Fue el 22 de noviembre de 2024 cuando la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta María José Saavedra notificó una buena noticia al equipo de investigadores que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco del caso ProCultura.

La magistrada le dio luz verde al persecutor para ejecutar una medida intrusiva muy utilizada en casos de narcotráfico, pero casi nunca usada en causas que involucran a altos cargos políticos de La Moneda: la interceptación de las comunicaciones telefónicas del entonces jefe de asesores del Presidente de la República, el sociólogo Miguel Crispi (FA).

El pinchazo autorizado por la magistrada Saavedra duró el máximo que permite el Código Procesal Penal, es decir, 60 días.

En la carpeta investigativa del caso ProCultura hay informes de la PDI donde la policía recogió los avances de ese primer pinchazo en el cual transcribió conversaciones que “podrían estar vinculadas a la presente investigación”. En esos informes hay varias conversaciones tachadas en negro e incluso páginas censuradas por completo.

A propósito de ese primer pinchazo -autorizado solo para efectos de la indagatoria por lavado de activos, fraude al Fisco, cohecho y tráfico de influencias de ProCultura-, a Cooper le llegó un informe policial que contenía una conversación del 7 de enero que nada tenía que ver con la fundación del siquiatra Alberto Larraín y que fue catalogada por la PDI como un “hallazgo casual relevante”.

En el diálogo figuraba Crispi hablando con su mamá, Claudia Serrano (PS), un intercambio que luego se transformó en la razón por la cual Cooper decidió abrir una investigación sobre la fallida compra de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee la conversación que dio inicio a la indagatoria penal por la compraventa del inmueble.

Ese diálogo, de contenido político, no es el único que llegó a manos de Cooper.

Crispi, los presidentes de partido y el PPD

El 24 de enero de este año el juez del Juzgado de Garantía de Antofagasta Andrés Santelices también le dio una buena noticia a Cooper. En una breve resolución de una plana, volvió a darle el visto bueno al Ministerio Público para extender el pinchazo a Crispi por otros 60 días más.

Para convencer al tribunal, Cooper expuso varias conversaciones de contenido político que habían sido captadas en la primera interceptación. Conversaciones cuyo cariz se aleja por completo de los delitos indagados en la causa ProCultura.

Las conversaciones expuestas, en un escrito firmado por el fiscal Eduardo Yáñez, hacen referencia a la relación de Crispi con los presidentes de partido de la alianza de gobierno e incluso su visión sobre el control que debe tener el PPD sobre los parlamentarios díscolos que, pese a ser independientes, forman parte de la bancada del partido que lidera el senador Jaime Quintana.

Por esas fechas arreciaban en contra de La Moneda las críticas por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Las escuchas -a las que accedió La Tercera y que se adjuntaron en el informe policial N° 47 de fecha 22 de enero de 2025- incluyen un diálogo entre Crispi y una mujer cuya identidad no quedó identificada, pero que a juicio de la PDI podría ser su pareja, Olivia Contreras.

El escrito de Yáñez dice lo siguiente: “Comenta a su pareja que planea utilizar sus contactos e influencia con los presidentes de los partidos políticos para buscar respaldo, ya que como lo menciona con sus palabras ‘los recibo todas las semanas, les doy almuerzo, les doy la píldora‘, por lo que busca que estos ‘le presten ropa’ según como lo señala en la comunicación, lo que denota la necesidad de apoyo frente a los hechos en cuestión”.

Siguiendo esa misma línea, el fiscal Yáñez adjuntó una segunda escucha, también de contenido político, y alejada del caso ProCultura.

“Miguel se comunica con un sujeto de nombre Álvaro, al que le solicita que hable con Quintana (se desprende que se trataría de Jaime Quintana, senador y presidente del PPD), debido a que ‘salió en La Tercera un grupo de parlamentarios hueveando de nuevo por Crispi’. Miguel quería que Álvaro le dijera a Quintana que Musante (Camila Musante, diputada de la bancada del PPD), su candidata en La Araucanía, necesitaba comportarse de manera más ordenada si quería ser senadora y no seguir actuando como diputada. Asimismo, le comenta que también estaba involucrado en dicho asunto Jaime Araya (diputado Jaime Araya, también de la bancada del PPD). Álvaro se comprometió a hablar con Quintana y transmitirle el mensaje”, se lee en el escrito de la Fiscalía.

Ese diálogo, según el Ministerio Público, se conecta con el que tuvo con su pareja, “ya que Miguel realiza un llamado a un sujeto al que le solicita conversar con un presidente de un partido político en busca de respaldo; lo anterior, con ocasión de los comentarios de diputados del oficialismo, en contra de su gestión, frente a los problemas de público conocimiento, como lo son, por ejemplo, el caso Monsalve y Convenios señalados en el reportaje”.

Ambas conversaciones sobre política y cuatro notas periodísticas adjuntadas por el fiscal Yáñez fueron suficientes para que el magistrado Santelices diera por acreditada la existencia de “fundadas sospechas basadas en hechos determinados” para seguir escuchando el teléfono de Crispi por otros 60 días más.

La estrategia de Cooper de pinchar celulares de altas autoridades de La Moneda no se quedó ahí. El fiscal estuvo dispuesto, incluso, a interceptar las comunicaciones privadas del Presidente de la República, Gabriel Boric. La diferencia fue que el juzgado bloqueó la solicitud y luego, ante la reposición de Cooper, fue la jueza Sissi Bertoglio quien confirmó la negativa.

Sin embargo, Cooper ha utilizado los pinchazos como su estrategia principal para armar su caso. Contando a Crispi, el fiscal consiguió autorización para pinchar a otras 56 personas, entre las que está la expareja de Larraín, la siquiatra Josefina Huneeus.

Esa última interceptación es lo que motivó que los abogados de Huneeus -Alejandro Awad y Miguel Schurmann- presentaran un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el que terminará siendo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema.

Pese a que la jueza Bertoglio justificó su autorización para dar luz verde al pinchazo, el amparo de Huneeus alega que “la concesión por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta de esta insólita petición, sin fundamento real, y las posteriores renovaciones de esta diligencia, menoscaban gravemente las garantías de doña Josefina. Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje”.