El proyecto que reformula el sistema de financiamiento para la educación superior pasando del CAE al FES retomó su discusión en la Comisión de Educación del Senado. Y en esta instancia el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizó una presentación sobre los riesgos fiscales que tiene este nuevo mecanismo y reiteró en que debe considerarse como gasto fiscal y no un activo, es decir, tiene implicancias en el balance fiscal estructural.

En la presentación, la presidenta del CFA, Paula Benavides, quien estuvo acompañada del vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, afirmó que, a diferencia de lo planteado por el Ejecutivo en sus informes financieros, el Consejo observa que el actual diseño del FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.

“Los desembolsos de este debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea, es decir, con efecto patrimonial”, añadiendo que “el FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del fisco, o un pasivo financiero de los usuarios”.

De esta manera, Benavides plantea que tendrá efectos relevantes en el déficit fiscal, ya que se ampliaría.

Además, en su presentación, Benavides insistió en la existencia de riesgos relevantes para el resultado fiscal del proyecto y advirtió que las proyecciones incluidas en los informes financieros podrían variar si alguno de ellos se materializa. “Ciertos riesgos podrían reducir las contribuciones esperadas del FES o bien las entradas de recursos asociadas al plan de condonación bajo la línea, mientras que otros podrían implicar un mayor gasto”, alertó.

Entre ellos, mencionó los siguientes riesgos: 1) mayor composición de estudiantes que no contribuyan, o bien, que contribuyan con montos bajos; 2) subestimación de los desembolsos asociados a aranceles regulados, detallando que el mayor crecimiento real de los aranceles regulados elevaría de forma permanente el gasto del FES, generando un costo fiscal adicional de largo plazo; y 3) otros riesgos vinculados a que tanto los ingresos del FES como algunos gastos contabilizados sobre la línea están expuestos a incertidumbre.

Benavides destacó que el CFA solicitó a Dipres simulaciones respecto de distintos escenarios de riesgo, pero que solo algunos fueron desarrollados conforme a lo requerido. “En este contexto, el Consejo subraya que la incorporación sistemática de ejercicios de sensibilidad o de estrés, permitiría anticipar posibles desviaciones respecto del resultado fiscal proyectado y fortalecer la capacidad de mitigación ante riesgos de sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo. También destacó la conveniencia de que los informes financieros de los proyectos de ley de mayor relevancia fiscal consideren horizontes de análisis más extensos para evaluar adecuadamente sus efectos fiscales de largo plazo.

En esa línea, la presidenta del CFA señaló que, considerado aisladamente, el mecanismo propio del FES presenta un efecto fiscal deficitario: “El ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez es negativo en $358.500 millones de pesos de 2025 (0,09% del PIB)”. Y añadió que, “en un horizonte de proyección más largo, de 74 años, el ahorro neto promedio anual del mecanismo propio del FES sería negativo en $118.391 millones de pesos de 2025 (0,03% del PIB)”.