Progresa el plan de Codelco-SQM. Esta tarde Corfo informó que ingresó a la Contraloría General de la República (CGR) la resolución que aprueba las modificaciones de los contratos para el proyecto en el Salar de Atacama y el arrendamiento de pertenencias mineras OMA. Estas últimas son las concesiones mineras en el Salar de Atacama que son propiedad de Corfo.

El ingreso se trata de un trámite clave para la continuidad de la operación en el Salar. El proyecto, que se realizará a través una alianza público-privada entre Codelco y SQM, cuenta con contratos de arrendamiento de SQM vigentes hasta 2031. Los nuevos contratos con Codelco y su filial Minera Tarar tendrán efecto entre 2031 y 2060, habilitando así el proyecto de ambas firmas.

“Este acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio que busca asegurar dos objetivos: una mayor participación del Estado de las rentas asociadas al litio y el aumento sostenible de su producción en un contexto global de creciente demanda por este mineral”, precisó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, según informó el mismo organismo en un comunicado.

La versión final de los contratos fue aprobada el pasado lunes 15 de septiembre, luego de terminado el proceso de consulta indígena. Estos contratos establecen un sistema de pago de rentas de arrendamiento respecto al precio del litio y los demás productos a consumidor final que se vendan a partir de la explotación del Salar.

Además, se consignan aportes para el desarrollo territorial al Gobierno Regional de Antofagasta, a las comunas de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena. También, están consideradas en estos aportes las organizaciones indígenas atacameñas de la Cuenca del Salar.

Benavente agregó que “un elemento sustantivo de todo este proceso ha sido el apego a la normativa vigente, respetando, particularmente, al Pueblo Lickanantay o Atacameño para lo cual Corfo desplegó una Consulta Indígena que se extendió por cerca de 10 meses y contempló más de 40 reuniones, con la activa participación de las organizaciones representativas, en la que finalmente logramos converger a entendimientos comunes en diversos temas de interés para el Pueblo Lickanantay o Atacameño, lo que da estabilidad y gobernabilidad a estos contratos”.

Los contratos establecen que en el segundo semestre de 2026, las empresas deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para desarrollar el proyecto Salar Futuro.