Son cerca de las 10 de la mañana y la vereda frente a la Inspección del Trabajo en calle Moneda 723, en pleno centro de Santiago, se transforma de pronto en una oficina comercial al aire libre. La escena se repite casi calcada en las sedes de Providencia, Puente Alto, Ñuñoa y en todas las del país, especialmente a mediados de cada mes, momento en que los trabajadores despedidos suelen acudir a la entidad estatal para reclamar sus indemnizaciones.

La dinámica es veloz. Los cesantes, reconocibles porque casi siempre llegan con una carpeta bajo el brazo, son interceptados antes de cruzar el umbral del servicio público. Quienes los abordan no son funcionarios, aunque a veces lo parezcan. Son “captadores”, una fuerza de venta externa de estudios jurídicos masivos que busca convencer a los trabajadores de no firmar y demandar a su exempleador, con la promesa de conseguir un finiquito mayor.

“Aunque no hemos recibido denuncias formales, como Dirección del Trabajo sabemos de la presencia de estos captadores que intentan ofrecer sus servicios innecesarios a los trabajadores y trabajadoras que acuden a nuestras oficinas. Su presencia ocurre especialmente en los centros de conciliación, puesto que allí se realizan los comparendos en los cuales los trabajadores reciben sus finiquitos, montos de los cuales estos captadores cobran hasta el 20%, con el evidente perjuicio para los trabajadores”, señaló la Dirección del Trabajo (DT) a Pulso.

La situación se ha agudizado este año, impulsada por el crecimiento de los despidos por “necesidades de la empresa”. Solo en octubre se entregaron 43.287 cartas bajo esta causal, acumulando 415.010 en el año. Si se proyecta la cifra al cierre de 2025, todo indica que el año terminará con más de 500.000 trabajadores desvinculados por este motivo, el registro más alto desde la pandemia (2020).

Medio millón

Ese casi medio millón de personas es el principal mercado objetivo de esta fuerza de venta. Aunque en el sector explican que el negocio hoy es mayoritariamente digital -con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok llenas de publicidad pagada-, la captación física se mantiene como fórmula para convencer a un trabajador indeciso.

“¿Hizo reserva de derechos?”, “Si quiere plata de verdad, hay que demandar siempre”, “Nosotros le hacemos el trámite gratis”. Estas son algunas de las frases con las que los captadores buscan judicializar el despido. La oferta es sencilla: cobran contra resultado (cuota litis). Si el caso se pierde, no facturan nada; ni el análisis jurídico, ni la defensa. Pero si ganan, se llevan ese 20% que denuncia la DT, o hasta un 30% “dependiendo de lo que se esté peleando”, explica un vendedor-asesor y exestudiante de derecho en terreno.

Basta darse una vuelta por las Inspecciones del Trabajo los lunes temprano para aquilatar el tamaño del negocio: furgones comerciales adaptados como oficinas móviles, estacionados estratégicamente, exhiben logos y números de WhatsApp en letras gigantes. “¿Fuiste despedido? ¡Contáctanos!”, ponen en una camioneta. “Abogado laboral móvil”, se lee en un vehículo del estudio Stoplegal, cuyas unidades están estacionadas en las afueras de las oficinas fiscales. “Ayuda legal a tu puerta”, promete otro furgón.

La “mina de oro” del litigio laboral

En Antofagasta, donde la actividad minera ofrece sueldos que superan largamente el promedio nacional, la disputa por convencer al trabajador de reclamar su finiquito trabajador es feroz. La situación ha llegado a tal punto que la Dirección del Trabajo debió pedirle el 16 de septiembre pasado a la Municipalidad que le asignara dos estacionamientos exclusivos para vehículos fiscales en el frontis de la Inspección Provincial, con el único fin de mantener despejado el lugar de los “cazadores”. El municipio accedió al requerimiento.

Antofagasta es la zona más rentable para pelear un finiquito. Según los Informes Estadísticos Mensuales de la DT, en lo que va del año se han emitido más de 15 mil cartas de término de contrato en esa región, una masa crítica que asegura un flujo constante de clientes circulando por las oficinas de la entidad.

Lo que atrae a los bufetes no es solo la cantidad, sino el “valor” de los casos nortinos. Datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 del INE confirman que Antofagasta ostenta el ingreso laboral medio más alto del país ($1.056.125 líquidos promedio), casi duplicando a regiones como Ñuble o Maule. Según la Superintendencia de Pensiones, la renta imponible promedio en la zona supera los $1.5 millones mensuales a noviembre de 2025.

“Convencer a un minero despedido en Antofagasta puede ser tres veces más lucrativo que un administrativo del retail en Santiago”, explica un captador desde el norte. La comisión suele cobrarse sobre el total del cheque que recibe el trabajador, aunque debido a la competencia, algunos estudios ya aceptan cobrar solo sobre el incremento obtenido, siempre y cuando la diferencia sea atractiva, eso sí.

Mimetizarse con el Estado

Lo que parece una asesoría oportuna esconde, a veces, prácticas al límite. En su declaración, la DT confirmó que para ganar la confianza de las víctimas, algunos captadores “utilizan indumentaria parecida a la usada por nuestros funcionarios y funcionarias, adosando un logo del tipo gubernamental”.

Esta estrategia de mimetización permite capturar al cliente en un momento de alta vulnerabilidad como el despido. La entidad estatal califica esto como una “práctica indebida y perjudicial”, pero reconoce estar de manos atadas: “Dado que esta captación la realizan en las afueras de nuestras oficinas, en la vía pública, no contamos con atribuciones legales para alejarlos, ni prohibirles permanecer allí” responden a Pulso.

Ante la impotencia fiscalizadora, la DT inició una campaña de información gráfica en sus oficinas, instalando afiches que aclaran que “no es necesario” concurrir con abogado a las audiencias y que el servicio es gratuito. Tampoco pueden recurrir a la fuerza pública, ya que Carabineros solo puede intervenir si se altera el orden o se impide el libre tránsito.

Pulso intentó comunicarse con varios estudios que operan en este nicho. En varias oficinas se defendieron diciendo que no existen denuncias públicas de usuarios, algo que la propia DT reconoce.

Verónica Mesías, socia fundadora de Suprema Defensa, defiende el modelo: “Es un tipo de publicidad. Nunca hemos recibido quejas, sobre todo por las facilidades de pago que ofrecemos. Al ser un trabajo contra resultados, el cliente se asegura una representación más pulcra”, sostiene. La abogada argumenta que esta fórmula responde a una “alta demanda de orientación jurídica”, que actúa además como un “gran descongestionante del aparato público”.

En el mercado explican que el modelo se basa en el volumen. Además, la captación callejera suele priorizar acuerdos rápidos para liberar flujo de caja, lo que a veces coincide con el interés de las empresas por cerrar el conflicto sin desgastarse en juicios largos o más caros.

El auge de este mercado se refleja en tribunales. Según datos del Poder Judicial, durante 2024 en los 26 Juzgados de Letras del Trabajo especializados que hay en Chile y los de Letras comunes que todavía existen se tramitaron un total de 96 mil causas laborales. Según esos mismo datos, el ingreso de estas demandas era de 26.461 en 2009. Así, la cifra se quintuplicó en quince años.

A mediados de octubre, cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley que fortalece los Tribunales Laborales, sostuvo que solo en Santiago los tribunales de letras del trabajo han visto duplicarse los ingresos en la última década, pasando de 20.224 causas en 2014 a 39.743 en 2024.

El finiquito análogo

Las cifras muestran que al final solo 1 de cada 4 trabajadores demanda, pero la persistencia de este mercado se explica también por una barrera tecnológica: el “Finiquito Electrónico” permite una desvinculación rápida vía web en el portal de la DT, pero la normativa actual obliga que el pago de ese finiquito se haga por el total al contado vía Tesorería General de la República o en cuotas sólo si llegó a un acuerdo previo con el trabajador, que debe pasar por la Inspección del Trabajo.

El trabajador puede hacer la reserva de derechos, manifestando su desacuerdo con ciertos conceptos (como despido injustificado o diferencias en indemnizaciones) para reclamarlos judicialmente después. Eso es crucial porque sin la reserva de derechos, no se puede demandar ya que se preserva el plazo legal para impugnar.

Y dado que muchas empresas -especialmente Pyme- carecen de liquidez para pagar al contado, el trabajador se ve obligado a acudir presencialmente a notarías o Inspecciones del Trabajo para firmar el pago diferido. Y es en este trayecto donde aparecen los captadores.

En 2020, en plena pandemia, el gobierno empezó a aplicar el finiquito electrónico. La Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL) se pronunció en contra de la medida por considerar que al facilitar el trámite online, la Dirección del Trabajo promovía la desprotección del trabajador. También un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento ante la Contraloría para que ésta declarara ilegal la implementación de este sistema. AGAL fue contactada para este artículo, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible conseguir su respuesta.

Hoy el sistema opera normalmente. En las DT y los abogados consultados hay coincidencia en que los trabajadores también tienen interés en mejorar sus indemnizaciones, por lo que buscan asesoría online. Eso es un servicio que todos los estudios masivos ofrecen hoy.

“Esta proliferación responde en primer lugar a una estrategia de contacto inmediato en un mercado legal saturado y en segundo lugar, a una necesidad legítima de muchos colegas de generar sustento en un mercado sumamente competitivo. Ahora bien, generalmente es un modelo de captación ejecutado por profesionales con perfiles más junior o equipos de venta que buscan generar volumen de casos rápidamente”, explica Ricardo Donoso, de Defensa del Trabajo, firma que existe desde 2014 y que apostó por un marketing de atracción digital.

Ellos ofrecen la primera reunión gratuita, al igual que el abogado que esta afuera de la DT, “pero nosotros grabamos ese meet y se lo entregamos al cliente junto con un resumen de su caso, nuestras políticas de confidencialidad y un contrato de prestación de servicios claro y transparente a foja cero”, detalla Donoso. El despido dejó de ser un trámite privado para convertirse en materia prima de un mercado secundario de litigiosidad.

El mercado del artículo 161

Si bien la legislación delimita las razones para el término de contrato, las cifras revelan que entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la causal de vencimiento del plazo lideró los finiquitos con un 40,3%. Sin embargo, “Necesidades de la Empresa” es la segunda razón de mayor peso (18,6%) y es la que mueve la aguja financiera, ya que por este motivo se activa el pago de indemnización: años de servicio, aviso previo y vacaciones pendientes.

Es en la validación de esta causal ante tribunales donde se juega la diferencia entre un finiquito estándar y uno que puede mejorar con dineros de un acuerdo extra.

El Código del Trabajo permite a las empresas invocar esta causal por racionalización o cambios en el mercado donde operan, pero muchas compañías la aplican de forma genérica, exponiéndose a demandas por despido injustificado.

Ley Karin: el nuevo motor

Según confirman abogados laboralistas, la entrada en vigencia de la Ley Karin ha actuado como un combustible inesperado para la captación informal. La complejidad de la nueva norma y la saturación de los canales oficiales han creado una “tormenta perfecta”, coinciden varios profesionales.

Verónica Mesías, de Suprema Defensa, dice que al tratarse de procedimientos nuevos, “muchos trabajadores sienten que necesitan asesoría especializada”, lo que ha derivado en que más abogados busquen captar casos en los espacios donde se concentran los consultantes.

Ricardo Donoso coincide en el diagnóstico: “Estamos viviendo un ‘efecto péndulo’: pasamos de una invisibilización del acoso a una explosión de consultas que hoy satura el sistema”. Sin embargo, advierte que la ley Karin es un avance que requiere equilibrio técnico y que la masividad de la captación podría poner en riesgo la calidad de estas defensas sensibles.