FoodCorp Chile, matriz del grupo noruego Austevoll Seafood, anunció que interpondrá una demanda contra el Estado de Chile por los efectos de la Ley de Fraccionamiento pesquero.

La firma con presencia en la Región del Biobío estima que la legislación aprobada por el Congreso durante la administración del Presidente Gabriel Boric genera “graves efectos patrimoniales y económicos producto de la disminución de sus cuotas de pesca y el término anticipado de las asignaciones vigentes hasta 2032″.

La iniciativa en cuestión, promulgada por mediados del año pasado y que comenzó a desarrollar su implementación este año, establece nuevas cuotas de pesca entre el sector industrial y artesanal. Desde el Ejecutivo se impulsó la medida bajo la justificación de entregar mayor “equidad”.

FoodCorp, que se dedica a la extracción de productos del mar para el consumo humano, directo como indirecto (harina y aceite de pescado, conserva y congelado de pescado y calamar gigante), respalda su actuar con base en un “análisis jurídico y legal de los efectos e impactos de la Ley de Fraccionamiento impulsada por la administración saliente”.

Por su parte, en un comunicado, Andrés Daroch Coello, CEO de FoodCorp Chile, explicó que la acción legal ha sido liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y tiene un fondo técnico similar a las demandas que han interpuesto compañías como Camanchaca, Landes y Blumar.

“Nuestro sector tiene la convicción de que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, comentó.

La firma estima que las cuotas entregadas en el pasado son asimilables a concesiones, “que en el caso del sector pesquero chileno fueron asignadas por 20 años en 2012, renovables”.

“El Estado de Chile con la Ley de Fraccionamiento desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían hecho inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena. En nuestro caso, la pérdida la estimamos sobre los US$100 millones, monto que esperamos recuperar al término de este juicio”, agregó el CEO de FoodCorp.

Otra de las críticas es que, según su análisis, “la Ley de Fraccionamiento incorporó un impuesto exclusivo para la Región del Biobío por concepto de compra de cuota internacional de jurel, algo que desde FoodCorp advirtieron en su momento, generaría mayor estrechez operacional y encarecimiento significativo de costos”.

“El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y de desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó Andrés Daroch Coello, CEO de FoodCorp.

La firma espera ingresar la acción judicial ante tribunales “en las próximas semanas”.