El último día del año pasado, BancoEstado presentó una demanda contra la Constructora Inmobiliaria e Inversiones Centro Sur Limitada, solicitando dictar una resolución de liquidación de la empresa.

El motivo de la petición de quiebra es que la deudora no ha cumplido con las condiciones pactadas en el acuerdo de reorganización concursal de 2022. Según el banco, la inmobiliaria no ha pagado “ninguna de las cuotas acordadas” desde el 25 de septiembre de 2025, y hasta la fecha, no ha firmado la documentación relacionada con los créditos con garantía estatal, a pesar de las constantes insistencias, alternativas y prórrogas que se le otorgaron. “Esta situación se considera un incumplimiento de lo establecido en el capítulo 3.3.1 del acuerdo, titulado Condiciones Más Favorables Para Acreedores Financieros Avalistas Con Garantía Estatal”, consignó la acción judicial a la que tuvo acceso Pulso.

El 26 de octubre de 2022, la junta de acreedores de la inmobiliaria aprobó un plan de reorganización que le permitiría continuar con su actividad y reestructurar una deuda de $5.746 millones. Los principales acreedores eran el Banco de Chile, con una deuda de $1.071 millones, Itaú Corpbanca con $670 millones, y Santander Factoring con $434 millones. A BancoEstado la inmobiliaria adeudaba poco más de $200 millones, según el reporte de deudas de la reorganización.

Según el plan de reorganización modificado el 25 de junio de 2024 y el 25 de septiembre de 2024, el pago de las cuotas a los acreedores valistas comenzó en diciembre de 2023, con una cuota de 2.500 UF, y finalizó en julio de 2029, con una cuota de 9.375 UF, distribuidas en un total de 12 cuotas.

Para lograr el acuerdo con sus acreedores, la inmobiliaria detalló las garantías hipotecarias vigentes con la banca. La primera estaba a favor de Itaú Corpbanca sobre una propiedad ubicada en Orrego Luco Nº 43 Lote Nº 7, en Santiago. Esta propiedad estaba a nombre de AFG Ingeniería y Construcción y tenía un valor comercial de UF 40.000. La segunda garantía, también para Itaú Corpbanca, correspondía a una propiedad de Constructora e Inmobiliaria Centro Sur Ltda., inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con un valor comercial de UF 10.500.

Adicionalmente, la inmobiliaria presentó dos garantías hipotecarias para el Banco de Chile. La primera se encontraba inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sobre un inmueble en Avenida Príncipe de Gales Nº 8350, con un valor comercial de UF 33.000. La segunda garantía estaba inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Buin, sobre una propiedad en la comuna de Buin, con un valor comercial de UF 3.000.

Demanda

Según la demanda de BancoEstado, en la reorganización se estableció que, con la venta de los activos inmobiliarios, primero se pagarán los créditos preferentes e hipotecarios. El saldo restante se destinará al pago de los créditos valistas.

El monto de los créditos valistas se fijará en pesos chilenos a la fecha de la junta, es decir, el 26 de octubre de 2022. Estos créditos se pagarían en 12 cuotas semestrales, comenzando en el segundo semestre de 2023, con una tasa de interés mensual del 0,8%.

El pago de los acreedores valistas se hará con el remanente de la venta de los inmuebles. El saldo pendiente se pagará de forma proporcional al monto del crédito reconocido en el acuerdo, según el calendario establecido.

“Al existir un agravamiento del mal estado de los negocios de la empresa deudora que podría producir un perjuicio aún más grave a los acreedores sometidos al presente Acuerdo de Reorganización es evidente que la empresa deudora no puede, ni podrá, cumplir con las obligaciones que contrajo. Es por lo anterior que mi parte ejerce la presente acción de incumplimiento”, sostuvo la acción judicial.

BancoEstado también solicitó la designación de Loreto Ried como liquidadora titular y de Francisco Cuadrado como suplente.

Condiciones

Según la demanda de BancoEstado, se propusieron condiciones especiales para la reorganización de los créditos de los acreedores con garantías Fogape Reactiva o Covid.

La empresa deudora y los acreedores reconocen y aceptan las garantías Fogape Reactiva o Covid que respaldan ciertos créditos.

De acuerdo a la acción judicial, en cuanto a los créditos Fogape, si el plazo de prórroga de la garantía es anterior a la fecha de la última cuota acordada, el vencimiento de los créditos Fogape coincidirá con ese plazo, y la última cuota se ajustará según el capital pendiente hasta esa fecha.

Los intereses devengados desde la mora hasta la resolución de la reorganización deberán ser pagados por la empresa deudora, ya sea con fondos propios o mediante un nuevo crédito para cubrir estos intereses.

Además, las operaciones con garantía estatal no podrán capitalizar intereses. Si no se pagan los intereses devengados o gastos relacionados, la empresa deberá cubrirlos con sus propios recursos o suscribir una nueva operación para cubrir esos pagos.

Según la demanda, el plazo para reprogramar las operaciones con garantías Fogape Reactiva no podrá ser superior a 10 años para empresas con ventas anuales inferiores a UF 100.000, y de 84 meses para aquellas cuyo monto de ventas exceda esa cifra, contados desde el origen de la operación.