Una gran inquietud quedó abierta en la Comisión de Constitución de la Cámara, que la semana pasada inició la discusión de un conjunto de reformas que buscan modificar las rentas vitalicias que se pagan a expresidentes de la República.

Si bien los autores de estas iniciativas, que se fusionarán en un solo proyecto, apuntaban particularmente al Presidente Gabriel Boric, quien una vez que deje La Moneda quedará con una suerte de jubilación de por vida a los 40 años de edad, durante la discusión saltó otra alarma.

En el debate y en las consultas de los propios diputados quedó expuesto un vacío legal y constitucional que existe desde 2020, durante el último gobierno, año en que se modificó el artículo de la Carta Fundamental que habilitaba el pago de dietas y asignaciones a parlamentarios y expresidentes.

En esa reforma de 2020 se borró de la Constitución la frase que decía que los expresidentes y legisladores también percibirán, además, “todas las asignaciones”, que correspondían a un ministro de Estado.

En el caso de los senadores y diputados, el cambio no tenía un efecto práctico, ya que sus asignaciones eran sacadas de la Constitución, pero igualmente quedaban respaldadas en la Ley Orgánica del Congreso y en la Ley de Presupuesto de la Nación, que considera anualmente los gastos parlamentarios para oficinas, contratar personal de apoyo, bencina, viajes y otras actividades por el ejercicio del cargo.

Sin embargo, en el caso de los expresidentes, en la Carta Fundamental solo quedó estipulada la dieta (hoy estimada en $7.348.983) y sus asignaciones no quedaron regladas ni habilitadas en ninguna ley.

A diferencia de la dieta (“la plata propia” que recibe una autoridad por su trabajo), las asignaciones son recursos fiscales, que no constituyen renta privada, y deben ser rendidos anualmente para justificar su buen uso (oficinas, personal y gastos de traslación).

El problema o vacío que detectaron algunos diputados es que ni la Ley Orgánica del Congreso ni la Ley de Presupuesto habilitan el uso de este dinero fiscal, que, hasta la fecha, se sigue entregando a los exmandatarios para sus gastos ligados a la dignidad institucional.

En mayo de 2025, por ejemplo, además de la dieta, a la expresidenta Michelle Bachelet se le pagaron $758.848 por concepto de “traslación” (viajes y bencina) y $8.495.313 para el funcionamiento de oficinas (sede de su fundación y personal de apoyo).

En el mismo mes, al exjefe de Estado Eduardo Frei se le otorgaron $1.909.561 por traslación y $8.495.313 por oficinas y personal.

El exmandatario Ricardo Lagos Escobar, también en mayo de este año, recibió $1.809.561 por traslación y $8.278.902 para su sede y sus colaboradores.

“La Constitución es muy clara, en el artículo 30 y el 62, a los expresidentes corresponde pagar una renta equivalente a lo que se les paga a los ministros. Pero, obviamente, las asignaciones no se consideran renta en ese sentido. Entonces, no están comprendidas ahí las asignaciones que paga el Congreso (a sus parlamentarios) en virtud de la ley orgánica. Entonces, aquí, efectivamente, hay una cuestión que está fuera de norma”, comentó el diputado Luis Sánchez (republicano), quien fue uno de los que alertaron este tema producto de un análisis que hicieron.

En esta inquietud coincidió el diputado Raúl Leiva (PS). “A propósito de la discusión de las dietas, en la Comisión de Constitución planteamos la problemática de cuál es la fuente legal de las asignaciones que se entregan a los expresidentes de la República. En función de varias modificaciones legales, entendemos que no hay una fuente legal directa. Eventualmente, a través de alguna glosa de la Ley de Presupuesto, se podría consignar. Circunstancia que he revisado y no he logrado ubicar”, comentó.

Historia de un vacío

En efecto, la Ley de Presupuestos, desde el año 2000 -cuando se reguló la norma constitucional que generaba el “estatuto de los expresidentes”-, comenzó a pagar las dietas y las asignaciones de los exmandatarios desde la partida del Congreso Nacional, a través del Senado.

La razón de ello es que en la antigua Constitución del 1980 los expresidentes se convertían en senadores vitalicios. La idea de los legisladores fue darle continuidad a esa responsabilidad fiscal.

El mencionado “estatuto de los expresidentes” había sido la consecuencia de una negociación de la transición política que tenía como finalidad lograr la renuncia de Augusto Pinochet al Senado, quien, tras dejar la comandancia en jefe del Ejército, se transformó en el primer senador vitalicio en marzo de 1998.

Una de las exigencias de Pinochet fue conservar el fuero judicial y, además, las asignaciones de un parlamentario para mantener oficinas, ya que su dieta igualmente estaba cubierta por su jubilación como militar en retiro.

La Concertación, por su parte, pidió que a Patricio Aylwin se le reconociera su dignidad como expresidente, ya que, por haber encabezado un gobierno de transición de solo 4 años, no pudo asumir como senador vitalicio. La idea era garantizarle una remuneración a Aylwin, quien tras dejar La Moneda no tenía ningún tipo de “jubilación” fiscal.

Así se llegó a la reforma del 2000 (Ley 19.672 o “estatuto de expresidentes”), que establecía que a quienes tuvieron la dignidad de Primer Mandatario se les aplicarían las disposiciones del artículo 62 de la Constitución, que amarraba sus dietas y sus asignaciones a los ingresos que tenían parlamentarios y secretarios de Estado. “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”, decía la norma.

El borrón posestallido

No obstante, ese esquema cambió en 2020. Tras el estallido social, el Congreso tramitó un conjunto de reformas para reducir “los sueldos” de las autoridades. Una de esas mociones era del entonces diputado Gabriel Boric.

Fue en esa discusión legislativa en que se resolvió sacar las asignaciones de la Carta Fundamental para dejarlas reguladas solo en la ley. El problema es que aparentemente los parlamentarios no se percataron que estaban dejando sin piso jurídico las asignaciones de los expresidentes que solo estaban en la Constitución.

Hoy la Carta Fundamental, en el mencionado artículo 62, solo dice que “los diputados y senadores (y por extensión los expresidentes) percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”, sin mencionar asignaciones.

La Ley de Presupuestos, en tanto, tampoco tiene una glosa que habilite el pago de las asignaciones. Solo hace referencia a la “aplicación de la Ley 19.762″, cuya alambicada fórmula para asegurar los ingresos para los expresidentes ya no es la misma que se legisló en 2000.