En la mañana del viernes falleció el ex presidente del holding Inverlink y protagonista del mayor escándalo financiero de la década pasada, Eduardo Monasterio, quien se encontraba condenado a 541 días de prisión remitida tras ser condenado por malversación de caudales públicos, estafas y soborno.

El ejecutivo había sido absuelto inicialmente por el juez Patricio Villarroel en octubre de 2013, pero  la decisión fue revocada en 2014 por los magistrados Juan Escobar Zepeda, Marisol Rojas y el abogado Jaime Guerrero, quienes decidieron condenarlo y además,  junto a otros siete ejecutivos del fallido conglomerado, debió pagar las costas del juicio e indemnizar a Corfo en una suma de $26.462 millones.

La muerte de Monasterio se produce a más de 10 años desde que el 3 de marzo 2003 se destapara el escándalo luego de que el presidente del Banco Central, Carlos Massad, se diera cuenta de que su secretaria había enviado un correo electrónico desde su computador a Enzo Bertinelli, socio de Inverlink, con una serie de datos que el ejecutivo usaba para anticiparse al mercado y con los cuales mejoraba sus retornos.

A partir de ese momento se hizo pública la fraudulenta forma de operar del grupo Inverlink que utilizaba fondos públicos para enriquecerse.  Como consecuencia, el 7 de marzo se descubre un fraude por más de US$100 millones a la Corfo. Su tesorero Javier Moya estaba coludido con el holding financiero. Al día siguiente, el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Gonzalo Rivas, presentó una querella en contra de quienes resultaran responsables del desfalco en la entidad estatal. Dos días después, Rivas renuncia al cargo.

El hecho causó pánico entre los inversionistas, quienes retiraron masivamente sus inversiones del grupo, haciéndolo caer por una crisis de liquidez.

Las causas abiertas

El retiro de los fondos llevó a los ejecutivos del holding a realizar una serie de venta de papeles financieros, los que implicaron un fraude a Corfo por US$100 millones, y por el cual aún existen causas abiertas.

A fines de 2014, en el aspecto civil, la corte se acogió la demanda presentada por Corfo y se determinó que los condenados debían pagar solidariamente la suma de $26.462,2 millones, por concepto de daño emergente; indemnización que también debe pagar BBVA Corredora de Bolsa Limitada, por la responsabilidad derivada de la conducta de sus ex funcionarios Juan Pablo Prieto y Frank Leighton Castellón.

Y es que según la investigación judicial, a fines de la década de los 90, ejecutivos del holding Inverlink contactaron a Javier Moya, quien se desempeñaba en la Corfo, para realizar maniobras engañosas para eludir prohibiciones de ventas de papeles de la entidad estatal, maniobras en las que, además, contaron con el apoyo de entidades bancarias.

En la resolución, el tribunal de alzada dictó penas de 800 días de presidio para Javier Moya Cucurella; y de 541 días para Eduardo Monasterio Lara, Eduardo Tapia Donoso, Luis Alberto Hernández Palma, Lawrence Fletcher Vera, Juan Pablo Prieto Viviani, Gino Tirapegui Palomino y Frank Leigthon Castellón.

Con todo, aún resta que la Corte Suprema confirme la sentencia.

Sin embargo, Corfo sólo ha podido restituir cerca de $15 mil millones de los US$85 mil millones.

En 2013, la Suprema dictó sentencia de forma unánime para que Energas (ex Chilquinta) restituya $1.084 millones, más beneficios y reajustes, por “los beneficios que obtuvo de manera ilegítima de parte del grupo Inverlink”, esto pues ellos habrían sido uno de los inversionistas que compraron los depósitos de Corfo vendido ilegalmente por Inverlink. En abril de 2013 también el máximo tribunal ordenó a San Antonio Terminal Internacional restituir a Corfo más de $400 millones obtenidos de manera ilegítima desde Inverlink.

Previo a ese fallo, la Suprema había fallado en contra de la Municipalidad de La Pintana (por $500 mills.) y también la sociedad de inversiones Torres del Paine (por $2.500 mills.), esto en lo que concierne a las acusaciones de provecho de dolo ajeno, el cual involucra a un total de 26 empresas. Empresas como Sacyr o la Compañía Chilena de Tabacos, sociedades como Inversiones Santa Cecilia Ltda., ligada a José Yuraszeck; y otros municipios como el de Vitacura, en un contexto donde Inverlink ya estaba suspendida, efectuaron un rescate de sus inversiones por un total de $50 mil millones, dineros que, sin saberlo, eran de la estatal, causas que permanecen abiertas.