la oposición no es suficiente.

Luego de la reunión, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo: “La decisión política de esta mesa de presidentes hoy día es solicitarle al gobierno que retire la reforma constitucional, que construya soluciones reales para la gente, que nos aboquemos a la frondosa agenda legislativa que hay”.

“Respecto del tema penitenciario que nos ocupa a todos, ya hay una reforma constitucional. Así que ahí ya hay una reforma sobre la que podríamos conversar, como sin duda podrá haber otra, o incluso plantear una desde nuestro sector”, dijo.

En sentido, afirmó que desde la oposición existe “un apoyo importante a lo que significa la acción de seguridad, pero también vemos falencias en la agenda propuesta por el gobierno, la que vamos a contestar en los próximos días”.

“No basta”

El diputado Raúl Soto, timonel del Partido por la Democracia (PPD), apuntó en la misma línea, al señalar que “no basta con la señal de retirar la urgencia. Sería una señal mucho más clara y contundente que el gobierno derechamente retire la reforma constitucional, la replantee y haga un trabajo prelegislativo para consensuar algo que sea efectivo en seguridad, pero tomando los resguardos democráticos que exige el Estado de derecho de nuestro país”.

Además, recalcó que el problema de fondo no es la disposición a legislar en seguridad, sino la concentración excesiva de facultades en el Presidente de la República, sin control del Congreso, restándole atribuciones al Poder Judicial y debilitando al Tribunal Constitucional. “Esa es la forma moderna en que mueren las democracias: se van debilitando de a poco, eliminando los contrapesos políticos y debilitando la separación de los poderes del Estado. Para eso no vamos a estar disponibles”, afirmó.

La presidenta saliente de Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, cuestionó que la reforma “lo único que logra es darle atribuciones del emperador a un Presidente de la República”.

“Es un proyecto que retrocede en los principios de separación de los poderes y que al mismo tiempo este gobierno ha planteado con todas sus reformas la idea de reducir el Estado en materia de derechos sociales y al mismo tiempo darle facultades solo al Ejecutivo”, criticó.

A eso añadió que para discutir “en serio” en materia de seguridad, se “tiene que fortalecer los tribunales, el Ministerio Público, las policías y que el Ejecutivo haga su trabajo, que es coordinar a los distintos actores. Esta reforma solamente busca darle un poder excesivo al Presidente de la República que de hecho puede hacer mucho más voluble nuestro sistema democrático y nuestras instituciones a organismos del crimen”.

El líder del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en tanto, apuntó que “la idea de reforma constitucional vinculada a los temas de seguridad no da a lugar”.

“Debe ser retirada, sin perjuicio del debate para fortalecer en todo lo que sea necesario las políticas públicas en seguridad, que incluyan fortalecimiento incluso del punto de vista carcelario, del punto de vista de las policías, etcétera, con una raya muy clara y concreta. No se puede confundir y bajo ese pretexto arrasar con los legítimos derechos que tienen las personas y los movimientos para expresarse desde el punto de vista social”, enfatizó.