A pesar de que a la fecha no han sido citados a declarar Franco Parisi, quien reside en Alabama, Estados Unidos, ni tampoco Mauricio Lizana, los rostros más visibles de Inmobiliaria Royal, MBI Inversiones ha continuado con su arremetida para recuperar los departamentos que han sido ocupados en el denominado “edificio sin ley”.

El pasado jueves 5 de mayo, el fondo interpuso en el 11° Juzgado de Garantía una querella por “usurpación violenta” debido a que dos días antes, en horas de la madrugada, una multitud de individuos, destruyendo las puertas, sus chapas y los perfiles de acero que les servían de resguardo, ingresaron a 45 departamentos del inmueble, “amenazando incluso de muerte a los conserjes del edificio”, describe la acción judicial.

El 19 de octubre de 2021, MBI Inversiones logró recuperar la administración del edificio que estaba en manos de Inmobiliaria Royal. “Todos los departamentos estaban con moradores, ninguno de ellos con contrato de arriendo vigente, muchos de ellos eran extranjeros indocumentados. Esto motivó como consecuencia que el edificio se convirtiera en un foco de narcotráfico, prostitución, riñas y devino en la afectación a la paz de los vecinos del sector”, acotó la acción penal.

El caso es que luego de ser ocupados los departamentos, la inmobiliaria presentó un denuncia ante la Comisaría de La Cisterna. Acto seguido un contingente de Carabineros desalojó a los ocupantes y luego fueron formalizados 24 detenidos. Todos ellos eran inmigrantes ilegales: 23 de nacionalidad venezolana y un colombiano.

Todo comenzó el 27 de abril de 2021, cuando Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -filial del holding financiero- presentó una querella por estafa y lavado de dinero contra Franco Parisi, ex candidato presidencial del Partido de La Gente (PDG), su primo Luis Moraga Parisi y el fundador de la inmobiliaria Royal SpA. Mauricio Lizana.

Pero el nexo entre el ex abanderado del PDG con el Edificio Riga comienza mucho antes. El exvicedecano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile envió un correo el 17 de diciembre de 2019 en el que se mostró muy interesado en que MBI Inversiones y Royal SpA firmaran el contrato. “Yo estaré de todas maneras. ¡Puedo a cualquier hora!”, dijo el ingeniero comercial en alusión a la reunión que se debían por aquellos días concretar los ejecutivos de MBI Inversiones y Royal para firmar el contrato de leaseback financiero. En sencillo: este consistía en que la adquisición del inmueble se financia a cambio de una renta mensual y al cabo de un determinado periodo, el financista transfiere la totalidad del inmueble, una vez que se haya pagado el 100% de su valor.

En mayo de 2021, pocos días después de interpuesta la querella, MBI Inversiones a través de su oficial de compliance efectuó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que envió de manera confidencial a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la plataforma interna del regulador. Esto debido a que la entidad es sujeta a la supervisión del regulador al ser una administradora de fondos de inversión.

Pasó un año con una serie de actuaciones internas y finalmente hace unos tres meses la UAF habría enviado los antecedentes al Ministerio Público. Conocedores del caso destacan este hito del caso, pues daría cuenta de la preocupación que generó al regulador los movimientos financieros de Royal en el Edificio Riga, como el cobro de la renta a los arrendatarios en efectivo.

En el caso MBI Inversiones, cuenta con una doble asesoría. En la arista penal trabaja con el abogado Eduardo Riquelme, socio de Riquelme Portilla, mientras que en el frente civil es representada por la abogada Macarena Iturra, socia de Ocqueteau, Iturra y Cía.

En su querella de hace un año, MBI Inversiones destacó que Franco Parisi se dio a la fuga luego de realizar activas gestiones para que se concretara la operación con Inmobiliaria Royal SpA.

“Los querellados hicieron entrega material del mencionado inmueble a un conjunto de sujetos –liderados por Luis Moraga Parisi, primo hermano de Franco Parisi– que realizan los cobros de las rentas en efectivo, fuera del sistema financiero formal, desconociéndose cómo esos retornos son entregados a Franco Parisi y Mauricio Lizana, cometiendo además eventuales delitos tributarios, en un contexto de una multiplicidad de delitos violentos en el interior del Edificio Riga, donde se ha dado muerte a una persona que fue lanzada desde la azotea del edificio, se ha lanzado a otro sujeto desde el piso 6, y en general causando un foco criminal inusual en nuestro país, dominado por extranjeros que se autodenominan sicarios”, acotó la acción que radica en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Uno de los últimos movimientos del caso en el tribunal es meramente procesal. El 15 de febrero de 2022, la abogada Tania González, quien aseguraba representar a Mauricio Lizana; José Mansilla; Jonathan Bravo; Luis Antonio Moraga y Derwin Bravo, renunció a la causa. “Por el presente, renuncio a ambas calidades, por razones personales y por existir diferencias irreconciliables por ahora en el destino de la defensa, dando cuenta en este acto a la Defensoría penal Publica con el fin de asignarle un abogado patrocinante en la presente causa”, sostuvo en su presentación.

Sin embargo, el tribunal negó la petición, puesto que “no había asumido el patrocinio y poder en la presente causa respecto de los imputados”.

Desde La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.