Algunos movimientos tácticos de última hora se registraron esta mañana en la sala de la Cámara de Diputados con el fin de cambiar el itinerario de tramitación de los dos proyectos de seguridad escolar presentados por el gobierno.

Aunque los ajustes fueron aceptados por el Ejecutivo, daban cuenta de que las bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, aún no tenían una estrategia clara para abordar estas iniciativas. En uno de estos ajustes se acordó, con la oposición dividida, cambiar el primer texto -que modifica el Código Penal para elevar sanciones por violencia escolar- a la Comisión de Constitución.

No obstante, el segundo mensaje presidencial, que incluye varias medidas de control en los establecimientos como la revisión de mochilas y la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria a alumnos condenados por hechos de violencia, solo quedó en manos de la Comisión de Educación y se rechazó derivarla a otras instancias.

Este segundo proyecto gubernamental es precisamente el que generó más controversia en la Cámara, ya que la medida que restringe la gratuidad ha sido una histórica iniciativa de los diputados de la UDI, que infructuosamente trataron de incluirla en las pasadas leyes de Presupuesto, pero nunca prosperaron por falta de apoyo entre los propios senadores de derecha.

En 2019, la entonces diputada María José Hoffmann (UDI), con las firmas de otros legisladores como Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, también presentó una moción en la misma línea, pero que tampoco logró avanzar en la Comisión de Educación.

En el gobierno confirman que se trata de un gesto a los diputados gremialistas. El problema es que a partir de ese punto la mayoría de la oposición pudo articular un relato en contra de la agenda de seguridad escolar, presentada este martes en la mañana por el Presidente José Antonio Kast.

La jefa de bancada del PC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Daniela Serrano, cuestionó la iniciativa en un punto de prensa en el Congreso, al señalar que lo que se pretende es eliminar beneficios sociales. “Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad”, dijo.

“(En la derecha) lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de Presupuestos, muchas veces pusieron restricciones que son inconstitucionales, que las llevamos al Tribunal Constitucional y hoy día quieren pasarlo bajo una ley de la República que es permanente”, zanjó Serrano.

“Vamos a terminar en un país cavernario. Esta propuesta lo que busca es el término de la gratuidad. La gratuidad no es algo que acomode al gobierno porque no le parece que sea un derecho a la educación y se van a buscar pretextos para terminar con ello”, añadió la diputada Lorena Pizarro (PC).

“Cuando un estudiante recae en una de estas conductas (de violencia), es cuando más necesita que el Estado invierta en su trayectoria educativa. Si dejamos solos a los niños, niñas y jóvenes que han cometido un delito o un error grave, por cierto, lo que vamos a estar generando es que se profundice esa conducta, en vez de llegar con apoyo del Estado… La política educativa chilena y la violencia en las escuelas requiere soluciones concretas, no gestos simbólicos ni sensacionalismo”, comentó la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio).

“Las medidas que propone el gobierno dan cuenta de algo preocupante: nuestras autoridades son estudiantes de colegio privado que no tienen idea de como enfrentar la realidad de la educación pública... Se optó por el camino de las propuestas que no resultan. Ya lo intentaron una vez con el proyecto aula insegura y fue una formula fracasada: los niveles de violencia escolar están en su peak”, expresó el diputado Juan Santana (PS).

Su par de bancada, César Valenzuela (PS), en tanto, sostuvo que “lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles” y cuestionó que “un estudiante que hace un desorden termine perdiendo la gratuidad”.

Pese a los reparos, el Ejecutivo le puso carácter de “suma urgencia” a ambos proyectos, por lo que la Cámara tendría un plazo, en teoría, de 15 días para despachar las propuestas gubernamentales.