La discusión sobre cómo es fiscalizada Codelco llegó a las sesiones de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. El organismo fue fundado en 1976 para asesorar a los gobiernos en materia de cobre y otros minerales, pero también fiscalizar a las empresas mineras del Estado: Codelco y Enami, labor que, según dan cuenta las últimas actas de la comisión, se ha visto minimizada.

“La señora vicepresidenta ejecutiva (s) (Claudia Rodríguez) manifiesta su plena conformidad con la necesidad de revisar la forma en que Cochilco desarrolla sus funciones. Señala que, durante los últimos años, se ha intentado reiteradamente actualizar y armonizar sus atribuciones legales, considerando que la normativa orgánica que rige a la institución data de 1976 y ha experimentado escasas modificaciones, algunas de las cuales no han logrado adecuarse plenamente a la finalidad para la cual fue creada”, se lee en el acta N° 6 del 3 de julio.

Continúa: “Originalmente, Cochilco ejercía un control mucho más directo sobre Codelco, que comprendía incluso la revisión de sus contratos y operaciones de compra y venta. Sin embargo, dicho modelo ha evolucionado, sin que la legislación se haya actualizado en forma paralela. Por ello, estima que una reforma legal constituye una herramienta que debe evaluarse, sin perjuicio de revisar también la manera en que la institución ejerce actualmente sus funciones”.

Precisamente, una norma de la Ley que fundó Cochilco, de 1976, daba la potestad a la entidad para autorizar las exportaciones de cobre y sus subproductos, teniendo que informar luego al Banco Central sobre las operaciones autorizadas. Esto fue modificado por un nuevo texto de 1987, que limitó la atribución de esa autoridad solo a informar el valor de las exportaciones.

Visiones del gobierno

La discusión interna en Cochico surgió a propósito de la investigación especial que inició la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de cuentas de Codelco, vinculada al pago de bonos, incentivos y la producción de cobre y otros minerales en los años 2024 y 2025.

Claudia Rodríguez hizo saber en la reunión que ella se enteró de este proceso por un boletín de legislatura y no por una notificación formal. Alertó la posibilidad de que esta investigación se cruzara con otras ya puestas en marcha por Cochilco, una de ellas, sobre la producción de Chuquicamata, y que comenzó en febrero, concluiría en julio. Otras iniciadas también en julio terminarían en septiembre.

Ante ello, el ministro de Minería, Daniel Mas, quien presidió la sesión, planteó “la necesidad de revisar de manera profunda la oportunidad, el alcance y la efectividad de las funciones que desempeña Cochilco”, agregando “que la institución debiera estar en condiciones de reaccionar oportunamente ante hallazgos relevantes, priorizar sus fiscalizaciones e identificar otras eventuales anomalías o riesgos que no hayan podido abordarse debido a limitaciones de recursos, tiempo o programación”.

En la sesión del 29 de mayo, Rodríguez ya había planteado algo similar. Allí dijo que todas las empresas públicas son fiscalizadas por la Contraloría con excepción de Codelco, que le corresponde a Cochilco.

“Al igual que la Contraloría, que no sanciona directamente si encuentra algo irregular, Cochilco tampoco, y lo que se hace es denunciar los hallazgos que lo ameriten a los organismos competentes y sólo se aplican multas cuando nos impiden realizar nuestra labor, vale decir, cuando en el ejercicio de nuestras facultades fiscalizadoras requerimos información y no la entregan o cuando, según determinó este consejo, de los resultados de nuestro trabajo deben generar planes de acción y no los presentan”, señaló. “Es un tema más bien jurídico, a nivel institucional administrativo público que nos impide tener más facultades”.

Presupuesto y anteproyecto

En la sesión de julio, la vicepresidenta Rodríguez remarcó la preocupación del organismo sobre las restricciones presupuestarias que ha enfrentado la institución año tras año, donde se le exige ajustes de entre 2% y 3% a la baja, teniendo que reducir así su dotación.

Alle, planteó la autoridad, “sin perjuicio de entender que el país tiene restricciones y que el ministerio debe priorizar distintos programas dentro de un marco presupuestario limitado. Sin embargo, Cochilco ha presentado todos los años sus requerimientos y, pese a ello, históricamente ha operado con un presupuesto insuficiente, sin recibir los recursos necesarios para modernizarse y cumplir adecuadamente sus funciones”, dijo la autoridad.

La respuesta del gobierno ante ello, de la mano del ministro Mas, fue que “el análisis no debe limitarse a mejoras incrementales ni partir necesariamente de la estructura actual”, pidiendo ”examinar, con una mirada externa y estratégica, el propósito para el cual fue creada Cochilco, las necesidades de la minería del siglo XXI, las áreas en que puede aportar mayor valor con los recursos disponibles y el costo de ampliar dicho aporte”.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, agregó que “el problema no se resuelve únicamente mediante la incorporación de más recursos, funcionarios o tecnología”, y que “la tecnología debe acompañar la modernización de los procesos y no precederla”. Su llamado fue a la reflexión respecto de la forma en que son ejercidos los roles y la búsqueda de maneras eficientes de cumplirlas.

“Si no se modifica la manera de pensar y trabajar, incluso la incorporación de cincuenta funcionarios adicionales produciría resultados similares”, afirmó en la sesión. “Solo después de rediseñar los procesos, la tecnología podrá generar una diferencia significativa”.

Por toda esta discusión sobre el rol de Cochilco, Rodríguez informó que en 2022 se hizo una planificación, con apoyo de una consultora externa, que concluyó en un anteproyecto de modernización legal del organismo, el que fue entregado al entonces gobierno en octubre de 2025. En la sesión acordaron poner los antecedentes a disposición del gobierno para ser examinados.