Luego de los anuncios en materia de seguridad realizados por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, confirmó que el Ejecutivo evalúa la creación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en determinados sectores o barrios con altos índices de criminalidad.

Ante esto, se les consultó a distintos alcaldes sobre su posición al respecto, donde muchos valoraron las medidas. Sin embargo, también precisan la necesidad de que existan las garantías necesarias para resguardar el rol y las atribuciones del personal militar.

Los anuncios fueron recibidos de distinta manera. Desde Las Condes, Catalina San Martín valoró cualquier iniciativa destinada a reforzar la seguridad y destacó la necesidad de recuperar la presencia del Estado en los territorios. Al mismo tiempo, señaló que aún existen materias pendientes, como la implementación de la ley de seguridad y su reglamento, además de una mayor dotación policial.

“Yo quiero agradecer la apertura, escuchar también a los municipios respecto a las necesidades que estamos teniendo en materia de seguridad. Se va a tener que ingresar probablemente algunos ajustes en materia de seguridad y el ministro ha estado muy atento respecto a eso. Entonces, nada, tenemos sin duda alguna también varias deudas”, sostuvo la jefa comunal.

En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri respaldó la evaluación de mecanismos excepcionales para barrios donde el crimen organizado haya alcanzado niveles críticos. “Cuando la delincuencia desplaza al Estado y los vecinos sienten que perdieron sus barrios, no basta con hacer más de lo mismo”, sostuvo.

El jefe comunal planteó que una eventual medida debe contar con “reglas claras, plazos definidos, control institucional y bajo el liderazgo de Carabineros”, junto con fortalecer las capacidades estratégicas y tecnológicas de las instituciones.

Mientras que la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, tiene una postura similar, donde aseguró que “como municipio, valoramos todas las medidas que contribuyan a fortalecer la seguridad de nuestros vecinos”. Si el Gobierno está evaluando la participación de efectivos militares en los barrios, creemos que esa alternativa podría ser positiva, siempre que existan todas las garantías necesarias para resguardar la seguridad, el rol y las atribuciones del personal militar".

Desde Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti también valoró la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las labores de seguridad, aunque pidió que el proyecto sea abordado con acuerdos amplios. La jefa comunal sostuvo que se trata de una propuesta que “hemos dicho por años” y recordó que en marzo de 2024 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, había planteado una alternativa en esa línea.

Ripamonti destacó además la experiencia de Viña del Mar en materia de coordinación entre el municipio, la Armada y las policías. “La seguridad no se construye con eslóganes ni con anuncios, sino con planificación, coordinación y trabajo conjunto”, afirmó.

En esa línea, pidió que el eventual proyecto tenga una tramitación con “mayor responsabilidad política”, ya que, a su juicio, un cambio de esta magnitud requiere “diálogo, acuerdos amplios y capacidad de construir mayorías, no imponer una visión por la mínima diferencia”.

Una postura más crítica manifestó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien puso en duda la capacidad del Ejecutivo para concretar los anuncios realizados en materia de seguridad.

“El problema del gobierno es la falta de credibilidad, a propósito de que vamos escuchando anuncios, pero pareciera ser que todavía se mantiene en campaña, porque en la práctica las acciones que esperaríamos que ocurrieran, no ocurren”, afirmó en entrevista con radio Cooperativa.

Respecto del eventual apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad, White señaló que “sin duda que serían una colaboración importante”, aunque enfatizó que su utilización debe estar acompañada de protocolos claramente definidos.

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, se mostró crítico ante la medida, apuntando: “Que el gobierno de Kast esté evaluando esta medida refleja su nula capacidad de avanzar en fortalecer una estrategia de seguridad como tal. Las vecinas y vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero la respuesta no puede ser militarizar los barrios”.

“Las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol excepcional y complementario en inteligencia, logística o apoyo tecnológico, pero la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad de Carabineros y la PDI. Lo que hoy necesitamos es fortalecer la investigación criminal, perseguir el patrimonio del crimen organizado, levantar el secreto bancario y profundizar la coordinación con los municipios”, precisó el jefe comunal.

De esta manera, mientras el Ejecutivo avanza en la evaluación de un mecanismo constitucional que permita intervenir de manera focalizada territorios con altos niveles de criminalidad, los alcaldes coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad, aunque mantienen diferencias respecto de la forma, los recursos y las condiciones bajo las cuales debería implementarse.