A poco más de una semana de ingresado el proyecto de reconstrucción al Congreso, un estudio de Horizontal desmenuza la iniciativa más importante para el gobierno de José Antonio Kast. El texto, elaborado por el investigador Juan José Obach, afirma que el megaproyecto apunta en la dirección correcta y dice que muchas de sus medidas son fundamentales para aumentar el empleo, la inversión y el crecimiento, aunque lanza algunos reparos a medidas específicas.

“El proyecto aumenta la competitividad de nuestro sistema tributario, especialmente al rebajar la tasa de impuesto corporativo, generar un esquema de invariabilidad tributaria y reintegrar el sistema. A esto se añaden medidas que apuntan a agilizar y dar más certeza a la tramitación de proyectos de inversión, como fortalecer la rectoría técnica del SEA, instaurar un régimen voluntario abreviado de evaluación ambiental o reembolsos por anulación judicial de una RCA”, concluye el estudio del tink thank ligado a la centro derecha liberal.

Pero más adelante la investigación repara en que estos efectos están condicionados a que se mitiguen los riesgos fiscales. Asegura que la sustentabilidad fiscal del proyecto descansa en ingresos esperados futuros, que por su naturaleza son inciertos, tanto en su monto como en su plazo de materialización. Bajo un escenario que incorpora el impacto en crecimiento de las medidas, se estima que el proyecto es deficitario fiscalmente hasta 2031 (déficit promedio de -0,22% del PIB), consigna el estudio del centro de pensamiento.

“Dado que el proyecto es muy valioso y necesario para salir del estancamiento económico actual, es deseable que su sostenibilidad fiscal esté garantizada. Por el contrario, si dicha sostenibilidad está en entredicho, existe el riesgo que los agentes económicos perciban que sus medidas tributarias puedan ser retrotraídas en el futuro, quedando así comprometido el propio poder reactivador del proyecto”, concluye.

El estudio va más allá y afirma que para que el proyecto genere un respaldo político amplio, logre materializar los efectos esperados en empleo, inversión y crecimiento y no debilite aún más la posición fiscal del país, se deben fortalecer las estimaciones y supuestos detrás de los efectos en recaudación de sus medidas.

“Una alternativa es modelar distintos escenarios de recaudación futura. Junto con esto, recomendamos complementar el plan con un paquete de medidas concretas de reducción de gasto fiscal (partidas ineficientes, programas mal evaluados, etc.) y con un aumento de ingresos efectivos, como la revisión del impuesto al diésel o la eliminación de la renta presunta”, precisa el texto del think tank cercano a la derecha más liberal.

“Este es un proyecto valioso y necesario, pero su sustentabilidad fiscal descansa casi por completo en ingresos futuros inciertos, tanto en monto como en plazo de materialización. La sobreestimación de ingresos ha sido un error repetido en los últimos 15 años y explica en parte el déficit fiscal crónico que arrastramos. No podemos seguir cometiendo el mismo error. En esta materia, cabe operar bajo una lógica prudencial y modelar distintos escenarios de recaudación durante la tramitación legislativa”, añade el investigador Juan José Obach.

Las medidas en la mira

Al entrar a los detalles de las medidas, el estudio reafirma que las principales medidas del proyecto -rebaja a 23% del impuesto corporativo y la agilización de los procesos de tramitación ambiental- están correctamente orientadas a aumentar la capacidad de crecimiento de largo plazo del país.

Destaca también que la medida de reintegración del sistema tributario como positiva, ya que eliminaría dos distorsiones. “Primero, restablece el sano principio de equidad horizontal, es decir, las rentas del mismo nivel deben tener la misma carga tributaria, independiente de su fuente (capital o trabajo). Segundo, se termina con la diferencia entre régimen pyme (integrado) y general (semi-integrado) que, en el margen, desincentiva el crecimiento de las empresas”, añade.

Destaca, asimismo, el grueso de las medidas ligadas a enfrentar la “permisología”, pero muestra sus dudas sobre la efectividad del reembolso por anulación judicial de la RCA (como medida para adelantar el inicio de construcción), dado que apenas el 0,3% de los proyectos con RCA aprobada se anula judicialmente.

En el caso de la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, dado su bajo o nulo impacto en la productividad de trabajadores, su supresión apunta en la dirección correcta, consigna el estudio. “Sin embargo, los desafíos en productividad y formación de capital humano son grandes, por lo que lo más prudente sería reformar esta política o diseñar un nuevo programa”, precisa.

Sobre el diseño del crédito tributario para la protección del empleo formal, el estudio consiga que éste “puede no ser el óptimo”.

“El argumento de que los trabajadores ya contratados enfrentan riesgo de despido es correcto, pero es impreciso suponer que el 100% está bajo esa posibilidad. Al aplicarse sobre todo el stock de trabajadores con salarios mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($545.000 y $840.000), el Estado terminará gastando recursos en empleos que no están en riesgo de desvinculación. Así, la medida sería más costo-efectiva si focalizara su apoyo a las contrataciones y al subgrupo de empleados que efectivamente estén en riesgo de perder su trabajo”, afirma.

“Dado el alto costo de esta medida (US$1.400 millones), se requiere un análisis más profundo durante la discusión legislativa sobre el diseño y evaluar instrumentos alternativos para incentivar el empleo formal”, concluye.