El gobierno de José Antonio Kast comenzó su plan de ajuste fiscal. Los ministerios y servicios ya están explorando los espacios que tienen para recortar el 3% que les solicitó el Ministerio de Hacienda para llegar a US$3.000 millones como primera etapa y luego otros US$3.000 millones, cuando presenten la ley de Presupuestos 2027.

Ante de terminar el gobierno, la Dirección de Presupuestos de la administración de Gabriel Boric, envió un oficio al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) como respuesta a su informe sobre el incumplimiento de las metas fiscales.

En ese mismo oficio, como anexo, analizó los programas qué más recursos tienen y que, por lo demás, son los que tienen un mayor impacto social.

Así, el oficio firmado por la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, señala que respecto al presupuesto 2025, se observa que existe un alto porcentaje de gasto rígido y una oferta programática fragmentada, lo que dificulta ajustar de forma sustantiva el gasto durante el año. “El 92% del presupuesto 2025 corresponde a materias comprometidas por ley, materias excluidas del acuerdo del ajuste presupuestario definido en la tramitación del Presupuesto 2025, y materias que están directamente relacionadas con la administración del orden público y la justicia o la inversión pública”, explicó, un argumento que ya había expuesto con anterioridad.

Por lo mismo, indica que “este ejercicio es una aproximación a qué porcentaje o monto del presupuesto corresponde a materias que tienen compromiso legal y que no afectan de manera relevante a los servicios educacionales, de salud, prestaciones previsionales, fuerzas de orden y seguridad pública, inversión pública, administración de la justicia, emergencias”.

Así, del total del gasto 2025, que equivale a $81.902.667 millones, el 45% son recursos de Beneficios Sociales y Prestaciones Legales, seguido por Operación Servicios de Salud, Atención Primaria y Servicios Educativo, con el 17%; Gasto de Capital con 14,3%; Administración de la Justicia, Policías y Defensa, con 7,7%. Luego, en menor escala, aparecen los Organismos Fiscalizadores y de Emergencias, con un gasto equivalente al 2,4% del total; el pago de intereses captura otro 4,9% y el resto, un 8,4%.

En su análisis también señalan que, respecto a la fragmentación de la oferta, 60 programas públicos ejecutan el 88% del gasto total ejecutado correspondiente a la oferta programática. Otros 646 programas representan un 12% del gasto total de dicha oferta, lo que demuestra una alta fragmentación, decía la Dipres.

Los programas

La Dipres analizó los 50 programas que implican un mayor gasto fiscal para tener un orden de magnitud a la hora de evaluar el ajuste fiscal. En total,la sumatoria de esos 50 programas equivalen a cerca del 40% del gasto presupuestario de 2025.

El que lidera es el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con $5.482.285 millones, representando el 6,7% del total del Presupuesto 2025.

A la PGU le siguen la Subvención Escolar Regular con $4.697.484 millones yun peso de 5,7% sobre el total; y otras subvenciones escolares con $2.570.727 millones con una representación de 3,1% sobre el total.

Más atrás aparecen Pensiones del Sistema de Reparto, con $ 2.159.975 millones, (2,6% del total) y Gratuidad de la Educación Superior con un desembolso de $2.049.882 millones significando un 2,5% del total.

A esos programas le siguen el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49 con $ 1.480.463 millones (1,8% del PIB); Subvención Escolar Preferente con $ 1.313.661 millones (1,6% del total); Trasporte Público Metropolitano con $1.776.722 millones (1,4%); Programa alimentación Escolar con $ 972.443 millones con 1,2% del total; Modalidad Libre Elección con $ 891.756 millones (1,1% del total); Crédito con Aval del Estado con $848.015 millones y un peso de 1% y el Subsidio Familiar Único con $666.273 millones y una representación de 0,7%.

Este análisis lo hizo la administración saliente para refutar la crítica del CFA, que afirmó que dado el nivel efectivo de ingresos estructurales, habría sido necesario un ajuste de gasto de US$ 6.948 millones (un 2% del PIB y un 8,1% del gasto ejecutado en 2025, para complir con la meta de balance estructural de -1,6% del PIB prometida por el gobierno. El déficit estructural fue finalmente de 3,6% del PIB.

En este contexto, en el oficio se señala que “reconociendo la importancia de realizar los ajustes de gasto necesarios para el cumplimiento de las metas fiscales, cabe señalar que la recomendación del Consejo no considera la imposibilidad, de no mediar cambios legislativos o la afectación de la continuidad de servicios públicos, que implicaría materializar una reducción del gasto del orden de US$6.948 millones dentro de un mismo año”.

En este sentido, se puntualiza que “en distintas instancias —incluyendo comunicaciones directas al propio Consejo y presentaciones de carácter público— se ha expuesto la significativa rigidez que presenta una parte relevante del gasto público, así como las obligaciones legales que condicionan su ejecución".

Por ello, el oficio de 10 páginas menciona que “focalizar el análisis en este aspecto, sin considerar los antecedentes y restricciones relevantes, puede limitar una discusión plenamente informada, tanto desde el punto de vista técnico como de política pública, respecto de la situación fiscal”.