Faltan 48 días para el cambio de mando y según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) actualmente están en trámite 404 proyectos, los cuales representan una inversión total de US$91.111 millones.

El listado es encabezado por grandes proyectos de hidrógeno verde, como H2 (US$16.000 millones) y HNH Energy (US$11.000 millones) en la Región de Magallanes e Inna (US$10.000 millones) en la Región de Antofagasta.

Estos tres proyectos fueron suspendidos por el titular luego de recibir observaciones por parte de la entidad en cuestión. En el caso de H2, que consiste en la construcción y operación de una planta de producción de amoníaco para exportación, fue suspendido hasta el 28 de mayo de 2026.

En cuanto a HNH Energy, es una iniciativa similar a la de H2 y se encuentra suspendida hasta el 31 de marzo de 2026. Respecto del proyecto INNA, imbricado en cuestionamientos por amenazar los cielos del norte del país, consiste en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas y fotovoltaicas para la producción de hidrógeno y amoníaco verde. El plazo de suspensión culminará el 29 de mayo de 2026.

Siguiendo con el sector de energía, otros tres proyectos que totalizan US$3.394 millones son el Proyecto Híbrido Solar, Eólico y de Almacenamiento de Energía Llanura Solar (US$1.300 millones), el Parque Eólico Alto Los Muermos (US$1.000 millones) y el Parque Fotovoltaico Peuco (US$794 millones).

El sector de minería es el segundo que concentra el mayor monto de iniciativas en calificación. Actualmente cuenta con 56 proyectos que suman US$7.746,9912 millones.

En primer lugar se encuentra la Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres de US$2.000 millones. Le siguen la Optimización Operacional en Pila de Lixiviación de Sulfuros y Planta de Emulsión Matriz de Minera Escondida y el proyecto de Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic de Codelco, ambos de US$1.300 cada uno; en total, suman US$4.600 millones.

En estos 404 proyectos en tramitación que suman US$91.111 millones se encuentran las 14 iniciativas que están a la espera de ser votadas por el Comité de Ministros, la máxima instancia del SEIA que preside la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas.

Al cierre del gobierno en dos ocasiones, el Ejecutivo suspendió la sesión del Comité de Ministros por motivos de “agenda”. Los proyectos que debía revisar -según los últimos dos llamados- son: “Desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví”, impulsado por la Inmobiliaria El Refugio, propiedad de la familia Lería, que considera una inversión de US$2.000 millones; y “Terminal GNL Penco-Lirquén”, de GM Energy SpA, que contempla una inversión de US$165 millones.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explican que, por el momento, no hay una fecha definida para la reunión de la instancia, aunque se anticipa que se llevará a cabo antes de marzo.

De acuerdo a lo consignado por Pulso, en comparación con la gestión del Comité de Ministros del expresidente Sebastián Piñera antes del cambio demando, mientras que en 2025 se desarrollaron ocho sesiones en las que se revisaron 14 proyectos por un monto de inversión de US$7.216 millones, en las cinco sesiones que se hicieron durante 2021 se aprobaron ocho proyectos por un total de US$3.657 millones.

La voz de los expertos

Actualmente existe un proyecto de ley que busca modernizar el sistema de evaluación de proyectos en materia ambiental, pero de momento sigue en primer trámite legislativo. Dicha iniciativa busca reemplazar a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y al Comité de Ministros para eliminar las instancias políticas y, en caso de existir controversias, el siguiente paso sería acudir a Tribunales Ambientales.

Respecto a los cambios que harían más eficiente la tramitación de proyectos de inversión, el exministro de Medio Ambiente de Sebastián Piñera, Javier Naranjo, habla de de tres planos que deben revisarse: administrativo, legal e interno.

Asegura que deben revisarse aquellos documentos, tales como guías e instructivos dictados, que “terminan operando como verdaderos reglamentos”. En el aspecto legal, hace referencia a la importancia de agilizar el proyecto de ley que reforma el SEIA, que se encuentra detenido en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. En el plano interno, “los indicadores de cumplimiento son claves para que exista un esfuerzo conjunto, orientado a evaluar los proyectos con mayor rapidez”, finaliza.

En la misma línea, la socia de Eelaw, Paulina Riquelme, separa las reformas en tres categorías. En el caso de las reformas de gestión, “revisaría las formas de trabajo, la organización y distribución de los trabajos en los equipos, además de la uniformidad de criterio en las regiones” dado que “es fundamental para una evaluación ambiental expedita”.

Respecto a los cambios legislativos, haría reformas estructurales tanto en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como en el SEIA, incorporando una tercera vía de tramitación más simplificada. Ante esto, defiende que “la evaluación del impacto significativo debiera ser de competencia específica, exclusiva y excluyente del SEA”. Mientras que en términos administrativos, cree que es importante reducir el papeleo.

Por su parte, la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, que además participó en la tramitación legislativa que creó al SEA, Ximena Insunza, destaca los números de aprobación durante este período del SEA, pero además cree que es necesario que se consolide la “rectoría técnica” de la entidad, y con ello “modificar la composición de las COEVAS y eliminar el comité de Ministros”.