El viernes de la semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la citación a declarar de Cecilia Karlezi Solari (60), excontroladora de Clínica Las Condes (CLC) y pareja de Alejandro Gil (78), en el marco de la investigación por la denuncia de querella calumniosa presentada por el exgerente general Fredy Jacial.

La diligencia se da luego de que Gil interpusiera hace cuatro años, en mayo de 2021, una acción penal contra Jacial por presunta administración desleal, en la que acusó al exejecutivo de recibir más pacientes Fonasa de los autorizados por la autoridad durante la pandemia del Covid-19, lo que habría generado un perjuicio millonario a la clínica. Sin embargo, esa causa terminó con el sobreseimiento definitivo de Jacial.

La salida de Cecilia Karlezi de Clínica Las Condes se concretó el 10 de enero, tras la venta de su 55,75% a EuroAmerica e Indisa, en US$ 40 millones. Con esta transacción, las sociedades Inversiones Santa Filomena y Lucec Seis —controladas por Karlezi— dejaron de formar parte del accionariado de la clínica, marcando así el cierre de una etapa.

La acción de Jacial contra Gil comenzó en mayo de 2022: asesorado por la abogada Trinidad Luengo, el ex gerente presentó una denuncia por querella calumniosa, investigación que sigue en curso en la Fiscalía. En ese marco, Karlezi deberá declarar el próximo 22 de octubre ante la Fiscalía Local de Las Condes, a solicitud de la defensa del exejecutivo.

Por estos hechos, en agosto de 2024 Alejandro Gil fue formalizado. En la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por su defensa.

“Decir de esta manera que Jacial administró de manera desleal porque aceptó pacientes Fonasa y más allá de lo que la clínica entendía como máximo, que eran 64, no es algo que se pueda sostener como veraz, porque no había límite para ello y CLC no podía negarse en virtud del estado de excepción constitucional y las instrucciones de la autoridad sanitaria”, señaló en aquella audiencia la magistrada Carolina Herrera.

La defensa de Gil, encabezada por Álvaro Jofré, alegó que el caso constituye una “investigación personal y dirigida” y pidió el sobreseimiento total de su cliente. Jofré defendió la decisión de interponer la querella contra Jacial, asegurando que fue respaldada por ingenieros y abogados, y que omitirla habría contravenido la normativa de sociedades anónimas, supervisada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En dicha ocasión, el abogado subrayó que “la sentencia de sobreseimiento de Fredy Jacial no resolvió que los hechos fueran falsos”, y recalcó que Gil y el directorio de CLC actuaron siguiendo recomendaciones de expertos legales. Añadió que el tipo penal exige dolo directo, lo que no existió, dado que la querella fue un acuerdo formal del directorio de la clínica conforme a la Ley Nº 18.046. Según Jofré, al menos cuatro abogados visaron la presentación de la acción judicial contra Jacial.

En la audiencia de formalización de Gil, el tribunal decretó el sobreseimiento de Jerónimo García, exgerente general de CLC, quien también había sido querellado por Jacial. García contó con la asesoría del abogado Jorge Ponce.

Por su parte, el abogado Gabriel Zaliasnik representó a Marcelo Sanfeliú (abogado que los patrocinó la querella calumniosa que denuncia Jacial) y fue citado a declarar en fiscalía en calidad de imputado, pero a través de un amparo su defensa logró dejar la citación sin efecto.

Audiencia

A inicios de agosto, la fiscal adjunta de Las Condes, Karin Naranjo, solicitó al tribunal fijar una audiencia para discutir una nueva extensión del plazo investigativo. Según expuso la Fiscalía, aún existen diligencias pendientes que no se han podido concretar por causas ajenas al Ministerio Público, lo que —a juicio de la fiscal— justificaría la ampliación solicitada.

Pero ahora, la citación a declarar de Karlezi ocurre en el contexto de una nueva ampliación del plazo de investigación. El 27 de agosto, el tribunal otorgó una prórroga de 90 días para la realización de diversas diligencias, entre ellas la citación de la empresaria.

Sin embargo, la defensa de Alejandro Gil continúa cuestionando el desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. A través de un escrito presentado el 1 de septiembre, el abogado Álvaro Jofré denunció que la indagatoria ha incurrido en actos arbitrarios que vulnerarían derechos fundamentales de su representado, como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En el documento, la defensa subraya que la solicitud de una audiencia de cautela de garantías se enmarca en una investigación que ya suma más de tres años, y en la que recientemente se habría autorizado una diligencia —la citación a declarar— que, a su juicio, no solo sería innecesaria, sino también contraria a derecho.

“Esta diligencia fue solicitada por la parte querellante en la sexta ampliación del plazo de investigación, lo que para la defensa refleja un actuar poco objetivo por parte del Ministerio Público y una falta de racionalidad en las decisiones que se están adoptando”, señaló en el escrito Jofré.