Chile mejoró en su posición en el ranking de libertad económica que anualmente realiza Heritage Foundation en colaboración con Libertad y Desarrollo (LyD) para el caso nacional.

De acuerdo a la medición, el país se situó en la ubicación 17 con un puntaje de 74,3 (1,1 puntos más que hace un año), de entre 176 países analizados. Respecto al registro del año anterior, Chile subió un puesto en el ranking global y aumentó su puntaje general en 1,1. De esta manera, Chile llega a su mejor posición desde 2020.

Heritage Foundation, centro de estudios estadounidense con la misión de “formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional”, considera cuatro categorías en su índice.

Así, de acuerdo al análisis que hace LyD, este resultado estuvo guiado por mejoras en los componentes de Efectividad Judicial, (90,3 puntos); Gasto del gobierno, (78,2 puntos); Salud Fiscal (94,1 puntos); Libertad Monetaria (75,1 puntos).

Mientras que otros componentes como los Derechos de propiedad (69,7 puntos), Libertad de emprendimiento (78,5 puntos) y Libertad laboral ( 56,8 puntos) sufrieron un deterioro.

A nivel latinoamericano, el ranking es liderado por Chile, en la 17° posición (74,3), seguido de Uruguay en el 32° puesto (69,8) y Costa Rica en el 37° lugar (69,1). En tanto, Cuba (175°), Venezuela (174°) y Bolivia (168°) son los países con peor desempeño en la región.

A pesar de las mejoras recientes, Chile aún presenta un nivel de libertad económica inferior al de 15 años atrás, cuando llegamos a situarnos en la 7° posición a nivel global.

Según el economista de LyD, Nicolás Durán, “si bien Chile mantiene su liderazgo regional en libertad económica, el país aún debe recuperar las condiciones institucionales y económicas que hace una década lo ubicaban entre los más libres del mundo”.

A nivel global, el informe señala que, en promedio, de los cuatro pilares de la libertad económica en los que se basa la calificación del Índice, el indicador del Estado de derecho presenta las puntuaciones más bajas en una escala de 0 a 100. “Esto refleja la corrupción sistémica de las instituciones gubernamentales en muchos países. Sin un Estado de derecho sólido, a los empresarios y propietarios de empresas les resulta difícil saber qué esperar al tomar decisiones económicas”.

En cuanto a los impuestos, el máximo promedio para las personas físicas en los países del Índice de 2026 se sitúa en torno al 30%, mientras que para las empresas se sitúa en torno al 25%.

La carga fiscal general promedio, como porcentaje del producto interior bruto (PIB), se sitúa en torno al 20 %. El gasto público sigue promediando más del 30 % del PIB, pero la deuda pública bruta supera ya el 65 %.

Se menciona que los países destacados por su puntuación promedio de eficiencia regulatoria incluyen Singapur, Suiza, Taiwán, Dinamarca y Finlandia. Los países con mayores regulaciones, en orden descendente, son Sierra Leona, Cuba, Zimbabue, Sudán, Venezuela y Corea del Norte.

Por último, se indica que “el hecho de que las políticas de inversión en muchos países se orienten a la promoción de la inversión sectorial en lugar de la apertura general del mercado contribuye a una puntuación global de libertad de inversión de tan solo 53,4 puntos”.

Asimismo, la puntuación global de libertad financiera es la segunda más baja de los tres indicadores de mercados abiertos, con un 48,1. “Lamentablemente, la interferencia gubernamental en el sector financiero se ha generalizado en muchos países”, se enfatiza.