Inversión ingresada a evaluación ambiental cae 16% en el primer trimestre del año

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Entre enero y marzo se presentaron 159 proyectos de inversión al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por un monto total de US$11.658 millones, mientras que en igual período de 2021 fueron 228 las iniciativas, con un valor de US$13.954 millones. Exministros de Medio Ambiente entregan una serie de recomendaciones para fomentar el ingreso de proyectos al SEA.




La semana pasada, cuando el Banco Central entregó su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el ministro de Hacienda Mario Marcel manifestó su preocupación. La desaceleración del consumo y de la inversión, y la aprobación de un proyecto de ley que permita un eventual quinto retiro de fondos previsionales, generan inquietud en La Moneda.

En medio de un escenario macroeconómico poco alentador, no sólo el ente rector está dando cuenta de cifras que evidencian el enfriamiento de la economía, también lo hace el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), órgano técnico dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y que, entre otras tareas, se encarga de tramitar grandes proyectos de inversión.

Durante el primer trimestre de 2022, el monto total de iniciativas sometidas a tramitación ambiental disminuyó 16% en comparación con igual período del año anterior. Así, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se presentaron 159 proyectos, por un monto total de US$11.658 millones, mientras que en el mismo lapso de 2021 fueron 228 las iniciativas ingresadas, con un valor de US$13.954 millones.

Según la revisión realizada por Pulso, en el primer trimestre de 2022 ocho regiones bajaron la inversión sometida a evaluación ambiental. A modo de ejemplo, las regiones de Atacama y O’Higgins disminuyeron en 52% y 57%, respectivamente, el monto de inversión presentada al SEA.

Otra de las diferencias que se aprecia radica en el origen sectorial de los titulares de los proyectos de inversión, ya que sí durante el primer trimestre de 2021 hubo una gran cantidad de proyectos ingresados al SEA vinculados al sector de energía, entre enero y marzo de 2022 estos sufrieron una baja considerable. De hecho, están siendo desplazados por otros vinculados al sector inmobiliario y de la minería.

De hecho, durante el primer trimestre de 2021 hubo 126 proyectos ligados a energía, mientras que en el primer cuarto de 2022 sólo se han presentado 41.

Durante el presente año el proyecto de inversión más cuantioso ingresado a tramitación ambiental fue Aguas Marítimas. La iniciativa busca la desalación y conducción de agua a los sectores de Antofagasta Norte, La Negra y Calama, todas zonas urbanas de la Región de Antofagasta. La iniciativa requiere un desembolso de US$5.000 millones.

Le sigue el proyecto “ERNC Loa”, que considera la instalación de un Parque Eólico de 248 MW, dotado de un conjunto de 40 aerogeneradores de 6.200 kW de potencia unitaria y una Planta Solar Fotovoltaica de 270 MW de potencia nominal. El proyecto, con una inversión de US$495 millones en su conjunto, dispondrá de una potencia instalada de 518 MW. Además, contempla la habilitación de un camino de acceso, una bodega y una torre meteorológica; así como instalaciones temporales para materializar las obras.

Cambios para fomentar proyectos

Frente al declive en la inversión, Pulso consultó al último ministro del Medio Ambiente del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Javier Naranjo, sobre cuáles a su juicio debieran ser los cambios al SEA para fomentar el ingreso de proyectos.

A su parecer, “en el SEA trabajan grandes profesionales, que se esfuerzan en dar la mayor certeza técnica y jurídica posible. En ese sentido, cualquier cambio al SEIA debe ir en la lógica de otorgar y aumentar la mayor y mejor certeza a todos los usuarios del sistema, es decir, comunidades, titulares, ONG, entre otras, pero cuidando respetar los tiempos de evaluación. En ese sentido, hay que destacar que en los pasados cuatro años y a pesar de la pandemia, los tiempos de tramitación en el SEIA han disminuido, pero respetando siempre la normativa ambiental”.

“En particular, un tema que ha generado discusión y que probablemente será una propuesta de modificación es la participación ciudadana anticipada, la cual es caso de proponerse por el Ejecutivo, debe otorgar certeza a las partes involucradas en aquella, para que sea efectiva dicha participación, cuidando y respetando la autonomía de voluntad de los intervinientes”, explicó el ahora nuevo director de medio ambiente y recursos naturales de JDF Abogados.

Mientras que su par de la última administración de Michelle Bachelet, Pablo Badenier, fue más allá y sostuvo que los cambios al Servicio de Evaluación Ambiental deben incluir también la eliminación del Comité de Ministros, “para que los recursos de reclamación sean resueltos por los tribunales ambientales, que son tribunales especializados”.

Asimismo, indicó que “se deben acotar las tipologías de ingreso al SEIA. Ingresa al SEIA un número muy considerable de proyectos. Debería eliminarse el ingreso obligatorio, por ejemplo de sistemas de transportes, estaciones de servicios y otros, donde el SEIA no le agrega valor al proyecto ni al entorno”.

Para el exsubsecretario del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, hoy socio del estudio Schultz, Carrasco & Benítez, “es importante tecnificar las decisiones para evitar arbitrariedades que generan incerteza a los proyectos. Asimismo, hay que dar directrices claras sobre cuándo procede la participación ciudadana, para evitar que los tribunales terminen tomando esa decisión”.

“Creo que es importante entender que el SEIA es un instrumento de protección ambiental, no de fomento de la inversión. Sin perjuicio de eso, la certeza en torno a estos procedimientos es un punto sensible tanto para la inversión como para los derechos de las personas, por lo que es necesario trabajar en eso. Una mejora considerable en la participación ciudadana es necesaria y asimismo que se eliminen ciertas interpretaciones ilegales que ha hecho el SEA y que generan una mayor conflictividad, precisamente porque olvidan que el rol del SEIA es proteger el medio ambiente, sostuvo Ezio Costa, director Ejecutivo ONG FIMA y profesor de derecho ambiental, Universidad de Chile.

“En temas regulatorios, se observa la necesidad de una solución normativa que contemple uno o más procedimientos reglados que permitan abordar la modificación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs) de proyectos. En la práctica, los proyectos de inversión evaluados experimentan cambios; sin embargo, nuestro ordenamiento no ofrece una respuesta idónea para resolver tal necesidad y superar las limitaciones de las consultas de pertinencia”, añadió la abogada Paulina Riquelme, socia fundadora de Eelaw.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.

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