La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su aporte de antecedentes en el marco de la licitación de transición del Terminal N°2 del puerto de Valparaíso solicitada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).

El objetivo de este procedimiento es asegurar que el proceso licitatorio y la futura operación del terminal se desarrollen en condiciones que promuevan y protejan la libre competencia en la región.

Siguiendo los lineamientos del TDLC y lo señalado previamente por la FNE en su aporte de antecedentes sobre la futura licitación conjunta del Puerto de Valparaíso el informe elaborado por la División Antimonopolios de la FNE propone un conjunto de medidas estructurales para mitigar riesgos de una integración horizontal y vertical que consideran la naturaleza transitoria y de corto plazo de la licitación, junto con el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir e identificar conductas anticompetitivas.

En el documento, la FNE enfatiza en que, dada la importancia estratégica del Terminal N°2 para carga no contenedorizada y algunos importadores y exportadores especializados, es fundamental evitar riesgos de concentración. Al respecto señala que “el modelo de adjudicación propuesto por EPV (dos cajas) constituye una excepción al principio general de prohibición absoluta de integración horizontal, el cual debe mantenerse como criterio rector en licitaciones portuarias”.

Terminal clave

El Terminal N°2 es considerado clave para el sistema portuario regional. Actualmente concentra más del 80% de la carga fraccionada que se moviliza en la Región de Valparaíso, segmento en el que existe poca oferta alternativa. Además, es el principal punto de transferencia de productos de acero y fierro, que representan más del 75% de su carga anual, y cumple un rol relevante en la atención de cruceros y de exportaciones hortofrutícolas.

El informe de la FNE también da cuenta de que, durante la temporada alta de turismo y exportaciones, el sistema portuario regional puede enfrentar escenarios de congestión, situación que refuerza la importancia de que el Terminal N°2 funcione en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio.

En materia de integración vertical, la FNE señaló que “es preferible un estándar más estricto, asociado a la capacidad de control e influencia decisiva en la concesionaria”. No obstante reconoció que, debido al carácter transitorio de la concesión, resulta razonable mantener el umbral de participación del 60% previsto en las bases de licitación, siempre que EPV justifique de mejor manera su aplicación, especialmente respecto de la carga fraccionada, para la cual, sostuvo, existen escasas alternativas competitivas.

Recomendaciones

El informe explica que las recomendaciones entregadas al TDLC “buscan garantizar condiciones equitativas de acceso al terminal y proteger la libre competencia en un segmento portuario esencial para la economía regional”.

Algunas de ellas son: Revisar la definición de “incumbente”, de modo que se determine al inicio de la operación del nuevo concesionario; Fortalecer los mecanismos de fiscalización de EPV y exigir metodologías claras para verificar el cumplimiento del límite de integración vertical y de los resguardos conductuales.

Además plantea perfeccionar las bases de licitación (BALI), eliminando parámetros indeterminados y precisando los criterios de adjudicación, como el Índice Tarifario.

La ley exige un informe previo del TDLC para adjudicar concesiones de hasta 30 años bajo un esquema monooperador cuando no existen frentes en los puertos o terminales estatales de la región capaces de atender la nave de diseño del terminal que sean operados bajo un esquema multioperador.