Este martes Clapes UC llevó a cabo un conversatorio que reunió con el director ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas (CPI), Carlos Cruz; la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt; y el presidente de la constructora Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría.

El conversatorio buscó abordar las prioridades de crecimiento y la conectividad del país en materia tanto de Obras Públicas, como de Transporte. La presidenta del gremio de concesionarios, enfatizó en una serie de puntos en los que el sistema de concesiones se podría perfeccionar.

Hutt apuntó a que “el sistema de concesiones ha mostrado ser bastante robusto y es parte de las razones por las cuales el país logra atraer inversión privada de volúmenes bastante grandes (...) me parece que la evolución del sistema no debería ser un cambio radical, sino un perfeccionamiento mirando hacia el futuro”.

En ese sentido, el gremio ha definido 5 ámbitos en los que debería perfeccionarse el sistema de concesiones. Uno de estos, corresponde a tomar medidas en el corto plazo para poder destrabar proyectos e identificar las razones por las cuales los proyectos pueden tomar alrededor de 5 años en iniciar obras desde que la concesión fue adjudicada.

Hutt manifestó la necesidad de que los contratos de concesión cuenten con mecanismos de ajustes, puesto que “no es posible creer que dado el dinamismo actual y dadas las tecnologías de las que disponemos, los contratos se van a mantener igual durante, no sé, 30 años o 20 años”.

Apuntó a que “hay que actualizar también las formas de diseñar los sistemas y en ese sentido creo que es muy importante, por ejemplo, los esquemas de financiamiento puedan también incorporar cambios importantes y modernizarse”. Asimismo, “revisar el equilibrio de riegos. En el tiempo lo que ha pasado es que se han desbalanceado esas distribuciones y muchos de los riesgos del Estado se le han ido transfiriendo al sector privado”.

Por último, la exministra de Transportes y Telecomunicaciones, alertó por el aumento de la competencia internacional para atraer inversiones al sistema de concesiones. “Tenemos que mirar un escenario de competencia más allá del país. Colombia y Perú acaban de cambiar gobierno y que están muy abiertos a la inversión privada, posiblemente bajen las barreras para atraer inversiones y en ese caso Chile tiene que estar muy alerta para que los capitales que están pensando en América Latina sigan llegando para acá”.

“Tenemos esta ventaja de la estabilidad institucional, pero todavía hay mucho más que perfeccionar si es que pensamos en esta mirada de largo plazo”, añadió.

Para Hutt también es necesario atraer más empresas que vengan a competir en las licitaciones. “Un problema es que sean también siempre los mismos. Lo que nosotros quisiéramos es que haya más competencia con más competidores y no más competencia entre los que ya existen”, dijo.

Al respecto, el presidente de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, declaró que “las inversiones públicas tienen un sistema demasiado rígido y demasiado regulado que no toma en cuenta todas esas dimensiones”.

“El Estado tiende a traspasar todos los riesgos a los contratistas mediante contratos poco equitativos que, entre otras carencias, no contemplan mecanismos de resolución de controversia. Cualquier controversia debe resolverse por la vía administrativa y, en caso de no llegar a acuerdo, por la vía judicial. Los plazos para resolver estos problemas por la vía judicial, en promedio, son de 4,3 años. Los contratistas demandaron US$330 millones de dólares. En el 35% de los casos fueron exitosos y recuperaron apenas el 20% de lo que habían reclamado. La verdad que no es muy atractivo trabajar ahí”, dijo.

Echeverría acusó también de competencia desleal entre las empresas locales y las extranjeras. “Las empresas extranjeras acreditan su experiencia mediante certificados emitidos por entidades extranjeras que el Estado no tiene ninguna forma de verificar. No constituyen patrimonio en Chile y, ante el menor problema, abandonan las obras y se retiran del país, dejando como única opción al Estado litigar fuera de Chile, cosa que es bastante difícil”.

Eso sí, destacó que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en un mecanismo de resolución de controversias más justo.

Hutt, también declaró que como gremio trabajarán para que las concesiones puedan ampliarse a otros ámbitos. “Hay algunos que ya están enunciados en lo que presentó el biministro Louis de Grange como infraestructura penitenciaria, por ejemplo, o el pasofronterizo en un plazo más bien corto. Pero un tema que en Chile apremia es mejorar la calidad de la educación. Y hay experiencias, por ejemplo en Brasil, de infraestructura educacional concesionada”.

Por su parte, el ex biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, apuntó a que “no hay posibilidad de pensar en pasar una inversión de US$900 mil millones anuales, que es lo que estamos haciendo actualmente, por mucho que le pongamos esfuerzo por aumentar las licitaciones, si es que no estamos en condiciones de que el Estado esté dispuesto a asumir más riesgo”, declaró.

Cruz explica que “hoy día el gran problema que tenemos es que tenemos techo de riesgo asumido por el Estado y eso tiene que liberarse. Si no hay posibilidades de ampliar el riesgo público para asumir los desafíos que implica una asociación de verdad con el sector privado, creo que va a ser muy difícil aumentar sustantivamente la inversión en infraestructura pública a través de inversión privada. Aumentar el riesgo significa aumentar la disponibilidad a asumir riesgo de tráfico, cambiario, de catástrofe, etc”.

En esta línea, instó a Clapes UC a generar una reflexión respecto a cómo generar condiciones para que el “Ministerio de Hacienda cree posibilidades para aumentar sus condiciones de financiamiento y permitir a través de esta un mayor despliegue privado en infraestructura pública”.