Graña y Montero cae 8% tras prisión preventiva contra ex directivos ligados a Odebrecht

Un duro golpe recibieron ayer los papeles de la constructora peruana Graña y Montero (GyM) luego de que se revelara la decisión de prisión preventiva contra ex directivos de la compañía vinculados al escándalo Odebrecht.

En lo que va del año el valor de la empresa se ha reducido a menos de la mitad, sumando una nueva jornada de pérdidas con una baja de hasta -8% para cerrar con un leve repunte en los US$0,52575, acumulando un retroceso de -45% en el último mes.

En la madrugada del martes el juez Richard Concepción decidió admitir la medida restrictiva por 18 meses contra José Alejandro Graña Miró Quesada (GyM), Hernando Alejandro Graña Acuña (GyM), Fernando Gonzalo Camet Piccone (J.J. Camet Contratistas Generales) y José Fernando Castillo Dibós (ICCGSA) por el delito de colusión en la Concesión Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

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Entre los argumentos, Concepción señaló que hay un alto grado de probabilidad de delito de lavado de dinero y colusión, acotando que las empresas tenían conocimiento de los US$20 millones que entregó Odebrecht al ex Presidente Alejandro Toledo, actualmente prófugo en EEUU, en un acuerdo con Jorge Barata (hombre clave del caso en Perú).

Sumado a lo anterior, las empresas socias de Odebrecht en el país vecino habrían cedido parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación. "Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", afirmó el fiscal y agregó que "se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales", es decir, US$15 millones.

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El fallo también determinó que el empresario Gonzalo Ferraro Rey, ex gerente de infraestructura de G&M cumpla la orden en una clínica, tras revelarse que tiene cáncer.

Según las evidencias reunidas hasta ahora, los ejecutivos arriesgarían condenas de entre 6 y 11 años de cárcel.

El efecto y arrastre de Lava Jato en Perú no pasó desapercibido para nadie desde su explosión en ese país en noviembre del año pasado.

Los ecos del caso salpicaron al mismo Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue acusado de haber recibido financiamiento para su campaña por parte de la empresa brasileña.

Hasta ahora el mandatario y su equipo político insisten en que no hay pruebas que lo vinculen con Odebrecht, mientras que la justicia pide que aclare su presunta relación comercial o profesional con la cuestionada compañía.

Ante una serie de acusaciones constitucionales por parte del Congreso, el juez Concepción aseguró que el fallo contra los ex directivos no fue realizado bajo ningún tipo de presión. "Fue una audiencia larga, compleja (...) La duración fue en función a la participación de cada una de las partes y por el esfuerzo que tuve que hacer para estudiar el caso", dijo magistrado.

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