El caso Procultura es una arista del denominado caso Convenios o Líos de plata y terminó transformándose en la investigación más grande derivada de la original.

Cada cierto tiempo aparecen nuevos antecedentes sobre este caso – los últimos, luego que lunes imputados y querellantes accedieran a la carpeta investigativa- y acá intentamos dar una explicación para entender sus alcances.

¿Cómo surgió la investigación?

El pasado 16 de junio del 2023, estalló el denominado Caso Convenios tras conocerse las irregularidades en las transferencias que la fundación Democracia Viva recibió desde la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta.

Tras ello, más de 50 fundaciones comenzaron a ser investigadas y ProCultura fue la que más revuelo mediático y judicial ha generado como consecuencia de la cantidad de actores involucrados desde diferentes reparticiones del gobierno.

¿Qué es la Fundación Procultura?

Según su propio sitio Web, ProCultura se define como “una fundación sin fines de lucro, que a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”.

ProCultura fue creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín -quien se ha jactado de su supuesta amistad con el Presidente Gabriel Boric- y la fotógrafa Ilonka Csillag.

Aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556 cuando asumió el actual gobierno) y es indagada por Fiscalía por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con gobiernos regionales.

¿Quiénes están involucrados?

Uno de los investigados es Miguel Crispi, quien se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entre marzo y septiembre de 2022.

El frenteamplista declaró como imputado en febrero de 2024 por validar el convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura por un proyecto por $629 millones para pintar tres fachadas de esa ciudad.

Además, de Crispi, gobernadores fueron declarados sujetos de interés, entre ellos Claudio Orrego de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes. Además, del exgobernador Rodrigo Díaz (ex DC), del Biobío.

Entre los convenios analizados está el que firmó Orrego con ProCultura para un proyecto “Quédate”, destinado a la “prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”. El contrato fue por un monto de $1.683.788.000 y fue visado por la subdere. La fundación sólo rindió $600 millones.

Luego la Contraloría abrió un juicio de cuentas contra el gobernador de Ñuble por la asignación directa de $268.100.000 a ProCultura en 2022 para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.

Además, la UDI se querelló por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias a raíz del acuerdo alcanzado entre ProCultura y la Gobernación Regional del Biobío, encabezada por Rodrigo Díaz, para la limpieza y recuperación de fachadas en Antofagasta, por un total de $ 629 millones.

El fiscal del caso

El fiscal nacional, Ángel Valencia, sacó de la investigación al suspendido fiscal regional de Aysén Carlos Palma - por sus chats con Luis Hermosilla y con Gonzalo Migueles, la pareja de la exsuprema Ángela Vivanco- y le entregó la indagatoria al fiscal de Coquimbo Patricio Cooper.

Cooper ha logrado protagonismo por este caso y además porque paralelamente lleva adelante la investigación por el denominado caso Sierra Bella.

Escuchas y filtraciones

Las escuchas telefónicas por el caso ProCultura permitió a la Fiscalía conocer una conversación entre Crispi con su madre Claudia Serrano, donde se habló del rol de la exsenadora Isabel Allende en la fallida adquisición de la casa de su padre el expresidente Salvador Allende.

En tanto, según Ex – Ante, el Ministerio Publico solicitó intervenir inicialmente el teléfono de Crispi por 60 días, pero que después renovó por otros 60 días la petición para pinchar su celular.