“Nuestra representada es una empresa constructora con gran actividad dentro del mercado, lo cual nos ha llevado a participar de proyectos de gran relevancia social”. Así comienza el escrito con que Delta Ingeniería y Construcción S.A. ingresó el martes pasado al 21° Juzgado Civil de Santiago, solicitando la apertura de un procedimiento concursal de reorganización judicial.

Se trata de una de las modalidades que otorgó la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento a fin de evitar que la compañía caiga en una situación de liquidación forzosa. En términos simples la constructora -controlada desde 2009 por capitales venezolanos- busca congelar los títulos ejecutivos, como boletas y pólizas de seguros para evitar su quiebra. De hecho, el escrito señala que Delta Ingeniería y Construcción posee pasivos por $20.271 millones por boletas de garantía, y de $16.387 millones por pólizas de garantía. En total son US$54 millones. Entre los principales acreedores están: Banco BBVA, BCI, Banco Consorcio, Scotiabank Chile, Banco Security y Cesce Chile Aseguradora.

Altas fuentes ligadas a la compañía confirman que la reestructuración de pasivos va en línea con el proceso de búsqueda de socio, que se encuentra en etapa avanzada y que se maneja bajo absoluta reserva. Por lo mismo la apuesta de la firma es cerrar esta vía a fin de evitar un flanco judicial que entrampe las negociaciones de sumar un socio. Otros conocedores destacan que el proceso será exitoso, pues existe un avance en las conversaciones con un gigante constructor de Sudamérica.

“Por diversas razones, nos encontramos frente a una compleja situación económica que nos ha llevado a explorar diversas alternativas de reestructuración de nuestros activos y pasivos, para poder dar cumplimiento íntegro a todas nuestras obligaciones”, aclara el escrito presentado por los representantes legales de la constructora, Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda.

“Hemos desplegado nuestros mejores esfuerzos para optimizar nuestros estándares de productividad y cumplir con todas las obligaciones contraídas con nuestros acreedores, pero requerimos necesariamente de un procedimiento concursal de reorganización judicial que otorgue certeza jurídica a nuestros acreedores y garantice la suscripción de un acuerdo para poder reemprender con nuestro negocio”, complementa el escrito.

Si el tribunal accede a la petición de la constructora, los títulos ejecutivos se congelarían por 30 días, prorrogables por 90 días más. Es decir -se lee en el documento- “no podrá declararse ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento”

Más aún “se suspenderá la tramitación de los procedimientos señalados o los plazos de prescripción extintiva. (…) Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago”, consigna el libelo al que tuvo acceso este medio.

Proyectos

A través de su página web, la compañía se define como especialista en construcción de obras de edificación y proyectos de mayor envergadura, tales como: hoteles, edificios de oficinas, supermercados, obras civiles, conjuntos y edificios habitacionales, etc.

Fundada a mediados de los 90, la firma comenzó a diversificarse, ampliando su campo de acción, creando filiales y formando consorcios para seguir su senda de expansión.

En el año 2007, los accionista de la empresa contratista multinacional Empresas Y&V, con sede en Venezuela, adquirieron parte del capital accionario de la empresa. En 2009 tomaron el control.

Sus unidades de negocios se dividen en retail, edificación, industriales e infraestructura.

PULSO contactó a la compañía, sin embargo, no hubo respuesta.