El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en entrevista con La Tercera dijo que su cartera decidió modificar el reglamento de la llamada “Ley Uber” y señaló que será publicado después de conversar con Contraloría, institución que ya había aprobado esta nueva norma.

“Hay que hacer algo bien paradójico. Hay que publicar la versión antigua y repasarla rápidamente por la nueva versión del reglamento”. Sobre esto anunció que ya están en la fase final de revisión del reglamento por lo que “habrá novedades pronto”, como explicó el ministro.

Según de Grange el reglamento original “genera mucho daño no sólo a la industria. No sólo a los conductores de las aplicaciones, sino también a las comunidades, a los pasajeros, a los usuarios”.

Entre sus críticas al reglamento vigente está la exigencia de la cilindrada de 1.400 cm3, algo que señaló como “un exceso”, así también como la exigencia de antigüedad de hasta un año para los nuevos vehículos inscritos en el sistema y las restricciones de movilidad entre comunas.

Sostuvo que el mayor impacto sería en el empleo, en que proyectaba que podría aumentar a un 9,3% con esta iniciativa.

Por otro lado, los cambios que su cartera planea hacer, según él “buscan mantener la conectividad en comunas periféricas, suburbanas y rurales, además de evitar incrementos tarifarios y deterioro en la calidad del servicio”.

Reacciones de parlamentarios de la Comisión de Transportes

Sobre estas declaraciones, los parlamentarios de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de las distintas bancadas se han dividido en torno al plan del Gobierno.

El diputado Ignacio Achurra, del Frente Amplio, dijo que este proyecto tuvo una larga discusión y que tiene como objetivo elevar los estándares de seguridad para usuarios y conductores. “La ley busca además equiparar las exigencias entre los servicios de aplicación y los taxis como exigir licencia profesional para los conductores. Me parece bien que el ministro de Grange tome este tema como prioritario, pero creo que se debe ser preciso en algunas informaciones. Primero, el reglamento otorga un tiempo de transición que permite que vehículos con hasta 10 años de antigüedad sigan operando”.

Y añadió que “no es real que los autos no puedan atravesar comunas. Por supuesto que pueden hacerlo, igualmente ir a otras regiones, pero volviendo siempre a su propia región. El reglamento es mejorable, pero debe hacerse con sentido de urgencia y no seguir dilatando la implementación de esta ley”.

Por otro lado, Marlene Pérez, diputada independiente con cupo de la UDI, dijo que “por supuesto que las aplicaciones de transporte requieren un marco legal, pero debemos actuar con responsabilidad y criterio. La rigidez de las medidas propuestas podría provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes”.

“Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Tenemos que ser cuidadosos y hacer los ajustes necesarios para no perjudicar justamente a quienes dependen de este sistema día a día”, señaló también la diputada.

El diputado de la bancada del Partido Democráta Cristiano, Felipe Camaño, por su parte comentó que “el propio ministro, antes de asumir el cargo, había advertido que alterar estas exigencias generaría retrasos significativos en su implementación. Recordemos que la ley entrará en vigencia 30 días después de la publicación de su reglamento en el Diario Oficial”.

Sobre algunas de las modificaciones que quiere implementar de Grange mencionó que “la ley señala que los requisitos técnicos deben equipararse a los exigidos para los taxis. En ese sentido, el tamaño de la cilindrada y la antigüedad máxima de los vehículos incorporados en el reglamento que ya se encuentra en trámite van a estar en la misma línea”.

“Durante el gobierno anterior insistimos en reiteradas ocasiones para que el reglamento de la nueva ley Uber fuera ingresado lo antes posible y así pudiera entrar en vigencia la ley. Este nuevo anuncio prolonga la incertidumbre. Los conductores operan sin normas claras, expuestos a multas arbitrarias que afectan su sustento diario. Finalmente sería bueno llevar este debate al Congreso para una discusión técnica y equilibrada que garantice una aplicación efectiva de la ley, protegiendo tanto a los conductores como también a los usuarios“, concluyó Camaño.

Fabián Ossandón, diputado del Partido de la Gente, dijo que “no es posible que hoy tengamos una ley aprobada, pero sin un reglamento claro para su aplicación, porque esa falta de definiciones genera incertidumbre y termina perjudicando a conductores, usuarios y al ordenamiento del transporte”.

“Por eso es urgente que el Gobierno entregue certezas y avance de una vez por todas, pero no con cualquier reglamento, sino con uno moderno, realista y centrado en la seguridad, tal como ocurre en otros países donde existen reglas claras e incluso zonas definidas para este tipo de servicios, ya que Chile no puede seguir con vacíos que afectan la calidad del servicio o que permiten riesgos innecesarios”, señaló.

El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann comentó que tras las declaraciones del ministro “lo que hoy queda en evidencia es que el reglamento impulsado por el pésimo gobierno de Gabriel Boric, estaba mal diseñado y completamente desconectado de la realidad. Pretendían imponer exigencias que dejaban fuera a miles de conductores, afectando directamente el empleo y encareciendo un servicio que hoy es fundamental para muchas familias”.

Y dijo que “valoro que hoy se esté corrigiendo el rumbo, porque es necesario hacerse cargo de un diseño que, de haberse aplicado, habría golpeado fuerte tanto a los trabajadores como a los usuarios. Chile necesita regulaciones bien pensadas, que protejan el empleo y respondan a la realidad del país”.

El diputado del Partido Socialista, Francisco Crisóstomo cree que “el Gobierno tiene que ser más claro en cómo va a enfrentar esta situación. Hoy miles de personas trabajan en aplicaciones de transporte y no podemos tomar decisiones que terminen afectando su fuente de ingresos”.

“Si el propio Gobierno reconoce que hay tiempos difíciles para muchas familias, también debemos evaluar mecanismos de apoyo o subsidios para quienes hoy están trabajando con sus propios vehículos en estas plataformas. Aquí lo importante es cuidar el empleo, mejorar la movilidad de la personas y avanzar en una regulación que sea justa para todos y todas”, indicó.

El parlamentario del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi señaló que “lo del ministro de Grange no es un ajuste técnico, es evitar un desastre. El reglamento de la Ley Uber, tal como estaba, expulsaba hasta un 85% de la oferta: autos fuera por antigüedad absurda, restricciones ridículas como no poder moverse entre comunas, y conductores simplemente eliminados del sistema”.

Además mencionó que “un conductor de Maipú no podría trabajar en Providencia, o alguien con un auto funcional quedaba fuera solo por no ser ‘nuevo’. Esto no era regulación, era exclusión. Corregirlo es defender empleo, movilidad y sentido común”.

A mediados de marzo, el ministro de Grange, tras una reunión con representantes de plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify y los sindicatos de conductores de estas mismas aplicaciones, se autoimpuso un plazo de 2 a 3 meses para poner en marcha el nuevo reglamento.

En ese entonces les dijo “a aquellas personas que trabajan tanto jornada completa, jornada parcial, esporádica en las aplicaciones, transmitirles que estamos trabajando con un sentido de urgencia extraordinario”.

La legislación fue promulgada en abril de 2023 y tuvo un último freno para su publicación por parte del gobierno anterior a días del cambio de mando, quienes argumentaron en aquella ocasión que buscaban, por un lado, entregar mayores certezas a los trabajadores de estas plataformas.

También dijeron que esta pausa fue para permitir que las futuras autoridades terminaran el proceso de implementación e introdujeran modificaciones si así lo estimaban. Algo que fue valorado en ese entonces por las autoridades del actual ministerio.