Estos dos últimos años han ingresado a evaluación ambiental tres megaproyectos de hidrógeno verde por US$37 mil millones, los que generarían cerca de 19 mil empleos considerando sus diferentes fases. Las iniciativas de HNH Energy, Total Energies H2 y AES Andes, ubicadas en las regiones de Magallanes y Antofagasta, ponen dos temas centrales sobre la mesa nacional, uno inmediato y otro a largo plazo: qué tan eficaz y veloz puede ser la aprobación ambiental de un proyecto sin desmedro de los territorios, y qué visión tiene Chile a largo plazo en materia de proyectos estratégicos.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que va directo al corazón de la emergente industria del hidrógeno verde. La iniciativa propone un incentivo tributario de US$2.800 millones para empresas que compren a productores locales de hidrógeno verde o derivados, entregando un crédito contra el impuesto de primera categoría.

Justamente, la propuesta integra un marco tributario especial para los productores de este combustible que se establezcan en la Región de Magallanes. Esto a propósito de la coexistencia de al menos tres regímenes tributarios diferentes en la zona, siendo este territorio uno de los más codiciados por los proyectos de hidrógeno dadas sus características naturales.

“Es una muy buena señal”, dice Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) sobre el ingreso de la Ley, organización que en septiembre desarrollará el congreso Hyvolution 2025, donde se discutirán los ejes centrales de este sector.

¿Cómo ven desde la asociación el ingreso del proyecto de ley para fomentar la industria del hidrógeno verde?

Un punto interesante que tiene son los US$2.800 millones en este fondo total, posible de ser asignado para el fomento a la demanda local. Hoy día es muy necesario dar un impulso en las etapas tempranas. Chile tiene el recurso renovable y factores de planta, tanto eólico como solar, que es lo que hace que podamos en el futuro producir en los mercados de hidrógeno y sus derivados de la forma más competitiva posible.

Sin embargo, en la etapa en la que estamos, en que se necesita probar la tecnología, la habilitación de la regulación y de estos nuevos mercados, es indispensable tener un incentivo tributario como lo tienen otros países. Es un instrumento interesante porque a pesar de que es el productor el que va a hacer la producción verde o renovable, es traspasable al que consume, por lo tanto, va directamente asociado a la demanda.

El proyecto dice que la adjudicación será en base a una “subasta de carácter competitivo”, ¿cómo funciona esto?

Hay varias subastas en el mundo que se están realizando, por ejemplo en Europa, Corea o Japón. Hace muy poco se están realizando en India para el amoniaco, las que han sido a precios muy competitivos en comparación con el amoniaco gris. Así, le das a los proyectos un empuje de tener precios más competitivos, de contar con off-takers. Cuando los tienes, uno puede lograr el tan ansiado FID (Decisión Final de Inversión, por sus siglas en inglés).

A nuestro modo de verlo es interesante porque llena una brecha que es importante: la demanda local. También acelera la regulación que se necesita para ese uso doméstico, y al hacerlo, te permite tener un compromiso de compra. Por ejemplo, estas subastas a 10 años genera el encadenamiento completo hasta llegar al FID, que es lo que se necesita hoy en día con los inversionistas.

Estos dos últimos años han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) grandes proyectos de hidrógeno verde con altos niveles de inversión. Considerando los plazos de evaluación ambiental y la magnitud de las iniciativas, ¿cuál es la factibilidad de que vean humo blanco en el largo plazo?

-Sabemos todas las complejidades que tienen parte estos proyectos, desde la observación y desde lo que empieza a surgir. Pero efectivamente tenemos que ser más ágiles en lo que son las tramitaciones de los permisos.

Contamos con la reforma de los permisos sectoriales, que tiene una promesa de bajar entre un 30% y un 70% los tiempos, y nos falta obviamente la Ley 19.300, que ahí también tendríamos ciertas modificaciones para que esto sea más ágil, partiendo por un compromiso temprano.

Si estamos de acuerdo entre la sociedad civil y el territorio, el mundo público y privado en las participaciones tempranas y queremos que los proyectos se desarrollen, tener de alguna forma ese compromiso inicial que puede ir sufriendo algunas modificaciones, pero que finalmente cuenta con que los proyectos sí se van a lograr desarrollar.

¿Les llama la atención el RIGI en Argentina, un programa que incentiva estas grandes inversiones? ¿O más bien precisan cambios regulatorios?

No son excluyentes. Uno podría tender a pensar que hay proyectos que son estratégicos. Chile en eso ha generado un plan de acción. Primero se generó una estrategia de Estado, después se generó un plan de acción público-privado que ha sido un esfuerzo que yo no había visto antes. En el fondo, poder identificar entre el mundo público-privado y la sociedad civil cuáles son parte de esos desafíos.

Por lo tanto, si son estratégicos, yo pensaría que no es que tengan que tener menos exigencias, pero sí que estemos todos alineados en que queremos que estos proyectos resulten.

Brasil también, lo vemos con el proyecto de Arauco, que finalmente fue y generó una inversión de US$4.600 millones, porque donde se va a ubicar el propio Estado federal y la municipalidad ayudan a que el proyecto surja. No con darle más libertad y no tener el cuidado del medio ambiente, sino porque saben que es estratégico y genera empleo, bienestar, mejora de infraestructura y de servicios.

El país puede tener esa visión estratégica y con qué proyectos quiere llegar a implementar sus proyectos estratégicos. Para Chile es evidente que no tenemos ningún combustible fósil, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos carbón y tenemos que ir al desarrollo de la energía renovable y todo lo que esa energía renovable nos pueda traer.

Considerando las señales desde el Gobierno y los diferentes ingresos de proyectos de hidrógeno verde, ¿ve a Chile en buen camino para alcanzar el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050?

Hay una cosa que tenemos que seguir avanzando: los ordenamientos territoriales. Es decir, que tengamos bien construidas las líneas base en los territorios, que tengamos claridad de donde se ubican los proyectos y qué es lo pueden hacer cada uno de estos.

A Chile le falta esa evaluación estratégica ambiental. Ir avanzando en el ordenamiento territorial en las distintas zonas que son críticas donde estos proyectos se tienen que desplegar.

Eso va avanzando, pero tiene que ser mucho más acelerado. Mientras los proyectos se vayan desarrollando y no estén esas líneas bases, bueno… tendremos que ir haciéndolo con la mejor información disponible y que en gran medida la otorga el mundo privado a través de sus proyectos. La tarea que viene es poder agilizar esa cartera de proyectos que además genera crecimiento y empleo en zonas que necesitan esa reactivación.

A grandes rasgos nos interesa mucho que el Gobierno deje lo más habilitada posible esta industria, para que después pueda ser desplegada a toda su capacidad en el gobierno que venga.